CHILE
Informe ante la 62ª Asamblea General
Ciudad de México, México
29 de Septiembre - 3 de Octubre, 2006


Durante este período, la prensa ha podido desempeñar sus actividades sin trabas de consideración, aunque se destacó una actitud prescindente del Gobierno ante el proyecto de ley sobre protección de la privacidad, la honra y la propia imagen. El proyecto fue enviado al Senado, en segundo trámite constitucional, pero no ha tenido avance alguno. Para los medios informativos dicha normativa es esencial, porque debiera contribuir a aclarar aspectos muy importantes vinculados a la indemnización de perjuicios y, además, debiera modificar el artículo 161-A del Código Penal, que en la actualidad, y en forma técnicamente muy inadecuada, sanciona las intromisiones en la privacidad.

Con motivo de la desaparición de una revista y un diario vinculados ideológicamente a sectores de la combinación de gobierno, algunos diputados han planteado con insistencia la necesidad de adoptar políticas públicas para ordenar el mercado de la publicidad. Se sostiene que las asignaciones de fondos destinados a tal fin no se compadecen con el tiraje real y con la lectura objetiva de un medio determinado, y se ha agregado que el propio Estado distribuye su publicidad “inspirado en cuotas político-empresariales e ideológicas”. Como consecuencia de estas denuncias la Cámara de Diputados acordó formar una comisión investigadora de la forma en que se distribuye la publicidad oficial. La Comisión comenzó a trabajar este mes y está citando a personas vinculadas a la actividad.

Un anteproyecto de ley sobre el Estatuto del Periodista, elaborado por el Colegio de Periodistas, contiene la cláusula de conciencia unida al derecho de autor, figura que había sido rechazada cuando se tramitó la Ley de Prensa. El anteproyecto, que en gran parte repite definiciones contenidas ya en la Ley de Prensa, sostiene que los derechos de autor del trabajo periodístico son inalienables e independientes del propietario del medio y que, sin perjuicio del derecho de éste a fijar su propia línea editorial, debe respetarse la cobertura hecha por los periodistas de acuerdo a las normas técnicas y éticas de la profesión. El ministro Secretario General de Gobierno ha manifestado disposición del Ejecutivo a apoyar dicha iniciativa.

El 7 de agosto del 2006 se dictó una sentencia que condena a la Empresa Periodística El Centro S.A. y al director del diario El Centro, editado por aquélla, a pagar 20 millones de pesos a título de indemnización de perjuicios por daño moral a favor de una mujer víctima de un delito de violación. Este delito fue cometido en la ciudad de Constitución en marzo del 2003, y la información sobre la sentencia dictada por el Tribunal Oral de Talca fue dada a conocer por el diario en la edición del 27 de enero del 2004 mencionando el nombre de la víctima. El fallo se basa en la infracción al artículo 33 de la Ley de Prensa, que prohíbe la divulgación de la identidad, entre otras, de las víctimas del delito de violación. En este caso la víctima no pidió que el medio fuera sancionado con la multa a que alude el propio artículo, sino que, más tarde, inició un juicio civil de indemnización de perjuicios. Cabe advertir de que el nuevo Código Procesal Penal, aplicado con posterioridad a la Ley de Prensa, cambió radicalmente la justicia criminal, siendo ahora sus bases la inmediatez, la oralidad y la publicidad. La audiencia del juicio oral es, por consiguiente, pública, y sólo a petición de parte y por resolución fundada del juez se pueden adoptar medidas para proteger la intimidad, el honor y la seguridad de las personas implicadas. En este caso tal solicitud no se hizo, y el periodista obtuvo los antecedentes del caso de la propia audiencia. La sentencia aludida fue apelada y la decisión de segunda instancia está pendiente.

Con motivo de la multa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros al director y propietario del diario Estrategia, por informaciones publicadas en éste que fueron estimadas falsas y tendenciosas por ese organismo regulador, la Asociación Nacional de la Prensa solicitó al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social un dictamen sobre buenas prácticas en materia de información económica. Un resumen de este dictamen y de un extenso anexo que lo acompañó fue publicado por los diarios afiliados a esa organización los días 16 y 17 de agosto del 2006, y se aspira a que sirva de base a los códigos de conductas que cada diario, según su propia realidad, debiera elaborar para asegurar la calidad de la información económica.