Taricani, periodista investigativo del canal de televisión WJAR, afiliado a la cadena NBC en la ciudad de Providence, estado de Rhode Island, fue citado a una audiencia el 18 de noviembre, donde el juez de distrito, Ernest Torres, lo declaró culpable por desacato al negarse a identificar a quien le entregó un video de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que muestra a un político local aceptando un soborno. La sentencia de seis meses de arresto domiciliario fue dictada el pasado 9 de diciembre.

“Denunciamos nuevamente que este tipo de decisiones judiciales, en las que se obliga a los periodistas a escoger entre cumplir una condena y proteger la confidencialidad de las fuentes, afecta el libre flujo informativo”, dijo Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

La SIP ya había advertido en agosto pasado sobre los riesgos para la libertad de prensa que representan las medidas judiciales en Estados Unidos en contra del secreto profesional periodístico, refiriéndose también a los casos de los periodistas de Matthew Cooper, de la revista Time; Walter Pincus, de The Washington Post; Judith Miller, James Risen y Jeff Perth, de The New York Times; H. Josef Hebert, de la Associated Press; Robert Drogin, de Los Angeles Times, y Pierre Thomas, de la cadena de televisión ABC.

Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, se refirió también a una resolución aprobada durante la asamblea general de la organización, celebrada en octubre pasado en Guatemala, que resolvió “pedir que se respete el derecho del público a saber y a recibir información, así como el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes, salvaguardando la confidencialidad de las mismas, según lo establecido en los tratados internacionales de los cuales Estados Unidos es signatario”. En la oportunidad, se exhortó “a las autoridades norteamericanas a abstenerse de utilizar a los medios como un brazo ampliado para hacer cumplir la ley, obligándolos a revelar información privilegiada, evitando así el “efecto intimidatorio” en detrimento de la libertad de prensa, garantizada por la Primera Enmienda”.