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El 26 de julio, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó el Projecto de Ley Suplementaria 79/2004, presentado por el diputado Pastor Amarildo, que trata sobre la actuación de los periodistas y sus funciones. El texto retomaba propuestas que habían sido vetadas dos años antes por el Gobierno. Entre ellas, el aumento de 11 a 23 en el número de funciones relativas a las profesiones en el campo de la información y las comunicaciones que exigirían la obtención de un diploma de periodista para poder ejercer la carrera. La nueva legislación también estipulaba la creación del Consejo Federal de Periodismo para disciplinar, orientar y controlar la profesión y aplicar sanciones administrativas. La libertad de expresión se vio en peligro cuando en el mes de agosto, un periodista y un auxiliar técnico del canal de televisión TV Globo de São Paulo fueron tomados de rehenes por una organización criminal, el Primer Comando de la Capital (PCC), para exigir la transmisión de un mensaje del grupo en uno de los dos programas de mayor audiencia de la televisión brasileña. La SIP denunció un clima de creciente descontrol y violencia causado por la impunidad y la falta de articulación entre las autoridades estatales y federales, hechos que resultan evidentes por la situación. La impunidad aparece también en otras situaciones, tales como el archivamiento, en enero, de las investigaciones acerca del asesinato del presentador de televisión Edgar Lopes de Faria, conocido como Escaramuça. Faria fue muerto el 29 de octubre de 1997, en Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Del mismo modo, tampoco se ha terminado de investigar quién colaboró con la fuga de Célio Alves de Souza, ex-soldado de la Policía Militar, condenado en junio de 2005 a 17 años y seis meses de prisión por su participación en el asesinato del empresario Domingos Sávio Brandão Lima Júnior. Alves de Souza huyó de la Penitenciaría Pascoal Ramos el 24 de julio de 2005, repitiendo así una situación ocurrida con otro acusado por el mismo crimen. Por otro lado, continúan sin castigo los autores intelectuales de varios crímenes contra profesionales de la radio y periodistas. En el mejor de los casos han sido encarcelados y condenados algunos pistoleros e intermediarios. Y aun así, estos logran eludir el castigo aprovechando algunos resquicios legales. En el caso del asesinato del periodista Samuel Román, ocurrido en abril de 2004, en Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul, el Tribunal de Justicia determinó que había indicios suficientes para encausar a Cleyton de Andrade Segovia, mas éste consiguió un habeas corpus y se dio a la fuga. Situaciones de agresión
contra la libertad de prensa: El 5 de mayo, el delegado Edson Costa, del 4º Distrito Policial de Curitiba, Paraná, irrumpió en las instalaciones de TV Iguaçu, armado, exigiendo hacer uso de su derecho de réplica en el programa periodístico “Tribuna en la TV”. Aparentemente, Costa se sintió afectado por una serie de reportajes que habían sido transmitidos a lo largo de toda la semana. Bastante nervioso, fue tranquilizado por el equipo de periodistas tras lo cual aceptó dejar el arma en una gaveta de la sala de redacción antes de ingresar al estudio. El material de Tribuna en la TV se basaba en una investigación realizada por la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Civil, el Núcleo de Protección del Niño y el Adolescente Víctimas de Crímenes (Nucria) y por la Promotora de la Infancia y la Juventud sobre la participación de efectivos policiales en un esquema de pedofilia, prostitución de menores y extorsión. El 5 de mayo, el periodista Lucio Flavio Pereira Vaz, reportero especial del diario Correio Braziliense, de Brasilia, fue sorprendido por una información publicada en el diario O Globo. En un reportaje sobre la Operación Sanguessuga realizada por la Policía Federal (PF), el diario reprodujo un diálogo interceptado por la PF el 23 de diciembre de 2005 entre el empresario Luiz Antônio Trevisan Vedoin y Francisco Machado Filho, asesor del diputado Nilton Capixaba (PTB-Rondônia), en el que los dos planeaban la muerte de Vaz. El delegado de la Policía Federal Tardelli Boaventura, de la Delegación Regional de Combate contra el Crimen Organizado de Mato Grosso, afirmó que el diálogo fue una conversación aislada. El 11 de mayo, el periodista Ricardo Ojedo, director de la sucursal del diario Diário MS y del sitio de noticias Perfil News de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, recibió amenazas por teléfono. Por ello, presentó su queja ante la Delegación Regional de la Policía Civil. Ojedo cree que fue amenazado en respresalia por la cobertura sobre el encarcelamiento de cinco concejales de la ciudad de Santa Rita do Pardo, acusados de asociación ilícita para delinquir y formación de una banda criminal. El 12 de mayo de 2006, agentes de seguridad del ex-gobernador de Rio de Janeiro Anthony Garotinho agredieron a la fotógrafa Marizilda Cruppe, del diario O Globo, cuando el político, que estaba en huelga de hambre, era transferido de la sede del partido PMDB en Rio de Janeiro hacia un hospital. A la salida de Garotinho, los agentes de seguridad arremetieron con violencia contra varios periodistas y agredieron a Marizilda, tomándola por el cuello, jalándola con fuerza y empujándola. En mayo, la reportera Maria Mazzei, del diario O DIA, de Rio de Janeiro, recibió amenazas de muerte luego de la publicación de una serie de notas bajo el título "La Mafia de los Cuerpos" sobre un fraude contra compañías de seguros de vida. El primer reportaje fue publicado el día 13 y condujo al arresto de dos personas involucradas en el golpe. La semana siguiente, Maria Mazzei fue amenazada por primera vez. Cuando denunció a un ex-oficial de la Marina Mercante, George Sarkis, un carro empezó a rondar la casa de la periodista y sus familiares recibieron llamadas telefónicas anónimas con nuevas amenazas. La empresa transfirió a la periodista y a su familia a un lugar seguro. En la madrugada del 18 de mayo, tres hombres armados y encapuchados irrumpieron en la sede del diario Imprensa Livre, en São Sebastião, ciudad en el litoral norte paulista. Se dirigieron a los talleres, en la parte posterior del local, ordenaron a los empleados a tirarse al suelo, rociaron gasolina a las prensas, la guillotina y a los ejemplares ya impresos y les prendieron fuego. Durante la invasión, los hombres gritaban que el diario ya no debía publicar más informes sobre el PCC (Primer Comando de la Capital), organización criminal responsabilizada por una serie de atentados en São Paulo. Sin embargo, el director del diario cree que la causa del atentado es más bien de índole política. Desde hace cerca de un año, el diario ha venido publicando denuncias sobre irregularidades cometidas por la administración municipal de São Sebastião. El día 28 de mayo, el periodista y ambientalista Vilmar Sidnei Demamam Berna, director de Jornal, de la Revista y del Portal do Meio Ambiente, recibió una llamada telefónica anónima en su casa en Niterói, Rio de Janeiro. Cuando la esposa de Berna contestó el teléfono, una voz de mujer le dijo que su esposo no pasaría de esa noche. El 20 de junio, en Paraíba, unos indios potiguaras destruyeron un carro del equipo de reportajes del canal de TV Cabo Branco, filial de Rede Globo, y mantuvieron de rehenes a dos personas en Rio Tinto (a 60 km de João Pessoa), además de un efectivo policial y un agente de seguridad de una fábrica de la región. Según la policía, la acción fue una respuesta al arresto de cuatro indios por la tala ilegal efectuada en el Parque Estatal de Mata do Rio Vermelho. El 11 de julio, el reportero Alexandre Araújo, del diario Estadão do Norte, de Rondônia, presentó una queja por recibir amenazas del alcalde de Ouro Preto do Oeste, Irandi Oliveira, por haber publicado una nota sobre la casación de su mandato. Al día siguiente de presentada la queja, recibió otra llamada con amenazas, que llegó a escuchar el propio oficial de la policía por el parlante del teléfono. El 18 de julio el periodista José Ursílio, jefe de redacción del Diário de Marília y de las estaciones de radio Dirceu AM y Diário FM, en Marília, São Paulo, solicitó protección para él y su familia y que las autoridades policiales y judiciales adoptasen las medidas necesarias contra la escalada de violencia y atentados iniciada con el incendio criminal del Diário, en setiembre del año pasado. Un día antes había sido capturado in fraganti un ensamblador de muebles que hizo dos disparos contra el conductor Almir Adauto Marcelo, quien habría sido confundido con el periodista. El 25 de julio, Rafael Luís, reportero de la sección deportes del diario O Povo, de Fortaleza, Ceará, recibió un puñetazo en el pecho propinado por un asesor de la presidencia del Ceará Sporting Club. El había publicado una nota sobre la disputa entre dirigentes del club y el atraso de los sueldos de jugadores y funcionarios. En junio, el reportero gráfico Mauri Melo ya había sido agredido por agentes de seguridad de la Companhia Energética do Ceará (Coelce). En agosto, Mauri Martinelli, columnista del semanario O Minuano, de Estância Velha, Rio Grande do Sul, fue atacado recibiendo cinco tiros. Martinelli cree que se trata de un atentado político, porque él venía haciendo críticas a la administración municipal en su diario. La directora del diario, Claudete Rihl, y la periodista Vera Fernandes también recibieron amenazas. El 12 de agosto, el reportero Guilherme Portanova y el auxiliar técnico Alexandre Coelho Calado, de la Rede Globo, fueron secuestrados en São Paulo por supuestos integrantes de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC). Los secuestradores exigieron que la emisora transmitiese un mensaje grabado por el grupo, el cual fue protagonista de actos violentos a gran escala en aquel Estado. El PCC liberó primero a Coelho Calado con el vídeo. Después de la transmisión de la cinta por el canal O Globo en el programa dominical Fantástico, Portanova fue puesto en libertad. El 24 de agosto, el reportero gráfico Wagner Santos, del Jornal Diário do Povo, de Teresina, Piauí, fue detenido por la policía que daba seguridad al Hospital Getúlio Vargas cuando estaba tomando fotos para un reportaje sobre la huelga de médicos residentes. Un oficial lo puso detrás de las rejas de la entrada del hospital y le dijo que iba a llamar un vehículo para llevarlo a la estación de policía. Los médicos pidieron que lo soltasen y los manifestantes comenzaron a empujar la reja. En medio de la confusión, el periodista logró escapar del local. El 30 de agosto, el camarógrafo José Antonio Aparecido Marciano, colaborador del Departamento de Periodismo de la Band, fue agredido cuando estaba dentro de una unidad móvil del equipo de reporteros, en la zona de la avenida Paulista, en São Paulo. El agresor rompió la ventana del carro y atacó a Marciano con una barra de fierro. El cineasta fue socorrido por el equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos y trasladado al Hospital de São Paulo. El 7 de setiembre, la Afropress –Agencia Afroétnica de Noticias– salió del aire por ataques de hackers racistas. Afropress comenzó a ser blanco sistemático de los ataques desde que reveló el nombre del primer acusado de practicar el racismo en la red. Además de ello, los periodistas de Afropress vienen siendo blanco de amenazas a su integridad física y personal. En materia de censura, se registraron los siguientes hechos: El 19 de mayo el semanario Folha do Amapá circuló con una edición de protesta contra el Partido Democrático Trabalhista (PDT), porque una decisión del Tribunal Regional Electoral del Estado determinó, a pedido del PDT, la suspensión de la edición electrónica número 571, difundida la semana del 12 de mayo. La censura fue una represalia por el reportaje: “Sólida despide, embauca y desaparece”, publicada en aquella edición, en la que el diario divulgaba los despidos en masa de los trabajadores de la empresa Sólida Mineração y hacía críticas al gobernador, miembro del PDT, por promesas incumplidas. Folha está ligada al ex-gobernador João Capibaribe (PSB). El juez auxiliar Anselmo Gonçalves da Silva ordenó que la edición en línea fuese retirada del aire y estipuló una multa de R$ 5.000,00 en caso el diario desacatara la orden. En agosto, la jueza Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva, de la Comarca de Ouro Preto, Minas Gerais, determinó la confiscación de la novena edición de la revista Observatório Social, atendiendo a una acción del Ministerio Público del Estado. La revista traía una nota titulada “La Edad de Piedra”, con denuncias sobre empresas mineras de la región de la Mata dos Palmitos que usarían mano de obra infantil para recolectar rocas de yeso. El reportaje fue publicado el mes de marzo y, según los periodistas del Observatório, tuvo una repercusión muy fuerte en el exterior. El 27 de agosto de 2006, el juez Roberval Casemiro Belinati, del Tribunal Regional Electoral del Distrito Federal, Brasília, prohibió a los medios de comunicación revelar el contenido y la existencia de la grabación de una conversación entre dos políticos. El 30 de agosto, agentes de la Policía Federal invadieron la sede del semanario Hoje, en Belo Horizonte, Minas Gerais, y de la imprenta gráfica Verdade, en Ribeirão Preto (SP), donde se imprime el diario, para confiscar las computadoras. La periodista Joseti Alves, directora del diario, dijo que los fiscales del Ministerio Público la acusan de la comisión de delito electoral por diseminar informaciones sobre irregularidades en la utilización de recursos públicos involucrando a un diputado federal, un ex-ministro y fiscales locales. El 23 de mayo de 2006, el diario Correio do Estado, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fue castigado con dos dictámenes del tribunal local por el noticiero divulgado a fines del 2005. Las noticias daban cuenta de la acción promovida por el Ministerio Público Federal contra el ex alcalde de la ciudad, André Puccinelli, candidato del PMDB al gobierno del Estado. Según el Ministerio Público, Puccinelli había violado la ley electoral en la época en que era alcalde de Campo Grande. Puccinelli trató de acogerse al Derecho de Réplica en relación a cuatro temas. El pedido fue inicialmente denegado, pero en un segundo intento la 3ª. Sala Penal de Campo Grande se lo concedió. La jueza Cíntia Letteriello determinó que el diario publicase en un mismo día, el 23 de mayo de 2006 – cuatro textos por Derecho de Réplica. El 29 de mayo de 2006, el diario O Globo, de Rio de Janeiro, fue castigado por la Justicia del Estado por publicar notas sobre el escándalo de las ONGs que recibieron dineros públicos y apoyaron la pre campaña presidencial del ex-gobernador Anthony Garotinho. Un su dictamen preliminar, antes de juzgar el mérito de la acción, la corte determinó que el diario publicase el Derecho de Réplica, pero el texto que O Globo fue obligado a divulgar, el 29 de mayo, fue casi diez veces mayor que el de la supuesta ofensa. El 25 de setiembre de 2006, el diario Gazeta do Povo, de Curitiba, Paraná, publicó en primera plana una denuncia sobre el pedido de levantamiento del secreto telefónico de periodistas, presentado por el gobernador licenciado Roberto Requião (PMDB), candidato a la reelección en octubre. El pedido habría sido tramitado por el departamento legal de la coalición Paraná Forte (de la cual el gobernador es parte) ante la Inspectoría General del Ministerio Público de Paraná e incluyó el levantamiento del secreto telefónico de los periodistas Caio Castro Lima, Karlos Kohlbach y Celso Nascimento, de la Gazeta do Povo, así como de Mari Tortato, de la Folha de S. Paulo. El motivo fue una serie de reportajes publicados en los dos diarios sobre el arresto del oficial de la policía Délcio Rasera, que se presentaba como asesor de Requião y que estaría ligado a la Casa Civil, siendo acusado de realizar ilegalmente interceptaciones telefónicas.
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