Reunión de Medio Año Los Cabos Marzo 12 al 15,2004 México

CANADÁ

En los últimos meses Canadá ha tenido buenas y malas noticias con respecto al derecho que reclaman los periodistas a proteger sus fuentes noticiosas, hechos que The Globe and Mail de Toronto calificó de “victoria histórica y atroz asalto” en los anales de la libertad de prensa.
Las malas noticias se referían a una incursión intimidatoria perpetrada por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) a la casa y la oficina de Juliet O’Neill, reportera del diario Ottawa Citizen, en la ciudad capital, Ottawa. Provistos de una orden de cateo, los oficiales de la policía buscaban ubicar la fuente de filtración de una información gubernamental sobre el caso de Maher Arar, un ciudadano canadiense de origen sirio que fue deportado a Siria por las autoridades de los Estados Unidos en 2002 y que regresó a Canadá en octubre de 2003.
Las incursiones efectuadas el 21 de enero ocurrieron luego de que O’Neill publicó un artículo el 8 de noviembre del 2003 en el que sostenía que la RCMP había vinculado a Arar con la organización terrorista Al-Qaeda, un alegato que Arar ha negado.
El allanamiento, en el que la RCMP confiscó los cuadernos de notas, archivos informáticos y libretas de direcciones de O’Neill, se llevó a cabo al amparo de la Ley de Seguridad de la Información, aprobada en Canadá luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Dicha ley prohíbe la posesión o distribución de documentos secretos del gobierno, por lo cual tanto O’Neill como su periódico podrían enfrentar cargos penales.
El Instituto Internacional de la Prensa calificó los allanamientos de la casa de O’Neill y de las oficinas del diario en el centro de la ciudad como “una flagrante violación del derecho de las personas a ‘buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio y sin consideración de frontera alguna’”, consagrado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Asociación Canadiense de Diarios anunció que, como resultado del incidente, asumiría “un rol de liderazgo en la búsqueda de un punto de equilibrio entre el derecho que tiene el público a saber y el interés del gobierno en prevenir la divulgación de ciertos tipos de información”.
En el frente de la confidencialidad profesional, la buena noticia fue que la Jueza de la Corte Superior de Ontario, Mary Lou Benotto, emitió un dictamen sin precedentes en un caso aparte, el mismo día de las incursiones antes mencionadas. En él, la jueza declaró que los medios noticiosos gozan de un status constitucional especial en Canadá y que la protección constitucional debe entenderse de modo tal que incluya la confidencialidad de las fuentes de los reporteros.
“Las fuentes confidenciales son esenciales para el efectivo desenvolvimiento de los medios en una sociedad libre y democrática”, dijo la Jueza Benotto.
El dictamen se refería a un caso en el que estuvo involucrado un reportero del National Post, quien había recibido documentos confidenciales que supuestamente revelaban unas transacciones financieras del entonces Primer Ministro Jean Chrétien, quien dijo que los documentos eran fraguados.
En otro tema relacionado con la libertad de expresión, el gobierno provincial de Ontario presentó un total de 98 cargos penales y una querella civil contra el autor canadiense Stephen Williams, cuya vivienda fue allanada por la policía en más de una ocasión. La primera vez fue en mayo pasado, cuando lo arrestaron y tuvo que pasar la noche en prisión. En sus escritos, Williams había criticado duramente la labor de la policía de Ontario, los fiscales públicos y la Fiscalía General. Según informes procedentes de Toronto, las incursiones fueron calificadas como expediciones de pesca realizadas por la policía con el fin de determinar si Williams se había basado en lo manifestado por fuentes confidenciales y, de ser así, averiguar quiénes eran dichas fuentes.