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CANADÁ La policía de Hamilton ha invocado una norma del Código Penal llamada orden de presentación, para tratar de obligar al reportero Hill Dunphy, del Hamilton Spectator, a que entregue sus notas de entrevistas que hizo a un conocido cabecilla criminal entre el 2001 y el 2005. El diario está peleando la orden. El dispositivo del Código Penal canadiense, promulgado en septiembre del 2004, permite a un juez ordenar a una persona entregar a la policía cualquier documento relacionado con una investigación. La ley se aplica a periodistas y al producto de su trabajo. Las multas por no cumplir con el dispositivo ascienden hasta 250 mil dólares canadienses (US$218,000), seis meses de prisión, o ambos. Según The Hamilton Spectator, ésta es la primera vez que un medio se ve sometido a este nuevo dispositivo legal. La policía quería obtener las notas que Dunphy tomó durante unas entrevistas que le hizo a Paul Gravelle, convicto por tráfico de drogas, como parte de su investigación de los asesinatos de la abogada Lynn Gilbank y el esposo de ésta, Fred, en el área de Hamilton. No se le han imputado cargos a Paul Gravelle en este caso. Pero su hermano menor, André, y otro hombre, han sido acusados de homicidio. La policía canadiense ha estado tratando sistemáticamente de tener acceso a las notas periodísticas, fotografías y cintas presentando solicitudes ante la corte, pero ésta es la primera vez que se recurre a una orden de presentación contra un periodista, manifestó Brian Rogers, abogado del Spectator para este caso. “Cada vez que la policía trata de comprender a un periodista como parte de un equipo de investigación, uno se tiene que preocupar”, manifestó. “La realidad es que los periodistas no van a ser vistos como independientes y cualquier fuente va a temer que lo que diga pueda terminar en manos de la policía”. En los últimos años se está implantando una tendencia en Canadá, con numerosos intentos por conseguir información confidencial en poder de periodistas. En diciembre del 2004, otro periodista del Hamilton Spectator, Ken Peters, fue multado con más de $30,000 por rehusarse a revelar una fuente confidencial, pero se libró de ir a prisión cuando su fuente decidió dar la cara. Peters tuvo la suerte de no ir a la cárcel por realizar su trabajo. En el 2004, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) allanó la casa y la oficina de Juliet O'Neill, reportera del Ottawa Citizen por unas notas que escribió sobre el caso de Maher Arar, en las que citaba información procedente de fuentes de seguridad confidenciales. Ese mismo año, un juez de
Ontario halló culpable de desacato al veterano reportero del Spectator,
Ken Peters, por negarse a obedecer una orden judicial que lo obligaba a identificar
a la persona que estuvo presente en una reunión en 1995 en la que Peters
recibió documentos muy importantes. En septiembre del 2002, la RCMP trató
de confiscar documentos filtrados a un reportero del National Post sobre un
préstamo controvertido otorgado a un hotelero de Quebec del distrito
electoral del ex primer ministro Jean Chretien. Al mes siguiente, oficiales
de la policía de Toronto confiscaron cintas de video de CTV News sobre
una entrevista a un hombre en la cárcel acusado de fraude en unas inversiones. En marzo del 2001, la policía de Halifax requisó cintas de audio de una sala de redacción de Canadian Press, que contenían una entrevista a un asesino convicto. En enero de ese mismo año, la policía requisó unas cintas en las que un periodista de televisión de Edmonton había grabado una entrevista. El mes anterior, Rob Tripp, reportero del Kingston Whig-Standard, fue obligado a entregar sus notas y atestiguar en una audiencia preliminar. Algunas asociaciones defensoras de la libertad de prensa expresaron su preocupación por el despido intempestivo de dos editores principales de la revista Canadian Medical Association Journal (CMAJ) el 20 de febrero de este año. Las asociaciones pidieron al Colegio Médico Canadiense, que publica la revista, aclarar su posición sobre la independencia editorial en las páginas de la CMAJ. El director de la CMAJ, Dr. John Hoey, y la sub directora Anne Marie Todkill fueron despedidos luego de que la revista publicó una nota en la que se criticaba la forma en la que algunas farmacias estaban vendiendo Plan B, una píldora anticonceptiva de emergencia. El problema se agravó cuando el editor de noticias de la CMAJ, Stephen Choi y su coeditora Sally Murray presentaron su renuncia el 28 de febrero.
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