58 Asamblea General Lima, Octubre 26-29, Perú

CANADA

Durante el segundo semestre de 2002, la libertad de expresión se ha visto afectada por decretos judiciales e iniciativas legislativas, especialmente en el campo del acceso a la información gubernamental.
En agosto, la Asociación Canadiense de Periodistas (CAJ) protestó por un aumento en las tarifas para la obtención de copias de los registros públicos, al amparo de la Ley sobre Libertad de Información y Protección a la Privacidad en la provincia de Nueva Escocia.
La CAJ declaró que la acción adoptada por el gobierno de Nueva Escocia representaba un ataque sin precedentes al derecho del público a tener acceso a aquella información en poder del gobierno que afectaba sus vidas.
La organización periodística informó que, cinco meses luego que los políticos provinciales del partido conservador habían impuesto las tarifas de acceso más altas en todo Canadá, la cantidad de solicitudes de información pública se había reducido dramáticamente. El presidente de la CAJ, Robert Cribb, manifestó que “la notable reducción en los pedidos de acceso a la información seguramente generará un suspiro de alivio entre los conservadores de Nueva Escocia, quienes saben que, ahora, sus acciones están a mejor recaudo del público”.
Varias organizaciones de los medios de comunicación se unieron para protestar por una propuesta del gobierno federal que, en respuesta al terrorismo mundial, sugería la creación de una amplia base de datos omnisciente con información personal sobre todos los canadienses que realizaban viajes aéreos. Supuestamente, el gobierno está preparando la base de datos con información sobre todos los viajes aéreos realizados en los últimos seis años, incluyendo detalles tales como lugares de destino, acompañantes, modalidad de pago del pasaje aéreo, duración de la estadía, cantidad de equipaje y hasta alimentos preferidos.
Recientemente, un juez permitió que dos organizaciones de medios noticiosos se unieran para recusar legalmente una orden de allanamiento y una orden complementaria contra el National Post por parte de la Policía Montada del Canadá, en virtud de la cual el director del diario debía entregar a la policía algunos documentos enviados al diario durante el año pasado. La recusación legal interpuesta por el National Post busca defender el derecho del periodista a comunicarse con fuentes confidenciales.
La orden judicial que permitía a The Globe and Mail y CBS ser parte de la mencionada recusación legal fue descrita por la organización Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión como un “alentador avance en la lucha por la libertad de prensa”.
En junio, la Corte Suprema de Canadá desestimó una apelación interpuesta por el gobierno provincial de Nueva Escocia contra un fallo que ordenaba la divulgación de información sobre las decisiones del gabinete. Las organizaciones de prensa aclamaron el dictamen como una victoria en la lucha por el acceso a la información.
Una abrumadora mayoría de canadienses desean que el gobierno federal proteja la libertad de expresión en los medios y solucione el asunto relacionado con la concentración de propiedad, según una encuesta de opinión realizada a nivel nacional y divulgada en julio. La encuesta fue realizada por el Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones, Energía y Prensa de Canadá, el más grande del país, 12 días después que el editor de Ottawa Citizen, Russell Mills, fuera despedido por escribir un editorial donde exigía la renuncia del Primer Ministro Jean Chrétien.
Según la encuesta, la mayoría de los canadienses considera que los propietarios de los medios ejercen demasiado control sobre el contenido de las noticias y editoriales en los diarios y estaciones de radio y televisión del país, y que el problema de la concentración de los medios justifica una acción por parte del gobierno federal.