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BRASIL Causa suma preocupación
que el Gobierno Federal pretenda enviar al Congreso un proyecto de ley para
modificar la legislación sobre las intercepciones telefónicas
en el país y que estipula penas de hasta cuatro años de prisión
y multa para aquellos periodistas que divulguen el contenido de esas grabaciones,
inclusive cuando éstas hubieren sido autorizadas por el Poder Judicial.
La llamada Ley de Intercepción Telefónica, que modifica una ley
anterior que tenía un objetivo similar, es justificada por el gobierno
como una forma de contener los abusos y desvíos. Célio Alves de Souza, ex soldado de la Policía Militar condenado en junio del 2005 a 17 años y seis meses de prisión por participar en el asesinato del empresario periodístico Domingos Sávio Brandão Lima Júnior, se fugó de la Penitenciaría Pascoal Ramos el 24 de julio del 2005. Hasta hoy, las investigaciones sobre la participación de funcionarios en la fuga no han concluido y el prisionero sigue fugitivo. Anteriormente, otro acusado por el mismo crimen había huido de la misma cárcel en condiciones semejantes, pero ya fue capturado. En el caso de Manoel Leal de Oliveira, asesinado el 14 de enero de 1998 en Itabuna, Bahía, la policía logró dar con los asesinos materiales, mas no con los autores intelectuales. Uno de los acusados de ser los autores materiales, el oficial Mozart Brasil, fue condenado, pero apeló la sentencia y mientras espera ser juzgado está en libertad y trabaja normalmente debido a un hábeas corpus. El otro acusado, Marcote Sarmento, fue absuelto, pero los familiares de Leal denunciaron al diario A Região, que hubo manipulación de jueces. Otros hechos que opacaron la libertad de prensa en este período: El 12 de septiembre del 2005, el Boletín Informativo de la Policía Civil divulgó un comunicado en el que se prohibía a los policías civiles y militares conceder entrevistas. La intención según la policía no fue censurar a sus efectivos, sino evitar la divulgación de las grabaciones de intercepciones telefónicas de sujetos investigados por la policía. En septiembre del 2005, un incendio destruyó el 80 por ciento de las instalaciones del Diário de Marília y de las estaciones de radio Diário FM y Dirceu AM, del grupo paulista CMN (Central Marília Notícias). El 25 de enero del 2006, Bruno Gaudêncio Coércio, Amarildo Barbosa y Amauri Delábio Campoy, fueron condenados a 12 años de prisión por planificar y ejecutar con excesiva violencia el atentado contra el Diário y las radioemisoras Diário FM y Dirceu AM. El 26 de octubre del 2005, en Teresina (estado de Piauí) la justicia ordenó la captura del periodista José de Arimatéia Azevedo, director y editorialista de Portal AZ, un sitio en Internet, cuyo cierre fue ordenado por el Poder Judicial. En la orden de prisión, el juez calificó de obscenos y machistas los comentarios del director de Portal AZ contra la abogada Audrey Martins Magalhães y basó su orden de prisión en la ley de 1967, relativa a los delitos de prensa. El 29 de octubre, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edson Vidigal, aceptó el hábeas corpus presentado por el periodista y ordenó su liberación por considerar que la detención de Azevedo violó el derecho de la sociedad a ser informada. El 22 de noviembre del 2005, el procurador de la República, Bruno Acioly, manifestó en comunicaciones enviadas por Internet a sus colegas su intención de presentar un recurso solicitando el levantamiento del secreto telefónico de cuatro periodistas. Según el diario O Estado de S. Paulo, en el mes de junio Acioly y su colega Raquel Branquinho solicitaron a la 10ª. Sala de Justicia Federal en Brasilia, el levantamiento del secreto telefónico. La jueza Maria de Fátima de Paula Pessoa Costa decidió que no había motivo para conceder tal solicitud. A pesar de que Acioly no había revelado los nombres de los involucrados, el diario consideró que podrían estar en la lista los nombres de los periodistas Expedito Filho, Policarpo Júnior y Alexandre Oltramari. El cuarto reportero no fue identificado. En 1999, los mencionados periodistas publicaron en la revista Veja reportajes sobre banqueros que habrían operado con informaciones privilegiadas sobre las modificaciones en la política de cambios. Acioly, que investiga las mismas acusaciones para el Ministerio Público, quería obligar a los periodistas a revelar sus fuentes que acreditan la relación con operaciones ilícitas. El 22 de noviembre del 2005, la sede donde funciona el diario O Dia tuvo que redoblar su seguridad cuando la dirección se enteró por medio de Disque-Denúncia, una línea telefónica gratuita para hacer denuncias, que traficantes del Morro da Providência, ubicado en pleno centro de Río de Janeiro, estarían planeando arrojar una granada a la sede. El atentado sería en represalia a una serie de notas publicadas por el diario sobre el tráfico en el morro desde el pasado mes de septiembre. En noviembre del 2005, los 19 procesos contra el director de Jornal Pessoal impidieron que el periodista Lúcio Flavio Pinto viajase de Pará para recibir el Premio Internacional de Libertad de Prensa concedido por la organización Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). Juliana da Cunha Pinto, hija del periodista, tuvo que viajar a Nueva York a recibir el premio en representación de su padre. El 24 de noviembre, la reportera Helen Michelet, colaboradora del diario A Estância y asesora de prensa de un político de oposición de Guaruja, São Paulo, fue agredida durante una audiencia pública dirigida por el alcalde Farid Madi, quien se negó a responder preguntas de Michelet y la insultó tanto a ella como a su diario. Dos hombres la sostuvieron de los brazos y le patearon las piernas. El hecho fue fotografiado por un periodista de Clarín, otro diario de la ciudad. La asesoría de prensa de la alcaldía alegó que los agresores eran civiles y que el alcalde no respondió a las preguntas de Michelet porque ella trabaja para la oposición. Sin embargo, el coordinador municipal de Defensa Civil, Elvio José da Silva, fue identificado por la policía como uno de los involucrados en la agresión. El 16 de diciembre, el reportero gráfico Eduardo Alves y Sérgio Marques, director del diario Comércio da Franca, de Franca, São Paulo, fueron detenidos por efectivos de la policía luego de que discutieran con éstos sobre el derecho del fotógrafo a registrar una acción policial en la plaza central de la ciudad. En diciembre del 2005, la Justicia Federal de São Paulo prohibió a Folha Online divulgar noticias sobre el proceso penal que está viendo el caso de espionaje en el que está involucrada la contratación de la empresa Kroll por la Brasil Telecom, con el objetivo de investigar a su competidor Telecom Itália. A Folha ha apelado dicha decisión. El 6 de enero del 2006, la reportera gráfica Viviane Pinheiro de Azevedo, del Diário do Pará, registraba el encarcelamiento de los sospechosos de enriquecimiento ilícito y fraude cuando fue empujada en tres ocasiones por el abogado Roberto Santos Araújo. Todos los colegas que se encontraban allí presenciaron la agresión y Record Pará transmitió la discusión. El 14 de marzo, el delegado regional de Camaquã, Rudimar de Freitas Rosales, citó a tres periodistas de Correio do Povo para que declararan sobre el episodio de la invasión de las instalaciones de la empresa Aracruz Celulosa en Barra do Ribeiro, cuando cerca de dos mil mujeres integrantes del Movimiento de los Sin Tierra depredaron el laboratorio de investigación de la citada empresa. Los periodistas fueron tratados como “inculpados” y fueron presionados para que indicasen a la policía las fuentes del episodio de Aracruz. La Asociación Nacional de Editores de Revistas expresó su preocupación por la amplitud de los textos de las Consultas Públicas números 83 y 84 (de 16/11/2005) de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), los cuales amplían las restricciones a la publicidad de bebidas y medicamentos. La ANER sostuvo que “cualquier prohibición de informar, ya sea a través de la publicidad o de la materia periodística, privará a las personas de los medios necesarios para orientar y fundamentar sus opciones, en perjuicio de los derechos fundamentales del ciudadano, la libertad de expresión y de prensa. Asimismo, reiteró su preocupación por los diferentes procesos interpuestos contra los medios de comunicación, inclusive en temas informativos, por parte de Anvisa en los últimos seis meses.
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