Al finalizar la Reunión de Medio Año celebrada el fin de semana en esta ciudad, la SIP subrayó su preocupación por las continuas amenazas, agresiones, intimidaciones y asesinatos a que son sometidos periodistas y medios de comunicación en diversos países de la región.

A continuación el texto íntegro de las Conclusiones:

En los últimos seis meses, la libertad de prensa sufrió un declive preocupante en las Américas manifestado por procesos legales y dictámenes judiciales contra los medios, así como por el aumento de la violencia contra los periodistas.

En Venezuela, el presidente Hugo Chávez y varios de sus ministros continuaron con su actitud hostil hacia los periódicos y periodistas independientes. Radio Caracas Televisión fue clausurada el año pasado y, más recientemente, las amenazas contra Globovisión se han incrementado.

Durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en Caracas del 28 al 30 de marzo, sus miembros participaron en un amplio debate en el cual discutieron diferentes puntos de vista sobre la libertad de prensa en la región. Desafortunadamente, todos los esfuerzos hechos por la SIP para abrir canales de comunicación con el gobierno de Venezuela no rindieron frutos, no sólo en esta reunión sino también en otros intentos y misiones anteriores.

Cinco periodistas fueron asesinados durante este período: tres en México, uno en Argentina y otro en Honduras. Más de 30 fueron atacados en Perú y 32 recibieron amenazas en Colombia. La transferencia de poder en Cuba, de Fidel Castro a su hermano Raúl, no mejoraron el estado de 25 periodistas que permanecen en prisión ni las condiciones adversas en las que trabajan periodistas independientes. La Reunión de Medio Año también manifestó su preocupación por la impunidad que rodea a crímenes contra periodistas, especialmente en Brasil, Colombia, México y Perú, entre otros países.

Paraguay, bajo el gobierno del Presidente Nicanor Duarte Frutos, fue el país en el que se reportó el mayor número de ataques verbales en contra de los medios durante los últimos seis meses. También se observaron ataques para minar la credibilidad de la prensa en Uruguay, Venezuela, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Argentina.

El reciente incremento de empresas mediáticas de propiedad del Estado en la región es una clara muestra de los nuevos esfuerzos desplegados por los diferentes regímenes por controlar la información. En Venezuela, el gobierno ha asumido el control de varias estaciones de radio y televisión. Actualmente hay un monopolio de frecuencias de radio en manos del gobierno de Guyana. En Bolivia, supuestamente respaldada por Venezuela e Irán, el gobierno ha creado cadenas de estaciones de radio y televisión del Estado.

En el aspecto legal, hay mejoras gracias a nuevas leyes que permiten el acceso del público a la información oficial. Nicaragua y Honduras han emitido reglamentos y Chile ha aprobado iniciativas similares. En Guatemala, mediante un decreto presidencial se desclasificó información militar.

En términos de reformas constitucionales, lamentablemente Bolivia insistió en que su nueva Constitución incluya una cláusula exigiendo que toda la información sea veraz y responsable. Por otra parte, Brasil y Ecuador han emprendido iniciativas positivas. En Ecuador, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la colegiación obligatoria de periodistas. En Brasil, un magistrado de la Corte Suprema declaró inconstitucional diversos artículos sobre la ley de prensa.

En el campo judicial, los jueces en Brasil permitieron censura previa contra 16 diarios y un sitio web, bloqueando la distribución de la información. Asimismo, en Brasil varias decenas de querellas fueron interpuestas contra medios de comunicación y periodistas por una iglesia evangélica con la intención de ser indemnizada por daños causados por ciertos informes publicados acerca de sus finanzas y el vandalismo de imágenes religiosas perpetrado por uno de sus seguidores.

En otra situación problemática, los gobiernos de Guyana, Argentina, Uruguay, Nicaragua, México, República Dominicana y Venezuela, discriminaron contra los diarios debido a sus políticas editoriales, castigándolos o recompensándolos mediante la colocación de publicidad oficial. Sin embargo, por primera vez un gobierno provincial en Argentina estableció un procedimiento para la asignación de publicidad oficial sin discriminación, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema.