60 Asamblea General de la SIP . Antigua, Guatemala, 22 - 26 de octubre 2004

COSTA RICA

El 2 de julio del 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó sin efecto la sentencia penal dictada contra el periodista de La Nación Mauricio Herrera Ulloa, por hallarla incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.

La condena contra Herrera y La Nación, ratificada el 24 de enero del 2001 por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, responsabilizó al periodista de cuatro delitos de publicación de ofensas en perjuicio de Félix Przedborki, ex embajador honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Los reportajes de Herrera dieron cuenta de numerosos cuestionamientos hechos al ex embajador en la prensa europea y recogieron otros datos sobre la conducta del ex funcionario.

Herrera fue condenado a 120 días multa y al pago de ¢60 millones (unos $100.000) como reparación civil. La Nación fue condenada solidariamente en lo civil.

También se ordenó al periódico publicar el “por tanto” de la sentencia y eliminar de su versión digital los enlaces entre el apellido Przedborski y las publicaciones que causaron la demanda. En lugar de esos enlaces, La Nación debía crear otros entre el apellido del ex funcionario y la parte dispositiva de la sentencia condenatoria. Además, el nombre del periodista debía ser inscrito en el Registro Judicial de Delincuentes.

Luego de reiterar la importancia de la prensa en una democracia, la Corte Interamericana señaló que quienes influyen en asuntos de interés público están expuestos a un mayor escrutinio y al riesgo de ser criticados. Asimismo, estableció que la prueba de la verdad exigida por la legislación costarricense es excesiva y limita de manera indebida la libertad de expresión. En particular, los altos jueces señalaron que Herrera satisfizo la necesidad de fundamentar sus informaciones desde que demostró la existencia de las publicaciones sobre el ex embajador en la prensa europea. Esa determinación establece en el continente la doctrina del reportaje fiel o neutral, que permite reproducir declaraciones e informaciones de terceros responsables siempre que se haga con fidelidad.

La Corte hizo suya la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos cuando declaró, en el caso Thoma vs. Luxemburgo, que “…castigar a un periodista por asistir en la diseminación de las aseveraciones realizadas por otra persona amenazaría seriamente la contribución de la prensa en la discusión de temas de interés público”.
La Corte también encontró que el recurso de Casación existente en Costa Rica es demasiado limitado para satisfacer el requisito de la segunda instancia establecido en la Convención. En ese sentido, exigió a Costa Rica modificar su legislación interna en el plazo de seis meses.

En un voto concurrente, el presidente de la Corte, Dr. Sergio García Ramírez, señaló que la represión penal en materia de expresión es una respuesta innecesaria en una sociedad democrática y se pronunció por la descriminalización de esta materia.
En materia de impunidad, el Ministerio Público ha conseguido importantes avances
en la investigación del homicidio del periodista Parmenio Medina Pérez, muerto de tres balazos el 7 de julio del 2001, cerca de su casa en San Miguel de Santo Domingo, Heredia.

El empresario Omar Chaves Mora y el sacerdote Minor Calvo Aguilar permanecen detenidos como presuntos autores intelectuales del homicidio. En los últimos meses, la policía también detuvo a Jorge Castillo, un empresario deportivo, y a Juan Ramón Hernández, un mecánico, como autores materiales. Luis Aguirre Jaime, alias El Indio, ya figuraba en el expediente como autor material y a Andrés Chaves Matarrita se le acusa de prestar colaboración a los asesinos. A John Gutiérrez Ramírez y Danny Smith, también detenidos, se les sigue causa por mediar entre los homicidas y los autores intelectuales del asesinato. Según la Fiscalía, otro autor material fue César Murillo, conocido como Nicho, quien falleció a manos de la Policía cuando intentaba asaltar un banco en compañía de Aguirre y Chaves.

La acusación depende de que la Fiscalía termine de transcribir miles de horas de intervenciones telefónicas y podría ocurrir antes de fin de año.

El periodista había recibido amenazas relacionadas con su trabajo como director del programa radiofónico “La Patada” y su casa había sido blanco de un ataque con armas de fuego.

También el homicidio de la periodista Ivannia Mora Varela está a punto de ser examinado en juicio. En este caso, las motivaciones parecen ajenas a la labor periodística propiamente dicha. La policía tiene detenido al empresario Eugenio Millot Lasala como probable autor intelectual y a Edward Serna Molina, Freddy Alexander Cortés y Nelson López Giraldo como posibles autores materiales. Como mediador está imputado Edgardo Martínez.

En el ámbito legislativo, la comisión especial sobre libertad de expresión del Congreso ya aprobó, por unanimidad, un texto de reforma a la restrictiva legislación aplicable a la prensa. Sin embargo, todavía es notable la falta de voluntad política para ejecutar los cambios. El texto aprobado por la comisión está lejos de las mejores prácticas en materia de libertad de expresión, pero representaba un avance. Empero, a la luz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera, los aportes del proyecto de ley parecen insuficientes.

Recientes escándalos de corrupción revelados por la prensa animan a los ciudadanos a exigir mayor libertad de expresión. El 12 de octubre, una multitudinaria marcha contra la corrupción tuvo entre sus principales motivaciones el apoyo a la prensa independiente.