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Asamblea General
Lima, Octubre 26-29, Perú
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sobre Países |
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IMPUNIDAD-COLOMBIA
CONSIDERANDO
que la gran mayoría de los procesos judiciales por crímenes contra
periodistas se mantienen en etapa preliminar en prácticas de pruebas,
con pocos resultados sobre los autores materiales e intelectuales, en especial
en los casos de los periodistas asesinados Gerardo Bedoya, (Cali, Valle del
Cauca, 21 de marzo de 1997) Jairo Elías Márquez (Armenia, Quindío,
10 de febrero de 1997) y Ernesto Acero Cadena (Armenia, Quindío, 12 de
diciembre de 1995)
CONSIDERANDO
que la Fiscalía General de la Nación, atendiendo a una solicitud
de la SIP y consciente del incremento de agresiones contra los periodistas y
de la importancia de que éstas no queden en la impunidad, amplió
la conformación de la Subunidad Investigativa de Crímenes contra
Periodistas en número de fiscales, y extendió su ámbito
de acción a nivel nacional
CONSIDERANDO
que la Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo una investigación
que permitió la condena del autor material del homicidio del periodista
Orlando Sierra Hernández, ocurrido en Manizales el pasado 30 de enero
de 2002
CONSIDERANDO
que el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Barranquilla absolvió,
luego de más de un año de audiencias, al presunto autor material
del homicidio del periodista Carlos Lajud Catalán, ocurrido el 19 de
marzo de 1993, y que la Fiscalía apeló dicha sentencia absolutoria
CONSIDERANDO
que desde el pasado mes de enero de 2002, la Fiscalía General de la Nación
interpuso un recurso de apelación en contra de la providencia que absolvió
en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar a los presuntos
autores materiales del asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres
CONSIDERANDO
que la Corte Suprema de Justicia determinó que el crimen del periodista
Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 1999, tuvo
finalidad terrorista y, por consiguiente, es la justicia especializada la encargada
de asumir el juicio
CONSIDERANDO
que en los últimos seis meses cuatro periodistas han sido asesinados
y que se han incrementado las amenazas contra periodistas y que éstas
se encuentran impunes, toda vez que las investigaciones en curso aún
no arrojan resultados
CONSIDERANDO
que frente al clima de intimidación, varios medios de comunicación
han tenido que cerrar en zonas como Arauca, Caquetá y Cesar
CONSIDERANDO
que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que “el
asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación,
la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material
de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad
de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa.
Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
exhortar a la Fiscalía General de la Nación
hacer una revisión del estado de los casos en la Subunidad Investigativa
de Crímenes contra Periodistas para determinar las razones de su poco
avance y producir resultados en derecho con mayor celeridad
expresar su beneplácito por la decisión,
que espera ponga fin a la impunidad que hay en tantos casos de periodistas asesinados
y garantice la seriedad de las investigaciones para dar con los responsables
de las violaciones a la libertad de prensa
expresar su beneplácito por la actuación
investigativa, pero pide que este esfuerzo se traslade a los autores intelectuales
del crimen del subdirector del periódico La Patria
exhortar al Tribunal Superior de Barranquilla a
que revise el proceso y atienda los argumentos de la apelación, y pedir
a la Fiscalía que continúe la investigación hacia los autores
intelectuales de este homicidio
exhortar nuevamente al Tribunal Superior de Valledupar
a responder al recurso de apelación a la mayor brevedad y a explicar
las razones por las cuales no se ha producido el fallo respectivo
exhortar al Juez Séptimo especializado de
Bogotá a garantizar la transparencia de la etapa de juicio y condenar
a los autores del crimen
pedir a las autoridades atender de manera efectiva
las investigaciones por amenazas contra los periodistas a través de fiscales
especializados en el tema y exhortar a los medios de comunicación a asumir
la capacitación y medidas de protección de sus periodistas en
las zonas de conflicto armado y garantizarles la rotación de fuentes
y áreas de cubrimiento
exhortar al Gobierno Nacional a tomar las medidas
para garantizar el ejercicio de la profesión en todos los rincones del
territorio colombianos; a los medios de comunicación a unirse en un acto
de denuncia, rechazo e investigación; y a la justicia a castigar a los
responsables de la intimidación y la censura.
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