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57 Asamblea General
Washington, D.C.,octubre 12-16, 2001
CANADA
Se han registrado numerosos incidentes de repercusiones
contra reporteros, incluyendo violencia o amenazas por ciudadanos que se sienten
afectados. También se ha registrado un número cada vez mayor de
incidentes en los cuales se ha detenido a periodistas mientras cubrían
manifestaciones públicas, a pesar de que se identificaban claramente
como miembros de la prensa.
La ley canadiense prescribe las libertades de expresión y de prensa y
el gobierno respeta, en la práctica, esos derechos. Sin embargo, la Corte
Suprema ha dictaminado que el gobierno puede limitar la libertad de expresión
en aras de objetivos tales como evitar la discriminación, garantizar
la armonía social o promover la igualdad entre los sexos. La Corte falló
que los beneficios de limitar expresiones de odio racial y de promover la igualdad
bastan para superar la cláusula referida a la libertad de expresión
en la Carta de Derechos y Libertades.
En junio de 2001, el comisionado de información federal acusó
al primer ministro y a sus funcionarios de más alto rango de subvertir
la Ley de Acceso a la Información, un estatuto federal. Una acusación
similar fue formulada por el comisionado de información de Ontario. Para
los próximos meses se espera un informe de un grupo de trabajo federal
sobre reformas a la Ley de Libertad de Información.
Las restricciones a la capacidad de la prensa de informar sobre actividades
policiales referidas a la obtención de órdenes de allanamiento
han creado obstáculos para la prensa. En aquellos casos en los que se
han formulado cargos, ahora constituye un delito publicar o divulgar la ubicación
de un allanamiento o la identidad de aquellos vinculados con el lugar o el delito
bajo el cual se emitió la orden de allanamiento, a no ser que se obtenga
el consentimiento de todas las partes involucradas. Además, el acceso
y divulgación de información relacionada con una orden de allanamiento
puede prohibirse, si se aduce que los fines de la justicia serían subvertidos
por la divulgación o que la información podría utilizarse
para un fin impropio.
La garantía constitucional de libertad de prensa ha aumentado la capacidad
de los medios canadienses de proteger el derecho de acceso a procedimientos
judiciales. Hasta ahora, sin embargo, esa garantía no ha permitido a
los medios canadienses ampliar de manera señalada la protección
disponible bajo las leyes canadienses de libelo-que son mucho menos favorables
a los medios demandados. Conforme la garantía, ha aumentado el acceso
a procedimientos judiciales e información gubernamental y los medios
canadienses están en capacidad de desafiar nuevas leyes consuetudinarias
y promulgadas por el parlamento referidas a, entre otras cosas, el respeto a
la intimidad personal.
A los periodistas se les excluye ocasionalmente de informar sobre algunos detalles
específicos de casos judiciales mientras no haya concluido el juicio
y esas restricciones, instituidas para garantizar el derecho de un encausado
a un juicio imparcial, gozan de amplio respaldo popular. Se han impuesto algunas
restricciones sobre los medios en casos de censura cinematográfica a
nivel provincial, códigos implementados voluntariamente por medios electrónicos
para limitar la difusión de imágenes de violencia y por leyes
en contra de literatura racista o de la pornografía.
La carta de derechos y libertades garantiza las libertades de expresión
y de prensa, pero tanto el código penal como las leyes sobre derechos
humanos han establecido límites. Incitar al odio racial o al genocidio
es un delito. La Corte Suprema ha fijado criterios muy estrictos en tales casos,
al especificar que debe comprobarse que los hechos se efectuaron de manera voluntaria
y en público. La Ley de Radiodifusión, que prohíbe la difusión
de programas que contengan cualquier comentario ultrajante que exponga a individuos
o grupos al odio racial o a prejuicios, no ha sido demandado aún ante
los tribunales.
El gobierno federal desistió de buscar la aprobación de una nueva
cláusula en la ley de elecciones en Canadá para prohibir la divulgación
de publicidad y de sondeos de opinión en las 24 horas previas a una elección.
Tal iniciativa pretendía reavivar la prohibición electoral de
72 horas que la Corte Suprema anuló en 1998.
La censura de publicaciones puede ordenarse por medios legales establecidos
o de conformidad con el derecho consuetudinario. Un fallo de la Corte Suprema
de Canadá ratificó que la censura de publicaciones debe de ser
consecuente con la Carta y que los medios, como parte interesada, tienen el
derecho de recibir notificación previa de toda solicitud de censura de
publicaciones y tienen el derecho inherente de desafiar esas censuras. Los tribunales
ordenan ahora, de manera rutinaria, la notificación previa a los medios
junto con las solicitudes y un par de provincias están trabajando en
la institución de sistemas que garanticen que se notifica a los medios
de la aprobación de censuras de publicaciones.
El derecho a que se respete la intimidad personal es un nuevo tema legal en
Canadá. Hasta la fecha hay pocos antecedentes jurídicos sobre
el tema, con leyes relacionadas a los casos que surgen, primordialmente, en
aquellas provincias que han sancionado leyes que protegen el respeto a la intimidad
personal.
La Asociación Canadiense de Libertades Ciudadanas ha protestado por la
vigencia de la ley de Servicios Canadienses de Inteligencia y Seguridad, que
faculta a los organismos policiales y de seguridad a interceptar y leer mensajes
de correo electrónico, interceptar y grabar conversaciones privadas e
inmiscuirse en información de carácter confidencial sin que medie
previa orden judicial.
También, el gobierno federal sancionó hace poco la ley de Protección
a la Información Personal y los Documentos Electrónicos. Su finalidad
es imponer restricciones al uso de información personal, a fin de proveer
a "los canadienses el derecho de respeto a su intimidad personal.
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