57ª Asamblea General
Washington, DC
12 - 16 de octubre del 2001
ESTADOS UNIDOS
CONSIDERANDO
que en esta época de preocupaciones más intensificadas en torno
a la seguridad, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva
York y Washington, el vigor de Estados Unidos siguen siendo sus principios
democráticos, incluyendo de manera específica una ciudadanía
informada
CONSIDERANDO
que el gobierno nacional y las autoridades estatales y locales, comenzando
por las fuerzas armadas, la policía y las autoridades sanitarias pero
extendiéndose en algunos casos a funcionarios no vinculados a organismos
de seguridad, han impuesto o coaccionado controles sobre la información
que van más allá de las necesidades justificadas de seguridad
CONSIDERANDO
que esos controles limitan una prensa libre que yace en el mismo núcleo
del vigor democrático de la nación, garantizada por la Constitución
y es el camino probado y seguro para mantener una ciudadanía informada
CONSIDERANDO
que varias cadenas nacionales de televisión, a diferencia de la mayoría
de periódicos más importantes del país, accedieron a
los pedidos del gobierno de imponerse una autocensura no sólo en torno
a la comprensiblemente delicada información militar que pudiese poner
en peligro las vidas de soldados aliados, sino también de informaciones
políticas divulgadas por el enemigo y ampliamente accesibles de otras
formas
CONSIDERANDO
que, en un asunto separado, la fiscalía federal de distrito de Nueva
York libró orden judicial para obtener los expedientes de las llamadas
telefónicas del reportero de Associated Press John Solomon, sin notificar
de antemano ni a él ni a la Associated Press
CONSIDERANDO
que esa medida vulneró la práctica establecida por el Departamento
de Justicia, según la cual los fiscales federales deben agotar todas
sus alternativas de investigación antes de buscar una orden judicial
para obtener los expedientes de un periodista y deben dar al periodista la
oportunidad de disputar la orden judicial
CONSIDERANDO
que la escritora independiente Vanessa Leggett ha estado confinada desde el
20 de julio en un centro federal de detención, en Texas, por negarse
a entregar a un Gran Jurado información confidencial que ella recopiló
para un libro que está escribiendo sobre un caso de asesinato, y que
su confinamiento por desacato del tribunal fue ratificado por una comisión
de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito federal
CONSIDERANDO
que Leggett tiene el derecho de acogerse al privilegio calificado reconocido
bajo la Primera Enmienda a la Constitución, la cual ha sido admitida
por tribunales federales como protectora de la confidencialidad de sus fuentes
y de sus materiales, y que los abogados del gobierno no han comprobado que
la información que se cree ella posee es absolutamente necesaria o
no está totalmente no disponible por cualquier otro medio para proseguir
con el juicio del caso de asesinato
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
instar a los gobiernos nacional, estatales y locales en Estados Unidos a abstenerse
de toda coerción de los medios y, dentro de límites estrictamente
definidos de seguridad nacional, ratificar los valores y prácticas
estadounidenses del libre flujo de información y libre expresión,
tanto por parte de los ciudadanos como de los medios
condenar las medidas tomadas por
la fiscalía federal de distrito de Nueva York, en vista del efecto
intimidatorio que está ejerciendo sobre una prensa libre, e insta a
todos los fiscales federales de distrito a ceñirse a los lineamientos
del Departamento de Justicia
condenar la detención de
Vanessa Leggett e instar tanto al pleno de la Corte de Apelaciones del Quinto
Circuito como a la fiscalía federal de distrito en Houston, a reconocer
su privilegio calificado como periodista y a ponerla en libertad.