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Mexico Considerando que durante el 2005 ha crecido el número de amenazas, intimidaciones, presiones y hostigamiento contra periodistas, principalmente los que laboran en los estados de la zona norte de México: Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Baja California Considerando que la situación ha sido particularmente grave en el estado de Tamaulipas, donde se ha registrado el mayor número de atentados contra periodistas, lo que ha puesto freno al trabajo informativo en ese estado Considerando que los agresores son desde integrantes del crimen organizado hasta funcionarios públicos municipales, estatales y federales, quienes utilizan contra los periodistas amenazas verbales, armas de fuego, los privan de su libertad durante horas o incluso queman sus automóviles Considerando que son mínimas las agresiones cometidas en el país que son resueltas por las autoridades y en las que se sanciona al agresor, y que en Tamaulipas ningún caso ha sido resuelto Considerando que las autoridades mexicanas han expresado su preocupación e interés en llevar a cabo reformas legales que faciliten la persecución de los responsables de las agresiones a periodistas y Considerando que la Procuraduría General de la República ha ordenado la designación de ministerios públicos que atiendan estos casos en cada entidad del país, aunque todavía no se nombran en todo el país y que, por lo vago de los discursos del gobierno de México, existen dudas si se creará un fiscal especial que coordine todas las investigaciones
Considerando que el Artículo 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE reiterar el reclamo al gobierno mexicano (los tres poderes de la Unión) y a las autoridades estatales que cumplan con su deber de garantizar el libre ejercicio del periodismo, fundamentalmente investigando a fondo y dando resultados concretos sobre las amenazas, intimidación, hostigamiento, atentados y asesinatos contra los informadores ya que, de lo contrario, la impunidad que ha reinado hasta ahora sólo generará mayores atentados a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a ser informado demandar de forma particular que se refuercen las medidas de seguridad en el estado de Tamaulipas para que los periodistas no sean sujetos a las amenazas y presiones de narcotraficantes que han convertido a esa entidad en la más peligrosa de México, obligando a los reporteros y medios a no cumplir con su función de informar insistir al Ejecutivo federal y al poder Legislativo, que promuevan los consensos necesarios para reformar la constitución, los códigos Penal Federal y el de Procedimientos Penales Federales y demás normas que permitan que los delitos cometidos contra periodistas, cuando sean provocados por el ejercicio de su profesión, sean investigados por la Procuraduría General de la República reiterar la petición al gobierno mexicano de crear una fiscalía especial que investigue los ataques a periodistas por razón de su oficio, para acabar con la impunidad que prevalece en México.
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