61ª Asamblea General The Westin Hotel Indianápolis, Indiana 7 al 11 de octubre de 2005

Enrique Santos
Discurso Comisión de Impunidad ante la 61a Asamblea General
Indianápolis, Indiana
7 al 11 de octubre del 2005


La labor de la comisión contra la impunidad ha sido especialmente intensa y fructífera desde la última reunión en Panamá. La Comisión estuvo involucrada en 18 actividades de marzo a la fecha, que abarcan misiones, conferencias internacionales, seminarios y entrenamiento.

Hemos hecho ocho misiones: seis veces fuimos a México para la revisión de expedientes judiciales por los casos de Víctor Manuel Oropeza y Héctor Félix Miranda; la celebración de un encuentro de editores de la frontera norte y para reuniones con el presidente Vicente Fox, autoridades del Poder Judicial y Legislativo, entre otros.

También visitamos dos ciudades de Perú, Lima y Pucallpa, para dar seguimiento a varios asesinatos contra periodistas.

Este semestre también participamos en cuatro conferencias internacionales sobre crímenes contra periodistas en República Dominicana, Estados Unidos, Inglaterra y Puerto Rico, y como parte de las actividades de la Comisión, celebramos cinco seminarios en Haití, Honduras, México y en Argentina un taller de entrenamiento para periodistas brasileños.

Pero no quiero seguir sin destacar, entre las actividades de la SIP, la misión a Hermosillo, México, del 31 de agosto pasado. Del Encuentro, en el que participaron más de 40 editores y periodistas mexicanos, surgió la Declaración de Hermosillo, documento que unifica posiciones para combatir la impunidad y la violencia contra los periodistas, así como para impulsar reformas constitucionales destinadas a acoger la no prescripción de los crímenes contra periodistas. Un compromiso similar alcanzamos los medios de comunicación en Colombia en 1991 para enfrentar al Cartel de Medellín.

Destacamos la importancia de la Declaración de Hermosillo por la solidaridad que entrañó contra la impunidad en el país, que hoy sufre alarmantes índices contra la prensa. Quiero informar también de que de las reuniones en México con el presidente Fox, autoridades judiciales y legisladores federales, emergió el compromiso gubernamental sobre la creación de mecanismos legales para combatir los crímenes a través de la “federalización”. La voluntad de Fox quedó demostrada en meses pasado cuando permitió que varios casos fueran absorbidos por la Procuraduría Federal de esa nación, tales los casos de Guadalupe García Escamilla, Raúl Giba Guerrero, Francisco Ortiz Franco y Alfredo Jiménez Mota.

El compromiso gubernamental también abarcó la creación de fiscalías especiales para la investigación de crímenes y el análisis legal sobre el agravamiento de penas a los responsables.

En Perú, la Declaración de Hermosillo inspiró una semana después de su redacción, la Declaración de Pucallpa, que al igual que su versión en México, crea un compromiso para condenar los asesinatos, reclamar al Poder Ejecutivo, solicitar perfección de las legislaciones para el procesamiento y condena de los autores intelectuales.

Lo más importante, es que días después de una misión que hicimos a la ciudad de Pucallpa en Perú en conjunto con el Consejo de la Prensa Peruana, dos autores materiales del asesinato que investigábamos del periodista Alberto Rivera, dos de los asesinos materiales que estaban prófugos fueron atrapados y este 7 de octubre fue detenido el supuesto autor intelectual, el alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta.

Por su parte, la Unidad de Respuesta Rápida (URR) ha mantenido su trabajo investigativo a buen ritmo. Se le ha dado seguimiento o se han investigado cinco casos en Brasil, Colombia y México. La URR también ha desempeñado un papel importante como elemento de presión en los países donde han ocurridos los crímenes. Por ejemplo, en el caso de Colombia se logró que el nuevo Fiscal General se comprometiera a revisar, actualizar y agilizar expedientes. En un caso de este país investigado por la URR, el de Nelson Carvajal Carvajal, asesinado en 1998, estaremos participando el próximo 19 de octubre en una reunión de trabajo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington con el gobierno de Colombia para lograr un acuerdo.

En esa oportunidad, también presentaremos a la CIDH un nuevo caso. Se trata de la investigación de la SIP del asesinato de Mário Coelho Jr., asesinado en el 2001en Brasil, país este en el que mediante el trabajo de la URR, hemos obtenido respuesta de las autoridades sobre algunos crímenes que nadie ya investiga.

Sin embargo, debemos lamentar en los últimos seis meses los asesinatos en Brasil de Ricardo Gonzalves Rocha, en Ecuador de Julio Augusto García, en Haití de Robenson Laraque y en México de Jesús Reyes Brambila, Guadalupe García Escamilla, Raúl Gibb Guerrero, así como la desaparición de Alfredo Jiménez Mota. Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y colegas y quiero decirles que nuestra Comisión y la SIP no descansarán hasta que sus casos sean aclarados y los culpables condenados con todo el rigor de la ley.

Pido que los honremos con un minuto de silencio.

El trabajo de presión a las autoridades, dando seguimiento a los casos es fundamental. Es así como hemos constatado que la impunidad tiene escollos insalvables y últimamente chocamos contra uno de ellos: la prescripción de los crímenes, condición legal en la que algunos estados se escudan para no tener mayores responsabilidades y esto sucede a menudo cuando enfrentamos a los autores intelectuales de los asesinatos contra periodistas.

El descubrir a los autores intelectuales ha sido nuestra meta desde que empezamos este proyecto en 1995. En los 290 asesinatos que llevamos contabilizados desde hace 18 años, sólo en un par de ellos fueron señalados, mas no apresados, los autores intelectuales.

Nuestras Recomendaciones de Guatemala, de 1997 y las declaraciones que inducimos en la UNESCO y la OEA, en 1997 y 1998, respectivamente, invocan claramente la responsabilidad de los autores intelectuales y que los crímenes no prescriban, si es que se quiere ganar la lucha contra la impunidad.

En las misiones que desplegamos a México y Perú, solicitamos a las autoridades que se procuren reformas legales que permitan la no prescripción de los crímenes y por eso las declaraciones de Hermosillo y Pucallpa cobran mayor vigencia en esta etapa al rescatar, avivar y promover el impulso de leyes destinadas hacia la imprescriptibilidad de los crímenes contra periodistas.

¿Por qué pedimos esto? El caso de Héctor Félix Miranda asesinado en Tijuana en 1988, nos sirve de ejemplo. Las autoridades locales con las que estamos trabajando como parte de los arreglos que hicimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos dicen que el caso está prescripto, y con ello se nos desvanece todo el trabajo de una década para que se persiga a quien o quienes mandaron a matar al periodista.

Lo mismo sucede en Perú con el caso del periodista Alberto Rivera asesinado en Pucallpa. Las autoridades localizaron a los autores materiales, pero en materia de autoría intelectual existen numerosas irregularidades. La firmeza de los medios, editores y periodistas de ambos países es digna de imitarse porque unidos es la única forma de hacer una diferencia.

La lucha es difícil, pero quiero decirles que sí podemos, y algo concreto que la SIP está logrando a pesar de todo, y con esto termino, es que de 57 casos investigados por la URR, hemos logrado que en 23 de ellos se haya sentenciado a 56 personas que tuvieron que pasar por la cárcel. Actualmente 31 personas están durmiendo en las cárceles, y ello se debe en gran parte al trabajo de la SIP.

Muchas gracias