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ARGENTINA

CONSIDERANDO

que a más de dos años del asesinato de José Luis Cabezas, aún no ha sido iniciado el juicio público de los acusados y que el asesinato en mayo último de otro periodista, Ricardo Gangeme aún no ha sido esclarecido

CONSIDERANDO

que continúa por parte de algunos integrantes del Poder Judicial el dictado de numerosos fallos que por calumnias e injurias condenaron a periodistas críticos de la acción gubernamental

CONSIDERANDO

que los proyectos legislativos que intentan restringir la difusión de las encuestas electorales es atentatorio contra el derecho del público a la libre información

CONSIDERANDO

que la resolución del ministerio de Economía anulando la arbitraria regulación de la distribución de diarios y revistas es compatible con la libertad de comercio

CONSIDERANDO

que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación y la prisión injusta de los periodistas, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa y que estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad

CONSIDERANDO

que el principio 5 rechaza la censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas por cuanto se oponen directamente a la libertad de prensa

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

pedir a las autoridades judiciales que activen el proceso a los acusados del asesinato de José Luis Cabezas y a la Justicia de la provincia de Chubut que profundice las investigaciones en torno al asesinato de Ricardo Gangeme

recomendar al Congreso de la Nación que no dicte leyes que atenten contra la libre difusión de la información como es el caso de la difusión de las encuestas electorales

expresar su conformidad con la decisión del ministerio de Economía de promover la desregulación de la distribución de medios impresos, la cual redunda en un más equitativo flujo de la información.




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