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ARGENTINA En este contexto, la prensa se desenvuelve con una libertad no exenta de condicionamientos. Se manifiestan, en algunas oportunidades, en presiones solapadas, interferencias en las comunicaciones, expresiones verbales desacomedidas con destinatario directo o insinuaciones a los medios en que trabajan. Otra expresión se encuentra en la distribución arbitraria, de la publicidad oficial. La senadora Cristina Fernández de Kirchner durante la sesión que trató el otorgamiento de superpoderes al Jefe de Gabinete, criticó a los medios de comunicación calificándolos “como una oposición no votada”, diciendo que los primeros ganan elecciones para ocupar sus lugares, y se preguntó “¿qué elecciones ganaron los directivos de los medios? Los periodistas censuran al gobierno. Es una oposición que nadie votó”. Por su parte, el presidente Kirchner remarcó las críticas expresando que “algunos periodistas me dan pena. Yo les recomiendo que sean autocríticos, que investiguen, que estudien más, que dejen de hacer lobby. Más que libertad de prensa es dominación de empresas. Cristina --dijo el presidente-- les marcó la verdad a algunos periodistas que se mueven corporativamente, que se defienden entre ellos, que ni siquiera reconocen sus errores”. Resulta paradójico que el presidente pida a la prensa que se informe cuando el gobierno no brinda conferencias de prensa, ni entrevistas, y además ha hecho fracasar la ley de acceso a la información pública. También se advierte una dualidad de criterio por parte del presidente, puesto que lo que pretende que exista en los medios privados no lo aplica en los medios estatales. Allí se levantaron ciclos de larga trayectoria porque no coincidían con la versión oficial, como el programa Desayuno que conducía Víctor Hugo Morales en las mañanas del Canal 7, propiedad del estado. El 28 de septiembre el presidente Néstor Kirchner se refirió a una columna escrita en 1978 en el diario Clarín, atribuyendo su autoría al columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá. Ese trabajo se refería al ex presidente de la dictadura militar Jorge Rafael Videla, describiéndolo con algunas cualidades personales. Kirchner dijo que cómo se podía escribir bien de Videla antes, y mal de él ahora. Según Morales Solá, aquella columna no la escribió él y tampoco se firmaban los artículos en aquellos años. A las 24 horas el columnista recibió dos llamadas telefónicas amenazándolo a él y a su familia si seguía escribiendo contra el Presidente. Otra amenaza por correo electrónico recibió en esa fecha el Sr. Jorge Fontevecchia, presidente de la Editorial Perfil, con amenazas a la integridad física suya y de sus hijos si continuaba sus críticas al gobierno. Estos métodos que pretenden infundir miedo, disminuir la credibilidad de los profesionales, medios o políticos opositores y que apelan a cualquier argumento, crecen peligrosamente tratando de desinformar a la opinión pública. El 2 de octubre un autodenominado “Frente Unidad Popular” –ex grupo piquetero adicto al presidente-- convocó a un acto en defensa de Kirchner frente al diario La Nación. En la provincia de Córdoba, el gobernador José Manuel De la Sota volvió a acusar a La Voz del Interior de ser opositor a su gestión, de impedirle gobernar y de violar la ética periodística. El gobernador dijo en agosto que analiza elevar una presentación a la SIP para acusar al diario por una noticia sobre una denuncia judicial presentada por legisladores que responden al intendente de la capital cordobesa Luís Juez –opositor a De la Sota– y sobre lo que no fue consultado. El director del periódico El Progreso, Horacio Poggi de la ciudad de Mariano Acosta, recibió amenaza de muerte si no se abstiene de publicar información acerca de la corrupción municipal. En junio la Academia Nacional de Periodismo denunció la violación de los correos electrónicos personales de varios profesionales, como el Bartolomé Mitre, director de La Nación, de Daniel Santoro, periodista de Clarín, de Luis Majul de la televisión argentina, entre otros. También señalaron que en Santa Cruz, el programa radial “Séptimo día”, conducido por los periodistas Héctor Barabino, Héctor López y Daniel Gatti, fue levantado por directivos de la emisora LU12 de Río Gallegos después de diez años consecutivos de emisión, bajo la amenaza de perder la pauta oficial. La investigación sobre espionaje en cuentas de correo electrónico de políticos y periodistas ha quedado sin definir. Como otras causas por hechos similares, ésta quedaría en la nada porque en el país no existen penas específicas ni técnicas adecuadas para investigarlos y someterlos a juicio. La laguna jurídica es insalvable ya que no hay norma que tipifique como delito la violación de la correspondencia electrónica y algunos jueces lo equiparan en sus sentencias con la violación de la correspondencia postal. Diputados de La Nación impulsan un proyecto para penalizar la violación de los correos electrónicos y solicitaron a la Comisión de Asuntos de labor Parlamentaria que se trate en forma urgente. En Tucumán donde el Poder Ejecutivo absorbió mayores facultades desde la aprobación de la nueva Constitución, mantiene disputas con los medios e instituciones, agravados cuando fue levantado el programa periodístico del Canal 5 de televisión conducido por el periodista Enrique García Hamilton, director del diario La Gaceta de Tucumán. El informe anual del Freedom House, una de las instituciones que promueve la democracia, los derechos humanos y las libertades en 194 países, informó en abril de este año que la Argentina había caído del puesto 41 en el 2005 al 45 en el 2006, porque no habían cesado los agravios, acosos y presiones a los medios de prensa. En mayo el presidente Kirchner expresó que los medios deberían investigar sobre una lista de la Secretaría de informaciones del Estado (SIDE) que tenía 200 periodistas que cobraban dinero durante el gobierno del presidente de De la Rúa. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) contestó que, si existieron esos pagos, deben ser investigados por el gobierno por tratarse de hechos de lisa y llana corrupción. Argentina es uno de los pocos países que no cuenta con una herramienta legal para obtener información de los distintos poderes del Estado. En noviembre último, el controvertido proyecto de ley de acceso a la información publica que restringía sustancialmente el derecho y no respetaba las normas constitucionales y de derecho internacional perdió estado parlamentario. El país tampoco cuenta con una legislación clara y específica que defina los procedimientos y los parámetros de contratación para asegurar un sistema legal cristalino y justo. Editorial Perfil, editora de la revista Noticias y del semanario Perfil, presentó su recurso de amparo ante la Justicia por la discriminación publicitaria ya que han sido excluidos de la misma. La aparición, en agosto último, de un recurso novedoso como el Fondo Fiduciario contra la discriminación del Estado, por parte del semanario Perfil, no implica que la situación se haya agravado, sino que sigue pendiente de solución. En referencia a la demanda presentada en enero del 2003 ante la Suprema Corte de Justicia de la nación por el Diario Río Negro en razón de la discriminación de la pauta oficial de publicidad por parte del gobierno de Neuquén a raíz de haber difundido los presuntos intentos de soborno de sus autoridades, entre ellas el Gobernador, acaba de producirse un pronunciamiento muy preocupante. En setiembre el Procurador General, Esteban Righi, dictamino sobre la base de “carecer de normativa que establezca las pautas sobre las cuales realizar el control judicial”, que “el amparo debe ser rechazado”. Si bien su opinión no es vinculante con respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, define una línea de pensamiento contraria a la libertad de expresión. La Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los criterios que utiliza para la distribución de la publicidad oficial. También los diarios
El Territorio y La Opinión de Posadas, Misiones, no reciben publicidad
del gobierno provincial por oponerse a la reforma de la constitución
que se dispone a llevar a cabo el gobernador de esa provincia, Carlos Rovira,
para obtener una reelección casi indefinida de su mandato. A las fotografías periodísticas también se le imponen límites ya que el tribunal Superior de Justicia de Neuquén condenó al diario de esa provincia a indemnizar a un fiscal por publicar una imagen del demandante tomada durante una manifestación en julio de 1998. El caso sienta un grave precedente y es lesivo para el ejercicio de la libertad de prensa, porque prohíbe la difusión de fotografías de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y obtenidas en lugar público. Otra decisión judicial reanuda el debate sobre la libertad de expresión al condenar al periodista Tomás Sanz, editor de la revista Humor, a un mes de prisión en suspenso, por una información publicada en 1991, sobre la existencia de cuentas en el exterior del senador Eduardo Menem. En esa noticia se mencionaba la fuente informativa de la revista Brecha de Uruguay, como también la desmentida que había hecho Menem. La Corte consideró que Humor debió haber verificado el dato y con esta decisión se apartó de la doctrina del caso Campillay que dice que el periodista queda exento de responsabilidad cuando atribuye el contenido de una información a una fuente pertinente como hizo Humor. Por otra parte, esa acción penal ya estaba prescripta cuando se pronunció la Corte en 1998 y el caso fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos. La Corte actual convalidó la condena sosteniendo que si anteriormente la Corte no se pronunció sobre la prescripción, es porque aceptó que no lo estaba.
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