Los Cabos

CUBA

El panorama del periodismo en Cuba continúa marcado por acontecimientos cada vez más deplorables contra el ejercicio libre de la profesión, los valores democráticos y la dignidad humana.
Tras la oleada represiva que hace un año dejó 28 periodistas independientes condenados a entre 14 y 27 años de prisión, confinados a cárceles de alta seguridad, y alejados cientos de kilómetros de sus hogares y familias, parecía imposible un peor escenario para el caso cubano. Sin embargo, el gobierno de Fidel Castro se resiste a todo pronóstico de cordura: periodistas presos y sus familiares, y quienes aún tratan de cumplir su misión informativa o acceder a tecnologías de comunicación desafiando el control estatal, han podido comprobar en estos meses que las reservas represivas del régimen son tan desgarradoras como ilimitadas.
El único paso de avance en el período fue la liberación del periodista Bernardo Arévalo Padrón, el 13 de noviembre. Arévalo Padrón, fundador de la desaparecida agencia Línea Sur, en la provincia de Cienfuegos, cumplió hasta el último día una sanción de seis años de prisión y trabajos forzados, acusado de desacato a la figura del presidente Fidel Castro y del vicepresidente Carlos Lage en 1997.
Aún así, Cuba conserva amplia primacía como la mayor cárcel de periodistas del mundo, duplicando las cifras de detenidos de sus más cercanos competidores en este infame rubro: Birmania (15), Eritrea (14) y Nepal (13).
Sordo ante los reclamos internacionales de jefes de Estado y gobierno, partidos políticos, y organizaciones humanitarias, profesionales y religiosas, el régimen cubano mantiene actualmente encarcelados a 32 periodistas en condiciones precarias, con pésima alimentación y deficiente atención médica, sometiéndolos a aislamientos, prohibiciones de visitas y severos castigos cuando optan por ayunar o no cumplir los reglamentos carcelarios en protesta por los maltratos recibidos.
Tres de los arrestados se encuentran en espera de juicio por más de dos años, en abierta violación de sus derechos procesales:
• Carlos Alberto Domínguez (Agencia Cuba Verdad). Encarcelado en la Prisión de Valle Grande, La Habana, desde el 23 de febrero del 2002.
• Léster Téllez Castro (Agencia de Prensa Libre Avileña). Encarcelado en la Prisión de Canaleta, Ciego de Ávila, desde el 4 de marzo del 2002.
• Carlos Brizuela Yera (Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey). Encarcelado en la Prisión Provincial de Holguín desde el 4 de marzo del 2002.
Muchos de ellos comparten celda con presos comunes de alta peligrosidad o enfermos mentales, quienes son frecuentemente usados por los carceleros para hostigarlos.
No solamente han sido desestimados todos los recursos de casación interpuestos ante el Tribunal Supremo Popular, sino también una petición de familiares al Consejo de Estado de la República de Cuba para la excarcelación excepcional de presos políticos por razones humanitarias, sustentado en el Decreto-Ley 62 de 1987. Las autoridades han mantenido estricto silencio sobre esa solicitud de licencias extra penales, que incluye a varios periodistas enfermos y de avanzada edad, a pesar que la legislación vigente establece un plazo de 60 días para dar una respuesta.
Seis de ellos se encuentran actualmente hospitalizados en salas médicas de los centros penitenciarios o en hospitales provinciales.
El caso de mayor gravedad entre los periodistas enfermos en prisión continúa siendo Oscar Espinosa Chepe, de 63 años, a quien médicos del Hospital Militar de La Habana diagnosticaron tumores cancerosos el pasado mes. El diagnóstico le fue transmitido al reo tras practicarle dos pruebas de tomografía axial computarizada. Sus familiares han denunciado los métodos de tortura física y psicológica a que está sometido Espinosa Chepe, quien padece de cirrosis hepática, pólipos en el colon, hipertensión arterial y sinusitis. El prisionero -condenado a 20 años- permanece incomunicado en una celda del hospital, donde no existen las condiciones mínimas para un enfermo grave.
Otro prisionero con serias afecciones de salud es Carmelo Díaz Fernández, de 66 años, el periodista de mayor edad entre los confinados, afectado de problemas cardiovasculares. Después de permanecer por seis meses con hipertensión y trastornos circulatorios, las autoridades accedieron a realizarle un examen cardiológico, que arrojó una anomalía en el ventrículo izquierdo, con pronóstico de intervención quirúrgica. Díaz estaba en la prisión de Guanajay y se encuentra ahora en el hospital del Combinado del Este, en La Habana.
Edel José García, de 58 años, sin visión en el ojo izquierdo y con lesiones en el derecho, además de trastornos psiquiátricos, tuvo que ser operado de urgencia el 20 de noviembre tras una crisis de hemorroides. García ha sido trasladado de la Prisión Provincial de Santiago de Cuba al hospital del Combinado del Este.
Además, entre los enfermos figuran Raúl Rivero, con hipertensión arterial y problemas hepáticos y circulatorios; Jorge Olivera, con hernia hiatal y graves trastornos digestivos (hospitalizado); Julio César Gálvez, cálculos de vesícula e hipertensión (hospitalizado); Jorge Luis García Paneque, con trastornos psiquiátricos (hospitalizado); Miguel Galván Gutiérrez, discapacitado físico, con problemas hepáticos y estomacales; Normando Hernández González, con hipertensión arterial; Ricardo González Alfonso, con adenopatía y un quiste en la garganta, pendiente de operación; Víctor Rolando Arroyo, con trastornos hepáticos; y Carlos Brizuela Yera, con problemas gástricos.
Las inhumanas condiciones de encarcelamiento y la falta de atención médica continúan motivando manifestaciones de protesta e insubordinación entre los prisioneros. En la mayoría de los casos, las represalias de los carceleros han sido violentas, según testimonios obtenidos por sus familiares.
El 18 de octubre los periodistas Iván Hernández Carrillo, Mario Enrique Mayo y Adolfo Fernández Saínz, junto a otros cuatro prisioneros de conciencia confinados en la Prisión Provincial de Holguín, protagonizaron una huelga de hambre para demandar atención médica y mejor alimentación. La protesta se prolongó por casi 20 días y movilizó incluso a esposas y madres, que viajaron desde otras provincias para interesarse por la suerte de sus familiares. En represalia por su comportamiento, Mayo fue separado del grupo y enviado a la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
El 6 de diciembre Adolfo Fernández Saínz fue brutalmente golpeado por un preso común que desempeña responsabilidades internas. El periodista protestó por un atropello que se cometía con otro preso común de su celda y fue advertido de que no podía hacer ninguna reclamación, porque allí no estaba permitido. Al insistir, fue golpeado hasta perder el conocimiento, lo que obligó a los carceleros a trasladarlo a la enfermería para curarle las lesiones causadas en un ojo. El agresor no fue requerido por este acto injustificado de violencia.
Al cierre de este informe, Hernández Carrillo y Fernández Saínz mantenían otra huelga de hambre, iniciada el 25 de febrero, para protestar por las condiciones del internamiento y las agresiones que reciben por parte de carceleros y presos comunes.
El 8 de diciembre, Ricardo González Alfonso inició una huelga de hambre en la Prisión Kilo 8, en Camagüey, en protesta por ser enviado a celdas junto a prisioneros comunes peligrosos, entre ellos individuos condenados por homicidio. Como castigo por su indisciplina, fue trasladado el 14 de diciembre a la celda semi tapiada, con escasa luminosidad.
A una celda de castigo en la Prisión Kilo 5 ½, en Pinar del Río, fue destinado también en diciembre Normando Hernández González, por negarse a vestir el uniforme penitenciario. La celda la compartió con prisioneros comunes de alta peligrosidad, estrategia seguida por las autoridades para atemorizarlo y desestabilizarlo emocionalmente.
El 31 de diciembre, Víctor Rolando Arroyo fue golpeado salvajemente por tres carceleros en la Prisión Provincial de Guantánamo. Arroyo fue sacado del destacamento 4B y llevado por la fuerza a una habitación, donde fue atropellado por los tres militares. La golpiza fue en represalia a las reiteradas protestas del reo, inconforme por su ubicación en un destacamento carcelario donde conviven hacinados 235 presos comunes en deplorables condiciones higiénicas.
En las últimas semanas, algunos familiares han reportado un relativo cambio de actitud hacia los prisioneros de la llamada “Primavera de Cuba”. Desde mediados de febrero algunos han comenzado a ser trasladados a cárceles más cercanas a sus hogares y a varios de ellos se les están practicando exámenes médicos. También en ciertos casos, se les ha aumentado la frecuencia de visitas y la comunicación telefónica, así como el volumen de alimentos, medicinas y artículos de aseo personal permitidos (“jabas familiares”).
Más que un paso de sentido común ante el deterioro físico y espiritual de los confinados, la movida oficial parece estar destinada a calmar las crecientes peticiones de amnistía y las críticas internacionales por el trato a los prisioneros de conciencia, en vísperas de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Mientras, la embestida oficial contra una treintena de representantes de la prensa independiente que se mantienen activos en todo el país ha sido implacable durante el último semestre. Valiéndose de amenazas, registros de domicilios, retenciones temporales, interrupciones telefónicas e incluso de agresiones violentas en plena calle, el aparato policial está empeñado en liquidar los focos de creatividad profesional libre que sobreviven en municipios y ciudades.
A pesar de que las principales agencias noticiosas fueron desarticuladas y sus directores y promotores encarcelados durante la ola represiva del pasado año, el trabajo de los profesionales independientes dentro de la isla se sostiene gracias a los esfuerzos individuales de personas que envían sus reportes a Radio Martí, Cubanet y Nueva Prensa Cubana, en Miami.
Ante la imposibilidad de publicar revistas y boletines alternativos dentro de la isla, Cubanet inició el pasado octubre la publicación de una revista bimestral de 48 páginas, con textos de periodistas independientes. La revista ha editado ya cuatro números. Cubanet ha enviado mil ejemplares de cada uno para su distribución y circulación en Cuba.

Por otra parte, periodistas independientes exiliados forzosamente, crearon en diciembre en Miami el semanario digital A Fondo (www.semanarioafondo.com), con el fin de promover un periodismo investigativo, veraz y esclarecedor, sobre la realidad cubana.
Golpeada, perseguida y sin el dinamismo alcanzado en los años precedentes, la prensa independiente se ha mantenido contra viento y marea, con el impulso decisivo de las mujeres incorporadas al movimiento. El desempeño femenino ha sido un pilar en esta hora difícil, desde la joven Saily Navarro, de 18 años, quien comenzó a transmitir informes tras el arresto de su padre el pasado año, hasta Haydée Rodríguez, la más veterana con 76 años.
El caso más notorio de este frente femenino resulta Claudia Márquez, vicepresidenta de la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling e integrante del consejo de redacción de la revista bimestral De Cuba. Desafiando las carencias materiales y las advertencias policiales, Claudia y su colega Tania Quintero -actualmente exiliada en Suiza- lograron poner en circulación, en septiembre, 400 copias artesanales de un tercer número de De Cuba, con testimonios y denuncias sobre los 75 opositores arrestados durante la ola represiva del pasado año.

De Cuba, dirigida por Ricardo González Alfonso y asesorada por Raúl Rivero, había surgido en diciembre del 2002 con el fin de abrir una alternativa de información para los lectores de la isla. La revista fue una de las “pruebas” usadas por la fiscalía en los procesos sumarios contra los periodistas independientes, el pasado abril.
Además de editar De Cuba clandestinamente, Claudia Márquez comenzó a insertar sus punzantes artículos sobre la vida cotidiana y las incongruencias del gobierno cubano en renombradas publicaciones estadounidenses como San Antonio Express-News, Los Angeles Times y The New York Times. Que un artículo suyo haya aparecido en The New York Times (“Free Trade Won’t Free Cuba’’, Noviembre 6, 2003, p.A31) fue sin dudas una auténtica legitimación al periodismo libre dentro de la isla. La reacción de la policía política no se hizo esperar, atacando justamente los “puntos vulnerables” de la periodista de 26 años: su hijo menor, fruto del matrimonio con el disidente Osvaldo Alfonso, quien cumple una condena de 18 años de prisión.

La política de acoso policial suele a veces desembocar en consecuencias fatales. Advertido de que sus labores periodísticas podrían depararle la cárcel, el 7 de diciembre Omar Darío Pérez Hernández, corresponsal de Nueva Prensa en Camagüey, decidió abandonar el país a bordo de una embarcación que salió de la costa de Santa Cruz del Sur con otros cuatro compatriotas. Los cinco pasajeros se hallan desaparecidos hasta el momento.
Otros actos represivos ocurridos en el período son los siguientes:
El 29 de octubre fue arrestado Abel Escobar Ramírez, corresponsal de la agencia CubaPress en la localidad de Morón, Ciego de Ávila. Tras 72 horas de detención, fue liberado con un acta de advertencia y bajo compromiso firmado de que no continuaría sus labores periodísticas.
El 1ro. de noviembre la periodista Adela Soto fue citada por la policía política de Pinar del Río. Se le acusó de preparar una salida ilegal del país y de continuar sus actividades profesionales independientes. También se le prohibió asistir el 22 de febrero a una tertulia literaria en una institución cultural pública de su localidad.

El 26 de noviembre fue interrogada, registrada y amenazada en Camagüey, Maidelín Guerra, esposa del periodista preso Mario Enrique Mayo. Guerra ha sido acosada y en varias ocasiones ha recibido advertencias por seguir ejerciendo el periodismo independiente.
El 10 de diciembre, Jesús Álvarez del Castillo, reportero de CubaPress, fue impedido de visitar a su sobrino en una cárcel de Ciego de Ávila. Las autoridades del penal no le permitieron participar de la visita familiar argumentando sus “actos ilegales con la prensa independiente”.
El 28 de enero, la vivienda del periodista José A. Reiner, en Santiago de Cuba, fue sometida a un registro policial. Se le decomisaron una grabadora y un radio, y fue amenazado con un posible proceso judicial por sus “actividades ilegales” como corresponsal de La Voz de Oriente.
El 16 de febrero, el periodista Carlos Ruiz Otero, de la agencia Havana Press, fue visitado por agentes de Seguridad del Estado en su casa en La Habana y acusado de alertar a la prensa extranjera sobre la realización de una audiencia judicial contra activistas de derechos humanos.
El 20 de febrero, la periodista María Elena Alpízar fue agredida en plena calle en el poblado de Placetas, Villa Clara. Alpízar se encaminaba a reportar una redada policial contra personas de la localidad, cuando un automóvil con agentes policiales la embistió en presencia de testigos. La periodista fue detenida por varias horas y sancionada con una multa de 30 pesos.
El periodista de CubaPress, Urbano Fidel Lorenzo, ha denunciado que las autoridades de Cabaiguán, Sancti Spiritus, interrumpen constantemente el servicio telefónico de su domicilio para obstruir sus transmisiones periodísticas. Similar restricción limita las actividades del periodista Juan Carlos Garcel, radicado en Moa, Holguín.

Los desafueros gubernamentales no sólo afectan a los comunicadores independientes, sino que se ciernen sobre cualquier alternativa de información ciudadana al margen del control oficial. El último cerco tendido por la censura estatal es la resolución 120 del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), con fecha del 31 de diciembre del 2003.
El decreto ministerial constituye otra vuelta de tuerca sobre el ya restringido acceso de los cubanos a la Internet. Según las nuevas reglas, puestas en vigor desde enero, queda prohibido el acceso a la red global a través del sistema telefónico estatal que la mayoría de los ciudadanos ordinarios tienen en sus hogares, y sólo se exceptúa a “aquellos que por necesidad social y con carácter limitado, se autorice por los órganos y organismos de la administración central del Estado e instituciones del país”.
En consecuencia, quedan sin opción centenares de cubanos que lograban acceder a la Internet sin la autorización gubernamental, usando computadoras y cuentas de la red informática prestada o adquirida en el mercado negro a precios de hasta $50 dólares. A partir de ahora, la conexión a la red sólo será posible desde una cuenta telefónica que se abone en dólares o utilizando una tarjeta prepagada en moneda convertible, que se puede adquirir en las oficinas de correo.

La resolución advierte que se usarán medios técnicos para detectar e impedir el acceso a la Internet desde las líneas no autorizadas.
De hecho, un ciudadano cubano no puede contratar una cuenta telefónica en dólares para su domicilio; el servicio sólo está disponible para extranjeros. En las oficinas de correo y la mayoría de cibercafés abiertos en el país, los nacionales pueden enviar y recibir correos electrónicos, y acceder a una Intranet exclusivamente para sitios oficiales cubanos, al estilo impuesto por países como China.

El gobierno afirma que las cuentas electrónicas superan las 480 mil, apenas 98 mil de éstas con acceso a la Internet, cuyo uso ha quedado privilegiado “en el ámbito social”, es decir, en las ramas y organismos estatales. Sólo en lugares muy restringidos puede un cubano común conectarse a la red sin restricciones al prohibitivo precio de $5 dólares la hora, cifra que equivale al 75 por ciento del salario mensual promedio en la isla.

La escalada de prohibiciones se anuncia además contra el “uso del correo electrónico de forma indiscriminada” bajo la forma de buzones gratuitos del tipo Yahoo.com, así como del “chat” internacional para quienes tienen permiso de acceder a la Internet dentro del país. Todos los sitios cubanos en la red estarán obligados a tener sus servidores en la isla.
Esta “batalla de medios técnicos” para regular la navegación en Internet, contrasta con la retórica empleada por La Habana en la reciente Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en Ginebra, donde la representación del régimen cubano abogó por “reducir las diferencias entre países industrializados y del Tercer Mundo en la esfera de la informática y las comunicaciones, incluida la brecha digital” y reclamó como impostergable “un nuevo orden mundial de la información”.

En su afán por desacreditar internacionalmente la disidencia interna, los periodistas oficiales encargados de escribir los libros Los Disidentes y El Camaján, han realizado en los últimos meses varias giras por América Latina y Europa para promover sus versiones de intriga contra figuras del movimiento opositor y el periodismo independiente. Las presentaciones van acompañadas de nuevas tiradas de esos volúmenes, financiadas por el gobierno cubano.
Una de las “atracciones” de la XIII Feria Internacional del Libro de La Habana, celebrada a comienzos de año, fue el relanzamiento de Los Disidentes con la asistencia de Manuel David Orrio, uno de los agentes de la Seguridad del Estado infiltrados en el movimiento de la prensa independiente. El informante devenido estrella del oficialismo, estuvo en la presentación para firmar libros y compartir sus “experiencias” de delación con el público asistente.

questions or comments? e-mail us
Copyright © 2000 Inter American Press Association. All rights reserved.