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Un nuevo debate sobre el derecho a la información y las cuestiones de la censura, de protección de la confidencialidad y el derecho a la privacidad de las personas, se abrió en el país con la entrada en vigor de la Ley Nº 10.406, que aprobó el nuevo Código Civil, a partir del 11 de enero. El nuevo código, así como la Constitución Federal, protege la honra, la buena reputación o la respetabilidad de una persona y prohíbe la divulgación de textos, palabras e imágenes de forma expresa, sólo permitiendo excepciones en dos hipótesis, además del caso de autorización del involucrado: cuando es necesaria la administración de justicia o para mantener el orden público. Es decir, todo lo que pueda ser ofensivo a la honra, la buena reputación o la respetabilidad de las personas podrá ser traído en juicio como razón para impedir la difusión por la prensa. Es la ley que mediante el argumento de disciplinar, impide la libertad de información. Estos son los principales acontecimientos sobre libertad de prensa: El 23 de octubre de 2002, Correio Braziliense (Brasilia/DF) sufrió un acto de censura previa practicada sobre la protección judicial. Una orden de cateo y aprehensión, firmada por el magistrado Jirair Meguerian, determinó que el oficial de justicia Ricardo Yoshida, acompañado por su abogado Adolfo Marques da Costa, de la Coalición Frente Brasilia Solidaria, entrasen en la redacción del diario para censurar cualquier nota que transcribiese partes de una grabación realizada por la Policía Federal, con autorización judicial, y que vinculara al gobernador Roriz con los hermanos Pedro Passos y Márcio Passos, empresarios acusados de irregularidades en la distribución de tierras en Brasilia. El oficial de Justicia y el abogado de Roriz fiscalizaron cada sector de la empresa involucrada en la producción de noticias, la redacción del diario y la gráfica, y revisaron todas las páginas del diario. El magistrado Jirair Meguerian determinó la ‘‘orden
de cateo y aprehensión, con violencia o entrada forzosa, en la sede,
si hubiera necesidad (...) de todos los ejemplares del diario Correio Braziliense,
edición del 24 de octubre, si publican partes o todo el contenido de
las cintas grabadas de las escuchas telefónicas interceptadas por orden
judicial’’. El diario Jornal de Brasília (DF) también fue censurado por medio de una medida preliminar concedida por el magistrado Nívio Gonçalves, vicepresidente y corregidor del Tribunal Regional Electoral, a pedido del candidato Geraldo Magela y de la Alianza Frente Brasilia Esperanza, que apoyaba su candidatura al gobierno del Distrito Federal. La censura fue motivada por la publicación de una nota, el día 14 de octubre, que mostraba la recepción de dinero para la regularización de los condominios. El 24 de octubre, también el magistrado Jirair Meguerian emitió una orden de cateo y aprehensión contra la empresa periodística, esta vez el Jornal da Comunidade (Brasilia/DF), que presentaría denuncias contra el candidato al gobierno del Distrito Federal por el Partido de los Trabajadores, Geraldo Magela. El 27 de octubre la jueza Érika Soares de Azevedo Mascarenhas, del 6º Juzgado Criminal de São Paulo, decretó prisión de tres meses, pudiendo ser sustituida por servicios comunitarios y una multa de diez sueldos mínimos, al periodista Luís Nassif. La condena al periodista se debió a lo que la jueza llamó “intención inequívoca” de difamar a la empresaria Mendes Júnior. El 21 de noviembre Ricardo Sérgio de Oliveira, ex-director del Banco de Brasil, denunció a Josias de Souza, director de la Sucursal de Folha de S. Paulo de Brasilia, al sentirse ofendido por artículos del periodista y solicitó indemnizaciones judiciales que ascienden a R$500 mil. Los textos que Sérgio consideró ofensivos fueron publicados en la columna dominical “No Planalto”, firmada por Josias de Souza. Se trata de artículos basados en documentos presentados en investigaciones oficiales realizadas por el Ministerio Público, Renta Federal, el Banco Central y la Policía Federal. El 21 de noviembre Folha de S. Paulo fue condenado a pagar una indemnización de 200 sueldos mínimos a Nicéa Camargo, ex-esposa de Celso Pitta, que fue alcalde de São Paulo. La sentencia que condenó al diario fue pronunciada por la jueza de la 40ª Jurisdicción Civil de la Comarca de São Paulo, Fátima Vilas Boas Cruz. La acción se tomó a causa de una noticia sobre el uso de facturas fiscales falsificadas para justificar gastos. Nicéa afirma que se sintió ofendida por la noticia publicada en agosto de 1998. Folha alegó que no fue una calumnia, difamación o injuria, sino que se limitó a informar de que las facturas utilizadas eran irregulares y jamás manifestó que la falsificación hubiera sido hecha por Nicéa, quien pidió una indemnización por daños morales de R$50 mil. La jueza acató parcialmente el pedido después de un intento de reconciliación. El 3 de diciembre el proceso contra el director de redacción del diario Zero Hora, Marcelo Rech, y el columnista José Barrionuevo, promovido por el entonces gobernador de Río Grande do Sul, Olívio Dutra (PT), fue archivado por la 6ª Cámara Criminal del Tribunal de Justicia del Estado (TJE). El pedido de prescripción de la acción fue presentado por el Ministerio Público, que se basó en la prescripción del crimen y la inexistencia de la intención de ofensa al gobernador. Los periodistas llegaron a ser condenados a cinco meses de prisión, que se reemplazó por el pago de cinco sueldos mínimos, por haber afirmado que Dutra había sido cómplice en la destrucción del Reloj de 500 Años, provocada por conflictos ocurridos en Porto Alegre durante la conmemoración del Descubrimiento de Brasil, en abril de 2000. El 4 de febrero la revista Você S/A, de Editora Abril, sufrió censura previa de parte de la justicia paulista, que concedió una medida preliminar a favor de la empresa Dow Right Consultoría en Recursos Humanos, para condicionar la publicación de un reportaje al derecho de respuesta en la misma edición. La nota sería sobre la industria de la reinserción profesional en el mercado. De acuerdo con la decisión del juez de la 2ª Jurisdicción Civil del Foro de Pinheiros, Antônio Dimas Cruz Carneiro, la noticia solamente puede ser divulgada si se incluye la “respuesta de la autora seguidamente a cada hecho negativo que le fuera atribuido, observándose rigurosamente la igualdad de espacio y énfasis entre las imputaciones y las defensas”. Según Carneiro, “ejercido a posteriori no siempre el derecho de respuesta es eficaz para el cumplimiento del objetivo legal, pues no siempre las personas que leen las imputaciones leen también las respectivas explicaciones del destinatario de las acusaciones y así la mejor forma de garantizar el ejercicio del derecho de respuesta es haciendo que éste cuente con el mismo énfasis en la propia nota que contiene los hechos negativos informados”. El 11 de marzo el jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Álvaro Lins, resolvió reeditar en el Boletín Interno de la institución la antigua “Ley Mordaza”, prohibiendo a los comisarios e inspectores conceder entrevistas. La información sólo puede transmitirse por medio del sector de comunicación social de la Policía Civil. La nueva determinación es una copia exacta de un acto publicado en julio de 1999, firmado por el entonces y actual Secretario de Seguridad, Josias Quintal. Álvaro Lins justifica su medida aduciendo que “en virtud de entrevistas (...) que contienen una visión parcial, equivocada y datos estadísticos imprecisos que, aunque de buena fe, muchas veces contribuyen a generar y aumentar la sensación de inseguridad en la población (...) está prohibida cualquier entrevista de policías a los medios de prensa”. El 12 de marzo Rede Globo fue condenada, en primera instancia, a indemnizar al ex-senador Luiz Estevão y a divulgar la sentencia de la justicia en el horario principal de la noche. Ello se debe a que la jueza Maria de Fátima Rafael de Aguiar Ramos entendió que algunos comentarios de Arnaldo Jabor sobre Estevão habían sido ofensivos. La acción por daños morales se obtuvo en el 2002, después que Jabor comentó la alteración en las medidas del arco de la cancha de Bezerrão para el partido entre Brasiliense y Atlético Mineiro. La alteración del ancho del arco se atribuyó, en ese entonces, al ex-senador, que es el dueño del equipo de Brasilia. La Globo alegó que la divulgación de los hechos fue lícita y no dio lugar a daños morales y materiales, pero la jueza no aceptó el argumento. El valor de la indemnización fue de R$ 5 mil y aún puede apelarse. El 13 de marzo el periodista Xico Sá fue condenado en São Paulo con cuatro meses de prisión por causa del titular de un texto que desagradó al comando de la Policía Militar. Esta decisión, convertida desde luego en pena alternativa (prestación de servicios comunitarios), puede apelarse. La sentencia está fechada noviembre del año pasado, pero recién se comunicó el 13 de marzo de 2003 al periodista. El artículo, publicado en el Diário Popular (hoy, Diario de S. Paulo), en noviembre del 2000, se refería a la represión de los integrantes del MST – Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Por haber invadido la sede de Incra, en São Paulo, los militantes fueron fustigados por policías militares, y luego de raparles la cabeza, fueron trasladados desnudos y encarcelados en Carandiru. El juez de la 12ª Jurisdicción Criminal de São Paulo, Ruy Alberto Leme Cavalheiro, consideró que el texto contra los policías era demasiado fuerte y aceptó el argumento de que la crítica a los policías militares que participaron en la acción conmovió a toda la corporación.
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