Reunión de Medio Año San Salvador, Marzo 21-24 El Salvador

CANADA

Las organizaciones periodísticas canadienses saludaron el anuncio hecho por la Agencia de Aduanas y Rentas (CCRA) de Canadá sobre el desaduanaje de un embarque de cintas de vídeo antibelicistas que fue “retenido” a principios de marzo. Sin embargo, expresaron su preocupación sobre el hecho de que las cintas hubiesen sido confiscadas en un primer momento.
“Los canadienses tienen el derecho de esperar que la CCRA no se convierta en un filtro a través del cual se tamice el debate político. El gobierno federal debería revisar las operaciones de la CCRA con el fin de asegurarse de que ésta no se convierta en un censor político”. El largometraje antibelicista “Lo que he aprendido sobre la Política Exterior de EE.UU”, de dos horas de duración, del productor norteamericano de documentales Frank Dorrel, fue confiscado por la Aduana canadiense a principios de marzo. Gran parte de la película contiene extractos de informes noticiosos transmitidos con anterioridad. Dorrel también manifestó que ya anteriormente había enviado más de 1.000 copias de la cinta a Canadá.
Defensores de la libertad de expresión en Canadá protestaron el pasado mes de febrero contra el proyecto de Ley C-20 –ley que enmienda el Código Penal (protección de la niñez y otras personas vulnerables) — actualmente en debate en la Cámara de los Comunes, por considerarlo un grave ataque directamente en contra de la libertad de creación.
Al sustituir el existente recurso que se basa en el mérito artístico para defenderse contra los cargos de pornografía infantil, por un aún no definido concepto de bien público, el proyecto de Ley C-20 extiende demasiado sus redes en su bien intencionado propósito de prevenir el abuso infantil, ya que, si se enmienda el Código Penal tal como lo propone dicho proyecto de ley, éste quedaría sujeto a absurdas aplicaciones.
La existencia de “motivos irrelevantes” podría permitir la confiscación de fotos de familia. Además, con la disposición del derecho consuetudinario en el sentido de que “los motivos del acusado son irrelevantes”, el proyecto de ley podría, por ejemplo, permitir la confiscación de cualquier álbum familiar que contenga fotografías de bebés desnudos y el procesamiento judicial de los fotógrafos de la familia.
Asimismo, los grupos defensores de la libertad de expresión manifiestan su preocupación por la redacción del referido proyecto de ley, ya que comprendería en su excesivamente amplia red tanto a los adultos que crean obras para su propio uso, como a los adolescentes entre los 14 (la edad legal para el consentimiento sexual) y los 18 años (la edad en la que ya no hay restricciones para los actos sexuales) que optan por efectuar diferentes tipos de registros de su propia actividad sexual legal. Si bien el derecho de los quinceañeros a grabar sus relaciones sexuales realmente no es algo que debamos celebrar, tampoco consideramos que si un adolescente decide hacerlo, éste deba ser sujeto a encausamiento.
En febrero, los funcionarios de Aduanas siguieron confiscando libros. A pesar del dictamen de la Corte Suprema de Canadá emitido en el año 2000 en el caso de la librería Little Sister de Vancouver, donde se estipulaba que la Aduana canadiense debe demostrar dentro de un plazo de 30 días que el libro, revista o vídeo importado es obsceno, ésta no ha cesado en su accionar, ni lo ha justificado ni demostrado su coherencia. En su dictamen, la Corte Suprema cambió la exigencia para el importador de demostrar que el material importado no es obsceno, pasándola a Aduanas de Canadá, la cual ahora tiene que demostrar que sí lo es. Como resultado de las continuas confiscaciones, Little Sister’s volverá a los tribunales para retomar su vieja lucha contra la censura.
En diciembre los medios canadienses exigieron que se permitiera a los periodistas estar presentes en las audiencias preliminares de Robert William Pickton, acusado de cometer asesinatos en serie.
“Sería una seria afrenta al derecho a saber de los canadienses así como al principio de una prensa libre, si se concede la petición de realizar las audiencias a puerta cerrada,” manifestó Joel Ruimy, Director Ejecutivo de la asociación Periodistas Canadienses a Favor de la Libertad de Expresión.
Pickton, acusado de asesinar a 15 mujeres, fue citado para comparecer el lunes a una audiencia preliminar con el fin de determinar si existen suficientes evidencias para llevar el caso a juicio. Generalmente se prohíbe la publicación de notas sobre este tipo de audiencias para evitar influenciar a los posibles miembros del jurado. Pero sí se permite a los periodistas asistir a las audiencias preliminares y recabar información que los ayude a cubrir un eventual juicio. Sin embargo, el temor es que algunos medios fuera de Canadá ignoren la prohibición y publiquen detalles de la audiencia.
En noviembre pasado, los defensores de la libertad de expresión condenaron la decisión de la policía de Toronto de recurrir a una orden judicial para confiscar material noticioso sin editar del programa “W-5” de CTV.
Ellos sostuvieron que “los periodistas trabajan para mantener al público informado y no para prestar servicios gratuitos de investigación a la policía – servicios que ésta es capaz de realizar por su propia cuenta”.
Está en discusión un vídeo grabado en la cárcel por W-5 sobre una entrevista a Salim Danji, quien espera ser juzgado en relación con un caso de supuesto fraude financiero. El lunes, la policía confiscó las cintas de toda la entrevista de una hora y media de duración, la cual todavía no había salido al aire.
La policía no había visto la entrevista, por lo cual no podía conocer su contenido. Sin embargo, obtuvieron la orden judicial diciéndole al juez que el material podría ayudarlos en sus investigaciones.
Los medios protestaron aduciendo que la confiscación era una expedición de pesca y que ponía en peligro la posibilidad de que los periodistas pudiesen conseguir material periodístico en el futuro, ya que las fuentes bien podrían llegar a la conclusión de que cualquier entrevista que concedan a los medios puede terminar en manos de la policía.
Los defensores de la libertad de expresión observaron que en los últimos dos años han sido seis las veces que a lo largo y ancho de Canadá, las fuerzas policiales, con el apoyo de los tribunales, han tratado agresivamente de confiscar cintas de vídeo, notas, fotografías y demás material obtenido por los periodistas. Esto sugiere que la policía ha llegado a considerar a los medios como sus asistentes investigativos, ya que les resulta más fácil apoderarse del material periodístico que realizar sus propias investigaciones.
El Diario de Hoy denunció que a uno de sus periodistas que quiso viajar a Canadá en busca de pruebas contra una empresa involucrada en una investigación de multimillonaria corrupción edil relacionada con el tratamiento de basura en 10 municipalidades gobernadas por el FMLN, se le entorpeció, durante dos días, su visado.
La compañía Gleaner, de Jamaica, denunció que tienen restricciones para continuar con la publicación de un semanario, debido a que las autoridades insisten en aplicar la ley por la cual los extranjeros no pueden ser dueños de medios de comunicación en el país.