Reunión de Medio Año Sociedad Interamericana de Prensa Hotel Swissôtel Quito, Ecuador 17 al 20 de Marzo, 2006

IMPUNIDAD-MÉXICO III
Resolución de la Reunión de Medio Año
Quito, Ecuador
17 al 20 de marzo del 2006

Considerando
que Benjamín Flores González, director de La Prensa de San Luis Río Colorado (Sonora), fue asesinado en julio de 1997, debido a la información que publicaba en su columna contra narcotraficantes y funcionarios corruptos

Considerando
que fueron detenidas y sentenciadas cuatro personas, de las cuales dos posteriormente fueron absueltas por falta de pruebas, incluyendo al supuesto autor material y solamente quedan en prisión Vidal Zamora Lara y Jorge Pacheco Reyes, cómplices del asesinato

Considerando
que desde hace ocho años quedan pendientes por ejecutar cuatro órdenes de aprehensión y las autoridades de Sonora no reportan nuevas investigaciones para encontrar a los autores intelectuales del crimen

Considerando
que las dos personas declaradas culpables del asesinato del periodista Philip True, corresponsal de The San Antonio Express-News en México, ocurrido en 1998, continúan prófugas, a pesar de que fueron sentenciados por homicidio y condenados a 20 años de prisión en el 2004, pero aún no han sido reaprehendidos

Considerando
que en abril de 2000 fue asesinado José Ramírez Puente, periodista de Ciudad Juárez, Chihuahua de la estación Radio Net, y que después de casi seis años la Procuraduría General de la República, que desde entonces atrajo las investigaciones, no ha presentado algún resultado y, mucho menos, detenido a los responsables, por lo que se ignora cuál fue el móvil del crimen, aunque la hipótesis que más fuerza tiene entre los periodistas de la zona es que fue a causa de su trabajo informativo

Considerando
que José Luis Ortega Mata, director del Semanario de Ojinaga, Chihuahua, fue asesinado con dos balazos en la cabeza en febrero del 2001. En sus publicaciones denunciaba las actividades de narcotraficantes de la región y sus vínculos con funcionarios públicos, políticos y empresarios. Estaba a punto de publicar el financiamiento que los grupos de traficantes de drogas daban a las campañas electorales de la zona.

Considerando
que semanas después del crimen, en abril de 2001, fue detenido el empresario estadounidense Jesús Manuel Herrera Olivas, identificado por dos supuestos testigos como el autor material, pero logró su libertad en julio de ese año por las inconsistencias en la acusación

Considerando
que desde entonces, el crimen permanece impune, ninguna persona ha sido detenida y las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua muestran un estancamiento

Considerando
que en mayo del 2004, en la ciudad de Acapulco (Guerrero) fue secuestrado el columnista Leodegario Aguilera Lucas y que existen contradicciones sobre si sus restos fueron localizados por las autoridades o continúa desaparecido, mientras la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero mantiene paralizado el caso y no muestra avances en las investigaciones que permitan conocer las razones de la desaparición o posible muerte de Aguilera Lucas

Considerando
que en junio de 2004 fue asesinado el periodista Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta (Baja California), y que la Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones, aunque a casi dos años del crimen no ha sido detenido y sometido a juicio ninguno de los involucrados

Considerando
que en noviembre del 2004, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, fue asesinado Gregorio Rodríguez Hernández, reportero gráfico del diario El Debate de Mazatlán, y que permanecen en prisión siete personas, dos de las cuales podrían ser absueltas por el juez en los próximos días ante la posibilidad de que sólo hayan sido detenidas como chivos expiatorios, y que el resto de los acusados, entre ellos uno de los posibles autores intelectuales, el ex director de la policía del municipio, continúa bajo proceso penal.

Considerando
que hasta la fecha falta por ser sometido a juicio otro de los presuntos autores intelectuales del crimen del reportero, a quien las autoridades ligan con grupos de narcotraficantes, y que el móvil del homicidio planteado por la procuraduría establece que Rodríguez Hernández, sin saberlo, fotografió a los presuntos autores intelectuales, y que esa fotografía nunca llegó a ser publicada por El Debate ni tampoco apareció entre sus cosas

Considerando
que el 2 de abril del 2005 desapareció el reportero del periódico El Imparcial de Sonora, Alfredo Jiménez Mota, quien se había especializado en la investigación de temas sobre el crimen organizado y que después de casi un año la Procuraduría General de la República no ha descubierto su paradero ni encontrado a los responsables y las investigaciones parecen estancadas

Considerando
que el director del periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz, Raúl Gibb Guerrero, fue asesinado cuando se trasladaba a su casa, en abril del 2005, y desde entonces la Procuraduría General de la República no ha presentado resultados; sin embargo, ha realizado cateos en distintos domicilios de familiares del empresario y ha girado citatorios a los principales sospechosos: a Brian Gibb, sobrino del periodista y que es considerado posible autor material; y contra Martín Rojas López, el llamado “zar de los chupaductos”, quien fue detenido en Estados Unidos y está sujeto al proceso de extradición a México por delitos no vinculados con el crimen

Considerando
que el 9 de marzo de 2006 fue asesinado el fotógrafo Jaime Arturo Olvera Bravo, en la ciudad de La Piedad, Michoacán (México), cuando se dirigía a la parada de autobús para dejar a su hijo de cinco años en la escuela: un hombre de más de 30 años lo estuvo esperando una hora y cuando vio al ex reportero gráfico del periódico La Voz de Michoacán se le acercó y le disparó en el cuello una sola ocasión, lo que le causó la muerte instantáneamente y la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán investiga posibles motivos personales o profesionales

Considerando
que el Artículo 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
insistir a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora para que revise el expediente sobre el homicidio del periodista Benjamín Flores González, director de La Prensa de San Luis Río Colorado, ante las absoluciones de quienes se supone eran los principales responsables del crimen, encuentre a los verdaderos responsables y ejecute las cuatro órdenes de aprehensión que están pendientes desde hace más de ocho años y solicitar a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, que revise este expediente y atraiga el caso bajo su jurisdicción federal

insistir de forma enérgica al gobierno de México para que las autoridades correspondientes cumplan las órdenes de reaprehensión que existen contra los dos responsables del homicidio del periodista Philip True

demandar a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República para que retome el expediente del homicidio del periodista José Ramírez Puente que ha permanecido sin solución seis años y que someta a juicio a todos los responsables

recordar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua que no ha resuelto el homicidio del periodista José Luis Ortega Mata, ocurrido en el año 2001, por lo que se le exige detenga a los responsables y los someta a juicio y exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República para que atraiga este caso

insistir a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero en que concluya las investigaciones sobre la desaparición del periodista Leodegario Aguilera Lucas, dé con su paradero o determine las razones que llevaron a la privación ilegal de su libertad y a su posible asesinato, capture a los responsables y los someta a juicio

reclamar a la Procuraduría General de la República la detención y sometimiento a juicio de todos los responsables del homicidio del periodista Francisco Ortiz Franco.

exhortar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa a fin de que profundice las investigaciones sobre el crimen del reportero gráfico Gregorio Rodríguez Hernández, para que sean arrestados todos los involucrados y se aclaren las dudas que existen sobre el móvil del asesinato y demandar a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República para que atraiga este caso

urgir a la Procuraduría General de la República para que acelere las investigaciones y presente resultados concretos y claros sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, por tratarse de un caso grave, ya que se desconoce el paradero del reportero y su condición

exhortar a la Procuraduría General de la República para que detenga y someta a juicio a los responsables del crimen del director del diario La Opinión de Poza Rica, Raúl Gibb Guerrero, y se informe claramente cuál fue el móvil de su asesinato

exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República para que revise el expediente sobre el atentado que sufriera el periodista Benjamín Fernández González y determine si es posible atraerlo y detener a los responsables.

demandar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán para que esclarezca el homicidio del fotógrafo y redactor Jaime Arturo Olvera Bravo, someta a proceso penal a los responsables e informe públicamente sobre los motivos del crimen

instar a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República para que revise el caso del homicidio de Jaime Olvera bravo y determine si existen elementos para atraerlo a la jurisdicción federal y, en su caso, aclare el crimen.