58 Asamblea General Lima, Octubre 26-29, Perú

CHILE

En este período, se realizaron modificaciones legales a favor de la libertad de expresión.
En atención a la existencia de diversos problemas no resueltos por la ley 19.733 sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, vigente desde el 4 de junio del 2001, el Gobierno anunció su propósito de enviar al Congreso un proyecto de ley destinado a resolverlos en su conjunto. Ellos se referían a la protección de la intimidad y de la honra de las personas, tanto desde el punto de vista penal como civil, así como a la subsistencia de modalidades muy criticadas de protección especial para personas constituidas en dignidad, como el desacato. Atendibles consideraciones acerca de las dificultades que encararía en su transmutación parlamentaria un proyecto de ley de esa naturaleza, aconsejaron enviarlo por separado al Congreso para eliminar del ordenamiento la figura del desacato. Para ello, el Gobierno preparó un proyecto que modifica diversos artículos de los códigos Penal y de Justicia Militar, que fue enviado el 26 de agosto a la Cámara de Diputados (boletín 3048-07) y del que se dio cuenta en la Sala, en primer trámite constitucional, y que está en la tabla de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sin que haya sido aún tratado.

En el mensaje que acompaña al proyecto, se indica que “la figura del desacato aún vigente en nuestro país, que sanciona penalmente la expresión que insulta u ofende a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, no parece constituir una restricción legítima al ejercicio de la libertades de pensamiento, opinión e información... No cabe duda que la persistencia de estas normas en Chile ha derivado en un privilegio sin fundamento establecido a favor de ciertas personas…”
El proyecto deroga el Art. 263 del Código Penal (sanciona las injurias contra el presidente de la República, la Cámara de Diputados, el Senado o las comisiones de ambos cuerpos legales), eliminando la figura del desacato en la parte relativa a las ofensas y privacidad.
En junio del 2002, se dio a conocer una nueva política comunicacional del Presidente de la República sobre la cobertura de las visitas a predios presidenciales, la cual fue restringida a sólo algunos medios de comunicación. La medida fue de inmediato objetada por la Asociación Nacional de la Prensa y por el Colegio de Periodistas, argumentándose que, en un estado de derecho, las autoridades deben asegurar el acceso a las fuentes en condiciones de igualdad. La nueva medida fue de inmediato revocada por la Presidencia. En julio, la presidencia de la Cámara de Diputados estableció un sistema para regular el acceso a sus dependencias de los periodistas que no estuvieran permanentemente asignados a la cobertura de las actuaciones parlamentarias. Este sistema suponía un aviso previo a la Cámara y la prohibición de ingreso a diversos lugares de la misma, entre ellos la cafetería. La ANP sostuvo que tales restricciones comprometían “la transparencia informativa de esa rama del Congreso” y atentaba “contra la libertad de información”. Finalmente, la Cámara modificó esa regulación.
La presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, querelló al director responsable de El Mercurio, Juan Pablo Illanes, por el presunto delito de injurias cometido a través de un editorial de dicho diario del 28 de noviembre del 2001. En el curso de este año, fueron citados a declarar ante el tribunal numerosos integrantes del consejo de redacción del diario. Concluido dicho trámite, la parte querellante solicitó que fueran citados a declarar otros colaboradores, a lo que se negó el tribunal. Como consecuencia de ello, la querellante apeló esa resolución, no registrándose nuevos avances en el juicio.
El 15 de octubre del 2002, el subdirector de contrainteligencia de la Fuerza Aérea de Chile querelló contra Alberto Luengo, director del diario La Nación, por los presuntos delitos
de calumnias e injurias graves que se habrían cometido por una publicación aparecida el 13 de ese mes, relativa a actuaciones de oficiales de dicha rama de la defensa.