 |
 |
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|
 |
CUBA La situación del periodismo se perpetúa en el inmovilismo y la anulación. El gobierno mantiene por 46 años el monopolio informativo con fines propagandísticos, rechaza y reprime las expresiones independientes, y desoye los reclamos internacionales por la liberación de periodistas presos, muchos de ellos seriamente enfermos. La noticia de este período es la excarcelación de Raúl Rivero, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y Premio UNESCO 2004, por razones humanitarias. Rivero fue beneficiado por una “licencia extrapenal” el pasado 30 de noviembre, y desde entonces ha reiniciado gradualmente su colaboración con la SIP y sus labores profesionales. A pesar de las gestiones emprendidas para que las autoridades cubanas permitieran su salida temporal del país, lamentablemente su asistencia a esta asamblea no fue posible. Rivero ha dedicado varias semanas a trámites burocráticos con el fin de viajar con su familia a España y oficializar los documentos de su hija adoptiva de 11 años, pero aún aguarda por la tarjeta blanca, salvoconducto obligado para todo ciudadano cubano que aspire a salir al extranjero. También en este período obtuvieron “licencia extrapenal” por razones de salud otros tres periodistas independientes: Oscar Espinosa Chepe, condenado a 20 años; Jorge Olivera, director de la agencia Havana Press, quien cumplía una condena de 18 años; y Edel José García, director de la agencia Centro Norte, sancionado a 15 años. Espinosa Chepe, de 64 años, padece de serios trastornos hepáticos; García, de 59, tiene problemas siquiátricos y pérdida de la visión; y Olivera, de 43, está afectado por severos problemas gástricos e hipertensión arterial. Con estas excarcelaciones suman ya seis los periodistas independientes del llamado Grupo de los 75 a quienes se les ha concedido una licencia extrapenal por problemas de salud desde mediados del 2004. La licencia extrapenal –amparada por el Decreto Ley 62, de 1987- no comprende una amnistía o supresión de la sanción penal, sino el cumplimiento de la condena en reclusión domiciliaria, y deja abierta la posibilidad de un retorno a la cárcel en caso de que el individuo reincida en acciones antigubernamentales. Por lo tanto, aunque la cifra de periodistas encarcelados se redujo a 25 el pasado octubre, el número de profesionales sobre quienes aún pesan condenas de entre 27 y tres años de prisión es de 31. La mayoría de ellos fueron confinados tras la ola represiva contra el movimiento disidente en marzo del 2003. La única liberación efectiva en el período fue la de Carlos Brizuela Yera, del Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey, quien salió el 2 de marzo tras cumplir hasta el último día una condena de tres años de cárcel. Había sido arrestado en marzo del 2002 y hallado culpable, en un juicio de abril del 2004, de los cargos de “desacato a la figura de Fidel Castro, desacato policial y desorden público”. De los periodistas que permanecen enfermos en prisión, los casos más críticos son los siguientes: - Adolfo
Fernández Saínz, de 56 años, Prisión Provincial
de Holguín: hipertrofia prostática, hipertensión arterial,
conjuntivitis crónica, enfisema pulmonar, hernia hiatal y quistes renales.
Ha perdido 45 libras de peso en el último año. - Miguel Galbán Gutiérrez, de 40 años, Combinado del Este, La Habana: trastornos digestivos, enfermedad tumoral (osteocondromas) e inflamación de las articulaciones y extremidades, con dolores crónicos. Es impedido físico (brazo izquierdo) como consecuencia de un accidente de tráfico sufrido en 1998. No han cesado los actos de acoso y ensañamiento contra los periodistas encarcelados, mayormente provenientes de reos comunes instigados por las autoridades carcelarias. Son además frecuentes las requisas de las celdas para despojar a los prisioneros de provisiones y medicamentos proporcionados por sus familiares, las limitaciones para llamadas telefónicas y el confinamiento a cubículos de castigo. Las visitas familiares siguen siendo de dos horas cada tres meses y las conyugales cada cinco meses, condicionadas al comportamiento del reo. Las visitas familiares se limitan generalmente a dos personas. Las represalias contra los prisioneros se prolongan hasta sus familiares, tratando de acallar el activismo cívico de éstos. El 26 de enero el periodista Héctor Maseda, condenado a 20 años, fue llevado a un área de “seguridad incrementada” en una prisión de Santa Clara, Villaclara. La medida contra Maseda, de 62 años, parece destinada a neutralizar a su esposa, Laura Pollán, cuya vivienda en La Habana se ha convertido en un bastión en defensa de los prisioneros de conciencia y sus familiares. Pollán ha sido citada en varias ocasiones por el Instituto Nacional de la Vivienda bajo amenazas de perder el inmueble y ha recibido advertencias de la policía política para que desista de sus actividades públicas como líder del movimiento conocido como Damas de Blanco. Pollán encabezó una campaña de recojo de firmas para solicitar una amnistía general de los prisioneros de conciencia y el pasado 18 de febrero hizo historia al liderar una insólita marcha de 20 mujeres por las calles de La Habana, desde su vivienda hasta las oficinas del Consejo de Estado, para entregar allí la carta con miles de firmas pidiendo la liberación de los presos. En cuanto a la actividad profesional independiente dentro de Cuba, unos 30 informadores se mantienen activos a duras penas, desafiando las hostiles condiciones de sobrevivencia. Desde la oleada represiva que dos años atrás llevó a 28 periodistas a la cárcel con severas condenas, las principales agencias de noticias y focos de creatividad profesional no han logrado reestructurarse, ni han vuelto a publicarse los boletines y revistas artesanales que llegaron a elaborarse y distribuirse en todo el país. La presión policial es incesante sobre los periodistas independientes, que tienen dificultades para hallar incluso un teléfono de donde transmitir sus reportes hacia el exterior. La represión tiene diferentes modalidades. El 15 de octubre, en el municipio Sibanicú, Camagüey, la periodista Marilyn Díaz Fernández, fue acosada en plena calle por dos desconocidos que la insultaron y acorralaron, incitando a los presentes a sumarse al repudio porque se trataba de “una contrarrevolucionaria difamadora”. Poco después el jefe de la policía municipal le manifestó que en Cuba podría haber cambios políticos, pero que ni ella ni su esposo los verían. El esposo de la periodista se encuentra en espera de un juicio por motivos políticos. El 20 de octubre el periodista Carlos Serpa Maseira, residente en el poblado de La Demajagua, Isla de la Juventud, fue detenido en su hogar y conducido a una unidad policial para ser interrogado. Los agentes policiales lo acusaron de participar en “actividades contrarrevolucionarias” durante una visita a La Habana y le levantaron un acta de advertencia por peligrosidad, antesala de un posible encausamiento, la cual no fue firmada por el periodista. El 11 de enero se conoció que los periodistas Santiago DuBouchet, Jaime Leygonier, Luis Guerra Juvier, Estrella García y Carlos Ríos, fueron amenazados por las autoridades con aplicarles la ley y encarcelarlos si continuaban reportando para la página cibernética de Nueva Prensa Cubana en Miami. El 17 de febrero, el periodista Iván García, reportero deportivo de la agencia Cuba Press y colaborador de la página cibernética de la SIP y Encuentro en la Red, fue citado por la policía política en La Habana para recomendarle que “debería dejar de escribir o en el futuro lo podría lamentar”. Los agentes advirtieron a García de que esperarían entre dos y tres meses para proceder con otras medidas, y le alertaron de que de no “cooperar” no le otorgarían el permiso de salida temporal para visitar a su madre, la también periodista Tania Quintero, exiliada en Suiza. Una parte significativa de los periodistas independientes, entre ellos los recién excarcelados, planea emigrar con carácter definitivo. En la etapa final de trámites migratorios figuran Claudia Márquez, ex redactora de la revista De Cuba; Manuel Vázquez Portal, del Grupo de Trabajo Decoro; Edel José García, Jorge Olivera, María Elena Rodríguez y Jesús Álvarez Castillo. La emigración por razones de salud o reunificación familiar es una tabla de salvamento en momentos en que no se avizora una opción creativa independiente y el régimen recurre a una política de centralización estatal, férreo control ideológico y limitación totalitaria de las tecnologías de comunicación. De hecho, la prensa independiente es actualmente un fenómeno atomizado. Se sostiene gracias a esfuerzos aislados, que enfrentan las adversidades y las amenazas policiales de encausarlos bajo la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, la “ley mordaza” de 1999, y logran enviar sus textos o grabaciones telefónicas a Cubanet, Nueva Prensa Cubana, Carta de Cuba, Encuentro en la Red y otros sitios en Internet de asuntos cubanos, o participar en espacios de Radio Martí y emisoras locales de Miami. Se trata de una actividad precaria e irregular, impedida de interactuar en el panorama nacional, sin la impetuosidad del movimiento que floreció a partir de 1995. La única retroalimentación que tiene ese periodismo dentro de Cuba proviene de revistas como Cubanet, Enepecé y Carta de Cuba, conformadas con textos de periodistas independientes y cuyos ejemplares logran circular subrepticiamente dentro de la isla. Aunque no es un proyecto de la prensa independiente, debe mencionarse que a finales de diciembre se produjo la salida del primer número de Consenso, una revista bimestral con el auspicio de organizaciones disidentes moderadas. La revista está disponible a través de un sitio en Internet, pero la versión en papel no puede distribuirse legalmente dentro de Cuba. La más reciente aventura de la propaganda gubernamental comenzó en la pasada Navidad, cuando se desencadenó la “guerra de los carteles” contra la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA). Frente a la sede diplomática, el régimen colocó gigantescos carteles con fotos del injusto tratamiento a los prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, en respuesta a un cartel lumínico que la SINA colocó con el número 75 en su interior, el cual aludía a la cantidad de disidentes arrestados en marzo del 2003. La batalla ideológica contra la SINA ha incluido recientemente una serie de dibujos animados, programados por la televisión estatal, en los cuales se ridiculiza al jefe de esa misión diplomática, James Cason. Los vínculos con el periodismo oficialista venezolano ya están planteados en términos de alianza estratégica. El pasado febrero, en los predios aledaños a la SINA en La Habana, se presentó el primer número de Patria Grande, una revista de “doble nacionalidad” creada como “símbolo de hermandad entre Cuba y Venezuela”. Según sus editores, esta revista “combatirá la vileza del poder mediático” y exaltará “el sentimiento de protesta contra la privatización de la naturaleza, la pobreza, la modificación de la vida y el pillaje que significa la globalización neoliberal impuesta por el imperialismo”. Continúan
bloqueadas las gestiones migratorias de Bernardo Arévalo Padrón
(Línea Sur Press) tras cumplir una condena de seis años por acusaciones
de desacato a la figura de Fidel Castro. Tanto Estados Unidos como Francia le
negaron visa como refugiado político el pasado año, presuntamente
por sus anteriores vínculos con el Ministerio del Interior cubano.
|
Preguntas ó Comentarios? |
Informes y Resoluciones |
||||||
|
|
||||||
|
