Reunión de Medio Año Sociedad Interamericana de Prensa Hotel Swissôtel Quito, Ecuador 17 al 20 de Marzo, 2006

CONCLUSIONES

Los periodistas independientes de muchos países de todo el hemisferio continúan enfrentando la violencia, el acoso del gobierno y toda una gama de ataques legales que han limitado su capacidad de ejercer a plenitud sus derechos a la libertad de expresión. Esa es la conclusión a la que llegó la Sociedad Interamericana de Prensa durante su reunión de medio año.

Los ataques contra los medios fueron sumamente violentos en los estados norteños de México, donde en las últimas semanas bandas de narcotraficantes asaltaron descaradamente las oficinas de El Mañana en Nuevo Laredo, disparando metralletas y lanzando una granada que dejó lisiado a un periodista. En otro ataque, Jaime Arturo Olvera Brava, reportero policial del diario La Voz en La Piedad, fue asesinado a tiros mientras caminaba con su hijo a la estación de bus.

Asaltos como éstos han obligado a los periodistas de la región a dejar de cubrir hechos relacionados con las bandas criminales, una autocensura que va en aumento y que se ha convertido en una creciente preocupación en la zona de frontera entre México y Estados Unidos. Se está lanzando el Proyecto Fénix, un programa apoyado por la SIP, para ayudar a los medios de esa región a combatir estos anillos de crimen organizado.

En el resto del hemisferio, en los últimos seis meses han sido asesinados tres periodistas, mientras que uno está desaparecido y supuestamente muerto como resultado directo de su trabajo.

En Venezuela, el presidente Hugo Chávez está siendo cada vez más efectivo en acosar y castigar a los medios independientes a través del uso de una tributación arbitraria, la intimidación con activistas adoctrinados, pandillas y la aplicación de la reciente reforma del Código Penal que tipifica la disidencia como delito. Bajo la Ley de Responsabilidad Social para la Radio y la Televisión se aplican sanciones que confiscan los espacios de transmisión regular de los canales privados de televisión y las emisoras de radio. A esto se suma el uso abusivo por parte del Presidente de los espacios que destina a las “cadenas” de obligatoria transmisión, que a veces llegan a las 40 horas a la semana.

Gran parte del poder judicial de Venezuela ha sido sometido al control del Ejecutivo, haciendo que sea imposible para los medios independientes obtener algún resarcimiento legal por el perjuicio sufrido. Varias asociaciones venezolanas de periodistas, así como organizaciones internacionales tales como Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, han emitido declaraciones formales expresando su preocupación acerca de la erosión de la libertad de expresión en Venezuela.

Cuba sigue siendo la nación más represiva de este hemisferio, con pocas posibilidades de cambiar bajo el régimen de Fidel Castro. Actualmente, 25 periodistas independientes se encuentran en prisión, en condiciones tan deplorables que algunos de ellos han recurrido a la huelga de hambre con la esperanza de atraer la atención. Otro periodista y abogado, Mario Enrique Mayo, fue liberado y cumple ahora arresto domiciliario, sólo después de que usó un cuchillo artesanal para mutilarse en un intento por obtener atención médica. Entre los periodistas cubanos que se encuentran en prisión, por primera vez hay una mujer, Lamasiel Gutiérrez Romero, de 37 años, madre de familia, quien fue llevada a la Prisión de Manto Negro en La Habana por negarse a dejar de trabajar como periodista independiente.

Si bien los medios continúan realizando misiones de servicio público en forma vigorosa, los diarios y periodistas han venido enfrentando toda una serie de acciones directas e indirectas por parte de los gobiernos, políticos y poderosos intereses con el fin de coartarlos.

En Argentina, el presidente Nelson Kirchner ha intensificado su hostilidad contra los medios independientes haciendo uso de acusaciones verbales y del poder del gobierno –subiendo los impuestos a los diarios y empresas mediáticas y dejando de poner publicidad gubernamental en éstos– con la intención de castigarlos por sus críticas. Se han dado ataques similares en Paraguay, Uruguay y, aunque de una manera un tanto más sutil, también en Estados Unidos, donde el gobierno de George W. Bush ha cuestionado los esfuerzos de los medios por obtener información pública y donde los fiscales federales han exigido a los periodistas revelar sus fuentes.

Sigue siendo motivo de preocupación para la SIP el hecho que algunos gobiernos se muestren reacios o incapaces de investigar, juzgar y castigar a quienes han cometido crímenes contra periodistas, entre ellos el secuestro y el asesinato. En Brasil, entre otros casos, se dio por cerrada la investigación policial del asesinato del presentador de televisión Edgar Lopes de Faria porque la policía declaró que carecía de pistas.

Una vez más, el llamado problema de impunidad se nota con mayor severidad en el norte de México, donde las bandas de narcotraficantes han matado, secuestrado y asaltado a periodistas –y policías– sin control alguno. Del mismo modo, los periodistas haitianos han venido soportando un clima de inseguridad como resultado de un sistema de justicia penal que en el mejor de los casos es muy limitado, por no decir inexistente.

Sin embargo, en el lado positivo, el vicepresidente colombiano Francisco Santos anunció el 9 de febrero la creación de una unidad especial federal para racionalizar las investigaciones de amenazas y ataques contra periodistas. Según manifestó, ha habido un incremento de tales acciones en los últimos meses.