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En un vuelco favorable a la libertad de prensa, el Poder Ejecutivo renovó el 20 de marzo el carácter de urgencia de un proyecto de ley que eliminaría el delito de desacato que sanciona la legislación penal, urgencia que había dejado de lado semanas atrás y que había despertado gran controversia con las organizaciones de prensa. El 20 y 21 de noviembre el diario El Centro de Talca publicó un reportaje periodístico sobre presuntas irregularidades cometidas por un médico de la ciudad de Constitución, consistentes en la percepción mensual de remuneraciones sin concurrir a cumplir sus deberes laborales y en la imposibilidad de ejercer como cirujano por adolecer de deficiencias de orden psíquico. El médico referido se querelló contra el director y dos periodistas del diario El Centro y contra tres médicos. Al no haberse logrado una conciliación entre los intervinientes, se inició este juicio con fecha 7 de marzo del 2003 en el Tribunal de Garantía de Talca, aplicándose por primera vez el nuevo procedimiento penal que establece la legislación, a una causa en que es parte un medio de comunicación social.- Tras los alegatos de apertura, la recepción de la pruebas y los alegatos de clausura, el Tribunal determinó, el 14 de marzo, la integra absolución de los querellados, por no haber logrado, “más allá de toda duda razonable, adquirir la plena convicción de que las publicaciones recriminadas tuvieren un propósito exclusivo de menos cabo profesional o personal del querellante, con supresión de un afán informativo respecto de una determinada situación en la que detentaba un rol activo y público”. En la actualidad existen proyectos de ley en discusión parlamentaria que contienen amenazas para la libertad de expresión estando relacionados con la privacidad de las personas - sobre todo las que tienen carácter público - y la cobertura por internet del delito de pedofilia, aunque ello no afecta a periodistas. Sigue en tramitación ante los Tribunales de Justicia
una querella contra el director responsable de El Mercurio Juan Pablo Illanes,
por el presunto delito de injurias que se habría cometido por medio de
un editorial de dicho medio de comunicación publicado el 20 de noviembre
del 2002.
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