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COLOMBIA Los directores de los periódicos Hoy Diario del Magdalena, El Universal, La Tarde de Barrancabermeja y Vanguardia Liberal denunciaron ser objeto de amenazas e intimidaciones por algunos miembros de organismos del Estado, funcionarios públicos y particulares. Treinta periodistas en diversas regiones del país reportaron amenazas contra sus vidas, especialmente en los departamentos de Cundinarmarca (6), Santander (4), Huila (3), César (3) y Valle del Cauca (2). Sólo en los primeros dos meses de este año, cinco periodistas se vieron obligados a abandonar sus regiones con el consecuente efecto sobre la información, y una creciente práctica de la autocensura en los medios de comunicación locales. La gran mayoría de las amenazas provinieron del paramilitarismo y los corruptos en relación con el proceso electoral. Sin embargo, y conservando la tendencia de los dos últimos semestres, no se presentó ningún asesinato de periodistas por razones del ejercicio profesional. Las demandas en contra de
medios de comunicación y periodistas continuaron su tendencia creciente.
El director del periódico Hoy Diario del Magdalena fue objeto de una
demanda instaurada por un testigo falso con la complicidad de funcionarios judiciales
y políticos; el periódico El Nuevo Día de Ibagué
reportó cinco nuevas demandas para completar 32 en 5 años. Entre
varios columnistas demandados por calumnia e injuria, Salud Hernández
confirmó haber recibido seis demandas en los últimos meses. El 30 de noviembre se desató una fuerte polémica sobre el artículo 25 de la Ley de Garantías que reglamentó la reforma constitucional que permite la reelección presidencial inmediata en Colombia, y que exige a los concesionarios y operadores privados de radio y televisión remitir un informe semanal al Consejo Nacional Electoral de los tiempos o espacios que en dichas emisiones o publicaciones se les otorgaron a las actividades de campaña presidencial de cada candidato, para que se determine si fueron equitativas. La Corte Constitucional al estudiar la ley, dispuso que esa equidad no se refería solo a los tiempos o espacios sino también a la calidad de los contenidos. Los medios de comunicación y la opinión pública en general consideraron que el artículo y la interpretación de la Corte plantearían una modalidad de censura puesto que organismos del Estado pondrían llegar a convertirse en instancias revisoras de contenidos. En el campo de la lucha contra la impunidad se destacan algunos avances en el marco de una solución amistosa para esclarecer el homicidio del periodista Nelson Carvajal Carvajal; la reactivación de la Subunidad que atiende los casos de crímenes de periodistas por parte de la Fiscalía y el compromiso de impulsar 15 procesos, además de revisar aquellos que tienen resoluciones de suspensión y/o archivo. El Fiscal General de la Nación se comprometió a tomar las medidas pertinentes para esclarecer la autoría intelectual en el caso del asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra. El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, anunció la creación el 9 de febrero de un comité conformado por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Policía Judicial para acelerar las investigaciones sobre amenazas y agresiones a periodistas, debido al incremento de las mismas. En octubre se registraron los siguientes hechos: El director del periódico Hoy Diario del Magdalena, Ulilo Acevedo denunció ser objeto de una demanda instaurada por un testigo falso con la complicidad de funcionarios judiciales y políticos afectados por las informaciones publicadas en el periódico. El alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo ordenó a la oficina de prensa de su despacho no volver a suministrarle información a la periodista Gala Marcela Peña Álvarez, del diario La Opinión de esa ciudad, debido a que publicó una investigación sobre el recaudo de aportes en la cuenta particular de un funcionario público. En noviembre: El periódico El Universal de Cartagena, denunció en su editorial amenazas en contra de su director, Pedro Luis Mogollón, y la editora del área Política, Jacqueline Rhenals, por el cubrimiento de un proceso electoral local. El editorial explicó que uno de los mensajes amenazantes enviados a celulares de varios periodistas, hacía referencia a la información y a las columnas que había publicado el diario sobre el voto en blanco. El editor de Investigaciones del periódico El Espectador, Norvey Quevedo denunció que el Ministro de Protección Social, Diego Palacios, manipuló y dio a conocer dentro de algunos sectores, los nombres de sus fuentes, a través de una libreta de apuntes y fuentes que el periodista dejó por descuido en su despacho. La periodista de RCN Televisión Diva Jeserum reportó amenazas por parte de dos desconocidos que fueron a buscarla a su residencia. La periodista estaba investigando sobre la presunta desviación de dos millones de dólares entregados al gobierno colombiano en desarrollo del Plan Colombia. Dos encapuchados armados de gases pimientas intentaron penetrar a la sede de la Federación Internacional de Periodista el 14 de noviembre. Se desconocen los móviles. El periodista radial de Sucre, Anibal De Luiz Polo, denunció amenazas contra su vida. De Luiz Polo, quien maneja un noticiero de opinión en la emisora local de Radio Caracolí ha estado vinculado a la radio desde hace 30 años. En la sección ´´A Machetazo Limpio´´, critica a los funcionarios públicos por actos de corrupción local. El periodista denunció que asesinaron a “machetazo limpio” un caballo de su propiedad. En diciembre: Marta Elvira Soto, editora de la Unidad Investigativa, y Orlando Restrepo, subeditor de la sección Justicia de El Tiempo fueron víctimas de llamadas amenazantes y seguimientos luego de una serie de publicaciones sobre el accionar paramilitar. El 5 de diciembre una persona llamó a la redacción del periódico, amenazó a Soto y a Restrepo y en la misma comunicación, extendieron la amenaza contra periodista de Córdoba, Antonio Sánchez Sánchez, quien tuvo que salir de la región. El director de noticias de Radio Guatapurí, Enrique Camargo, recibió nuevas amenazas después de informar sobre el fallo del Consejo de Estado que anulaba las elecciones del alcalde de Aguachica, municipio al sur del Cesar. Desde octubre pasado, varios periodistas del César han reportado amenazas contra sus vida. Son ellos el jefe de redacción del diario El Pilón, Galo Bravo Picossa y Miguel Macea, corresponsal de Telecaribe y Noticias UNO. En enero: Antonio Colmenares, periodista radial de la Emisora La Poderosa de Pitalito, Huila, fue amenazado por un particular después de leer al aire un comunicado de prensa del Ejército, que informaba sobre un allanamiento y la captura de un sospechoso. Diro César González, director y propietario de La Tarde de Barrancabermeja, salió del puerto petrolero y suspendió la publicación del semanario. El 17 de enero, dos hombres, uno de ellos armado, fueron a buscarlo a su casa. Su esposa Tatiana Sánchez identificó a uno de los hombres como la misma persona acusada de estar involucrada en el asesinato de una mujer, en diciembre del año pasado, en una discoteca de la ciudad. Esa semana, La Tarde publicó los pormenores del hecho y las fotos del sospechoso. El periodista venía siendo objeto de amenazas desde el año pasado cuando circuló en el departamento de Santander una ´´lista negra´´ con los nombres de varios periodistas de la zona que serían ajusticiados por grupos paramilitares. También en Santander, el director y gerente del canal de televisión Telepetroleo, Álvaro Pérez Vides, fue amenazado y obligado a salir de Barrancabermeja, una semana después de haber sido asesinado su hermano. Pérez fue perseguido en varias ocasiones en sus recorridos hacia el canal. En febrero: Olga Cecilia Vega salió de Florencia, capital del departamento de Caquetá al sur del país, luego de amenazas. Según Vega, las amenazas se presentaron luego de la publicación en el diario estadounidense El Nuevo Herald, de una entrevista con el líder guerrillero de las FARC, Raúl Reyes. Dos desconocidos fueron a buscarla a un hotel donde se hospedaba y le pidieron al gerente que le diera 48 horas para abandonar la ciudad o harían explotar el hotel. El 4 de febrero, el locutor Gustavo Rojas Gabalo fue víctima de un atentado en Montería, departamento de Córdoba. Un hombre se le acercó, le propinó dos disparos y huyó en una motocicleta. No hay claridad sobre los móviles del atentado. El periódico Vanguardia Liberal denunció en su editorial del 25 de febrero que los directivos del diario y sus familias son víctimas de persecuciones por parte de organismos de seguridad del Estado. Un mes antes, la periodista del mismo periódico, Jenny Manrique, se vio obligada a abandonar la región por amenazas en su contra luego de publicar varios informes sobre el accionar de los paramilitares en Santander. En marzo: El 8 de marzo hombres armados amenazaron al director del periódico turístico Primera Plana, Antonio Vargas Valvuena, y le robaron más de 15 mil ejemplares de una edición que cuestiona a la aspirante al Congreso y ex gobernadora de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes. El columnista e investigador
cultural de Córdoba Miguel Ángel Castilla Camargo denunció
amenazas luego de que dos hombres le dijeran que lo iban a matar porque se “estaba
metiendo con el Partido Liberal´´. El pasado 4 de marzo, Castilla
publicó una columna de opinión en el diario El Meridiano de Córdoba,
que tituló ´´El fin de trapo rojo´´, en la que
hizo un duro cuestionamiento a algunos dirigentes tradicionales del Partido
Liberal. "Si habla 'La Gata' y los extraditados, el liberalismo se derrumba
antes de tiempo”, escribió el periodista.
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