Reunión de Medio Año Sociedad Interamericana de Prensa Hotel Swissôtel Quito, Ecuador 17 al 20 de Marzo, 2006

IMPUNIDAD-MÉXICO I

Resolución de la Reunión de Medio Año
Quito, Ecuador
17 al 20 de marzo del 2006

Considerando
que en el 2006 se han agravado, extendido e incrementado las amenazas, presiones y hostigamiento contra periodistas mexicanos, principalmente en los estados en los que el crimen organizado ha establecido sus principales operaciones: Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Baja California. Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz; y que existen casos de reporteros y editores que prefieren no denunciar públicamente por temor

Considerando
que en todo el estado de Tamaulipas se sigue acumulando el mayor número de las amenazas contra los informadores y no se ha resuelto ninguno de los crímenes ocurridos entre el 2004 y el 2005

Considerando
que en la noche del 6 de febrero, dos hombres encapuchados y portando armas largas ingresaron a la redacción del periódico El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dispararon varias ráfagas y provocaron que el reportero Jaime Orozco Tey resultara gravemente herido y permanece en el hospital y que a pesar de que el procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, aseguró días después que habían identificado a los autores del ataque, hasta la fecha no hay ninguna persona detenida ni señalada públicamente como responsable

Considerando
que los autores de estas agresiones que se registran en el país son producidas por integrantes del crimen organizado y funcionarios públicos municipales, estatales y federales, quienes utilizan contra los periodistas mensajes escritos, amenazas verbales, armas de fuego, queman sus automóviles, los privan de su libertad durante horas y los golpean o hasta los torturan

Considerando
que los niveles de impunidad sobre agresiones a periodistas son muy altos y que en ninguno de los crímenes de periodistas de los últimos 20 años las autoridades han logrado atrapar a todos los responsables y obtener sentencias condenatorias definitivas

Considerando
que las autoridades mexicanas han expresado su preocupación e interés en llevar a cabo reformas legales que faciliten la persecución de los responsables de las agresiones a periodistas, pero que éstas continúan detenidas en el Congreso de la Unión sin ser analizadas y discutidas

Considerando
que el 16 de febrero el gobierno mexicano creó la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas y seis días después, el 22 de febrero, fue designado el doctor David Manuel Vega Vera como titular de esa oficina, pero ésta no se encargará de investigar los casos de agresiones a periodistas en que esté involucrado el crimen organizado

Considerando
que el Artículo 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

exiigir al Estado mexicano (los tres poderes de la Unión) y a los tres niveles de gobierno que cumplan con su obligación de garantizar el libre ejercicio del periodismo, como un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de México y en los convenios internacionales que ha firmado

demandar a las autoridades federales y estatales que investiguen a fondo y den resultados concretos sobre las amenazas, intimidaciones, hostigamiento, atentados y asesinatos contra los informadores

exigir la inmediata y eficaz atención y resolución a lo que ocurre en el estado de Tamaulipas, en donde es imperativo que se refuercen las medidas de seguridad en esa entidad para que los periodistas no sean sujetos a las amenazas y agresiones de narcotraficantes

exhortar a la Procuraduría General de la República para que detenga y someta a juicio a los responsables materiales e intelectuales del ataque perpetrado contra el periódico El Mañana de Nuevo Laredo

reclamar al Ejecutivo federal y al poder Legislativo, que cumplan con los ofrecimientos hechos a la SIP para llevar a cabo modificaciones legislativas y que para ello promuevan los consensos necesarios para reformar los códigos Penal Federal y el de Procedimientos Penales Federales y demás normas que permitan que los delitos cometidos contra periodistas, cuando sean provocados por el ejercicio de su profesión, sean investigados por la Procuraduría General de la República, no prescriban y tengan agravantes

solicitar al gobierno mexicano que otorgue los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios a la nueva Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas, para que pueda desarrollar su trabajo de forma eficaz, expedita y enérgica.

pedir al gobierno mexicano que le otorgue facultades legales a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas para que pueda investigar las agresiones a periodistas en las que estén involucrados integrantes del crimen organizado

pedir al gobierno federal y a los estatales que informe de manera transparente, oportuna y permanente, de los avances en las investigaciones que existen sobre las agresiones a periodistas.