Miami (13 de julio del 2005).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró
su preocupación por la reciente aprobación del congreso peruano
de una ley sobre inteligencia nacional que contradice la legislación sobre
derecho a la información que rige en ese país desde el 2002.
La SIP respaldó la posición del Consejo de la Prensa Peruana
(CPP) al considerar que la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y
de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), aprobada por el congreso
peruano el 23 de junio y que debe ser promulgada por el presidente Alejandro
Toledo, contiene aspectos que representan un retroceso del derecho ciudadano
a la información pública.
La nueva legislación, entre otros aspectos, amplía la excepción
de seguridad nacional que establece la ley general de acceso a la información
pública y aumenta de cinco a 10 años el plazo para acceder a información
confidencial, a 15 años la información reservada y a 20 años
la información secreta. Asimismo permite al Consejo Nacional de Inteligencia
Nacional (COIN), a la DINI y a los ministerios de Defensa y del Interior y de
la Dirección General de Asuntos de Seguridad y Defensa del Ministerio
de Relaciones Exteriores, establecer sus propias reglas para clasificación
y desclasificación de documentos.
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa
e Información de la SIP, expresó que "coincidimos con el
Consejo en que la ley, lejos de aportar a la transparencia pone trabas para
poder acceder a la información de interés público de manera
expedita y limita la vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (No. 27806), cuya aprobación en el 2002 sirvió
de antecedente para que se dictaran leyes similares en otros países latinoamericanos".
Por su parte el presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada, director
del diario peruano El Comercio, expresó "que si bien la seguridad
nacional es una de las excepciones al acceso público en toda legislación,
el hecho de que la nueva ley extiende los plazos y las categorías para
acceder a información clasificada, "se restringen y debilitan los
derechos y garantías alcanzados en el 2002 en materia general de transparencia
y acceso.
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, agregó
que "las leyes de inteligencia son una contradicción al derecho
del público a la información y confiamos en que el presidente
Toledo sabrá enmendar la posición del Congreso peruano".
