Informe de la Comisión de Impunidad
presentado por Alberto Ibargüen, presidente de la Comisión,
ante la Reunión de Medio Año de la SIP
lunes, 18 de marzo del 2002
Casa de Campo, República Dominicana

La actividad de la Comisión de (Anti) Impunidad de la SIP sigue siendo necesaria para la preservación de la prensa libre en el continente americano.
A pesar de todos los esfuerzos no hemos conseguido respuestas concretas a nuestros ruegos de que se lleve a la justicia a muchos de los culpables. Desde nuestra última reunión en Washington hemos emitido 16 resoluciones y 87 llamamientos de acción a la policía y las autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Haití, México y Paraguay. La reacción ha sido mínima.
El ejercicio del periodismo sigue siendo un trabajo peligroso en nuestro hemisferio. Hay otras comisiones de la SIP que se focalizan en las garantías de la prensa libre y en la prevención de la violencia y el hostigamiento de los periodistas. No siempre tenemos éxito y mientras se asesine a los periodistas porque hayan practicado su profesión tenemos el insoslayable deber de asegurar que sus asesinos sean llevados a la justicia. Con este fin, esta Sociedad debe hacer que el periodismo exponga esta culpabilidad. Mediante el periodismo ponemos en evidencia los crímenes contra nuestro propio pueblo y nos sumamos a las presiones para que las autoridades enjuicien a los asesinos. Sin juicio, existe impunidad; con juicio, se puede hacer justicia. Y debemos ser sumamente claros: no se trata de venganza sino de justicia. Es esencial continuar exponiendo a aquéllos que, al asesinar periodistas, tratan de impedir la exposición de delitos, como es el caso de los narcotraficantes en México, los guerrilleros y paramilitares en Colombia, o la corrupción en la administración pública de Haití y de Brasil.
Vivimos en un mundo tecnológicamente maravilloso en el que la tecnología de las comunicaciones permite hacer un gran bien, pero también permite a los políticos incitar a los ataques contra los periodistas en formas que hasta hace pocos años no nos imaginábamos. Esto lo hemos visto en Colombia, Guatemala y Ecuador, pero en ninguna parte es más evidente o más peligrosa que en Venezuela, donde los ataques del presidente Hugo Chávez contra la prensa y contra los periodistas, de manera individual son incitaciones a hacer daño. Nadie que haya visto el vídeo mostrado ayer en esta reunión puede dudarlo. Si esas incitaciones llevan a la muerte de periodistas ¿quién castigará aquellos crímenes inspirados por un jefe de Estado?
Aprovecho esta oportunidad para recordar a nuestros miembros que la denuncia es el mejor antídoto para esta enfermedad. Les insto a informar sobre los esfuerzos de la SIP en sus diarios y en otros medios de manera que la denuncia de estos crímenes sea efectiva y su repudio se generalice
Lamento informar que, desde la última vez que nos reunimos, han sido asesinados cuatro periodistas porque eran periodistas. Orlando Sierra Hernández y Alvaro Alonso Escobar, de Colombia; Félix Fernández García, de México; y Brignol Lindor, de Haití, han sido asesinados..
Quisiera también referirme a la muerte del corresponsal de The Wall Street Journal, Daniel Pearl, cuyo asesinato en Pakistán el mes pasado estremeció al mundo y, ojalá, sirva para llamar la atención sobre los peligros que los periodistas enfrentan en todo el mundo y talvez, reconocer inclusive que este tipo de terrorismo no constituye sólo un peligro de guerra, sino que también es un riesgo ocupación diario para los periodistas en todo el mundo.
Guardemos nuestro tradicional minuto de silencio en memoria de aquellos cinco colegas caídos.
Gracias.
Por más sombríos que sean estos crímenes y por más inexpugnable que sea el muro que han levantado algunos gobiernos para preservar la impunidad de los asesinos, me complace informar del éxito que hemos logrado en Guatemala en el caso de Irma Flaquer. Comenzamos a investigar el caso en 1995 cuando la Fundación John S. y James L. Knight financió, por primera vez, nuestro proyecto Crímenes sin Castigo contra Periodistas. En estos momentos, 22 años después de su desaparición y presunto asesinato en 1980, el Fiscal General de Guatemala, Adolfo González Rodas, ha designado a un fiscal ad hoc y el "caso Flacquer" se ha reabierto en el sistema judicial guatemalteco.
La llamada "Comisión de Impulso" creada para asegurar el cumplimiento del acuerdo logrado entre la SIP y el gobierno de Guatemala ha estado activa y ha sido eficiente. La comisión fue crucial en lograr que el gobierno pagara indemnizaciones a los familiares de la víctima y para el lanzamiento en esta reunión del libro "La que nunca calló", una recopilación de artículos escritos por Irma Flaquer que ponen de manifiesto la forma en que arriesgó su vida al denunciar la corrupción.
En otros países, nuestra Unidad de Respuesta Rápida continúa informando de casos de asesinato. Hasta esta fecha, hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pruebas de 15 casos de un total de 37 asesinatos investigados. Como ustedes pueden ver, no hemos presentado informes respecto de todos los casos investigados. Esto es, en parte, porque algunos todavía están en proceso y porque, en otros casos, hemos determinado que el motivo del homicidio no estuvo vinculado al periodismo.
Quisiera elogiar el trabajo de los miembros de la Unidad de Respuesta Rápida, periodistas Diana Calderón, Jorge Elías y Clarinha Glock, así como el de su director y jefe, Ricardo Trotti. Asimismo, felicito a Julio Muñoz por su dirección general de la SIP en este asunto. El profesionalismo con el que realizan estas investigaciones añade peso y credibilidad cuando nos decidimos a presentar nuestros casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Parte del trabajo más importante que hacemos consiste en hacer un seguimiento de los casos denunciados previamente. En los últimos meses hemos vuelto a examinar los casos de asesinato de Manoel Leal de Oliveira y de Ronaldo Santana de Araújo, en Brasil; Amparo Jiménez, Guzmán Quintero y Jairo Elías Márquez, en Colombia, y Juan Carlos Encina, en Bolivia. Este trabajo de seguimiento es importante porque demuestra a las autoridades locales que no sólo informaremos de los casos una vez, y después los echaremos al olvido, sino que seguiremos ejerciendo presión, sacando a la luz y denunciando estos hechos, hasta que veamos que las autoridades tomen las medidas pertinentes.
La Unidad de Respuesta Rápida también ha comenzado a trabajar en dos nuevos casos: el del brasileño José Wellington Fernández, asesinado en marzo del 2000 y el del colombiano Jaime Garzón, ultimado en agosto de 1999 en Bogotá.
Estando aquí en La Española, lamentamos notar la existencia de ciertos crímenes impunes. En la vecina Haití, continúan libres los asesinos de Bignol Lindor, muerto en diciembre del 2001, de Jean Leopold Dominique, asesinado en abril del 2000 y de Gerard Denoze, en diciembre del 2000.
En la República Dominicana sigue sin resolverse la desaparición del columnista Narciso Pinales González. "Narcisazo" desapareció en mayo de 1994 después de criticar duramente al entonces presidente Joaquín Balaguer y a militares de alto rango. Actualmente el caso se encuentra en manos de un juez de instrucción, pero se advierten escasos indicios de actividad.
Frente a la inercia de las autoridades en la mayoría de los casos que hemos investigado en Brasil, la Comisión de Impunidad ha recomendado que enviemos una misión especial a ese país a fines del presente año, probablemente inmediatamente después de que las elecciones determinen el nuevo liderazgo de la nación. La misión también se encargará de revisar los avances respecto de los compromisos asumidos ante la SIP en 1999, cuando las autoridades brasileñas acordaron impulsar una ley que pondría a esos asesinos ante la jurisdicción federal ya que coartaban el derecho constitucional de los brasileños a la libre expresión.
Entre los casos que hemos investigado en Brasil y que permanecen estancados se incluyen los de Aristeu Guida da Silva, Manoel Leal de Oliveira y Ronaldo Santana de Araújo. Un ex agente de la policía y un alcalde han quedado implicados en el último caso. También hemos hecho un seguimiento de otros asesinatos en Brasil, incluyendo los de Reinaldo Coutinho da Silva, Edgar Lopez de Faria, José Carlos Mesquita, María Nilce Magalhaes, Mário Eugenio de Oliveira y Mário Coelho de Almeida, hijo. Todos estos asesinatos ocurrieron en el interior del país.
Lamentamos indicar que no tenemos nada de positivo que informar sobre las investigaciones en México, a pesar de la buena voluntad del presidente Vicente Fox. Es más, hemos experimentado reveses. En el caso de Philip True, se ha liberado a los sospechosos. Consideramos que no ha habido una revisión cuidadosa de las pruebas reunidas, tanto por nosotros como por terceros, y actualmente los asesinos gozan de impunidad. En cuanto a los asesinatos de los periodistas mexicanos Víctor Manuel Oropeza y Héctor Félix Miranda, las autoridades no han ni siquiera respondido a las pruebas que hemos presentado a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La mayoría de los casos de asesinatos de periodistas en México han ocurrido a lo largo de la frontera con Estados Unidos y están vinculados con el narcotráfico. En coordinación con el vicepresidente regional de la SIP para México y la Comisión de Periodistas en Riesgo, estamos considerando la posibilidad de realizar una conferencia para denunciar este problema y prevenir la violencia en contra de los periodistas.
En 1997, el presidente de Colombia respondió a un llamamiento de la SIP y creó una oficina especial del fiscal general para enfrentar el problema de los crímenes contra periodistas. Se ha logrado un cierto progreso. Recientemente, las autoridades policiales arrestaron al ex legislador Carlos Oviedo, principal sospechoso de los asesinatos de Jairo Elías Márquez y Ernesto Acero Cadena. Entre tanto, el presunto cerebro del asesinato de Carlos Lajud Catalán que hemos estado investigando desde 1995, fue acusado formalmente.
Antes de nuestra reunión en Perú, proyectamos abrir investigaciones del asesinato de Nivanildo Barbosa Lima, ocurrido en 1995, y de Ivan dos Santos Rocha, en 1992, ambos en Bahia, Brasil. También iniciaremos un informe sobre el asesinato en 1998 de Nelson Carvajal, en Huila, Colombia.
Una vez más, me gustaría pedir la atención de los miembros de la SIP y los diarios miembros respecto de nuestro sitio en Internet en www.impunidad.com. Todos los resultados de nuestra investigación están en ese sitio. Si necesitan información adicional, nos complacerá brindársela a través de nuestras oficinas en Miami, o de otras organizaciones con las cuales trabajamos, tales como la Comisión para Proteger a los Periodistas, la Asociación Mundial de Diarios, la Comisión de Libertad de Prensa en el Mundo, Reporteros sin Fronteras, la Fundación Colombiana para la Libertad de Prensa, y la Asociación Nacional de Diarios de Brasil.
Nuestro objetivo continúa siendo la justicia. Tratamos de alcanzarlo a través de la investigación de los crímenes, la publicación de nuestros resultados y su entrega a las autoridades locales y organizaciones internacionales, para que éstas puedan tomar las medidas pertinentes.
El periodismo es el arma que tenemos y el arma que usamos para impedir que los culpables de asesinatos queden impunes. Es una gran tarea para esta Sociedad.
Muchas gracias.

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