CUBA
Informe ante la 62ª Asamblea General
Ciudad de México, México
29 de Septiembre - 3 de Octubre, 2006


El estado del periodismo cubano encara esta vez una encrucijada sin precedentes en la historia contemporánea: por primera vez en 47 años de control absoluto del Estado, Fidel Castro no es quien gobierna nominalmente en Cuba.

El temporal traspaso del poder de Fidel Castro a su hermano, el general Raúl Castro, por una aguda crisis de salud, no ha traído hasta el momento ninguna señal de cambio en el periodismo y la libertad de expresión. Continúan sucediéndose los actos represivos contra los comunicadores independientes, el maltrato a los periodistas presos y la más estricta vigilancia gubernamental para limitar el acceso de la población a canales alternativos de información.

Mientras la propaganda oficial ha escalado hasta niveles de desenfreno, triunfalismo y censura inéditos, la cifra de periodistas encarcelados asciende a 26 y no han cesado las acciones coercitivas contra el movimiento de informadores independientes, desde amenazas policiales, detenciones temporales, registros en plena calle, desalojos e incautación de objetos personales, hasta flagrantes violaciones del derecho ciudadano a la información y la orquestada persecución gubernamental contra el acceso clandestino a canales de televisoras extranjeras, especialmente de Estados Unidos.

La mayoría de los periodistas encarcelados sufre severos trastornos de salud, deterioro físico y psicológico, ocasionado por el maltrato, la escasa e inadecuada alimentación y la falta de atención médica, entre otros factores.

Los periodistas independientes en prisión por ejercer su derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión son: Ricardo González Alfonso, Víctor Rolando Arroyo, Normando Hernández González, Julio César Gálvez, Adolfo Fernández Sainz, Omar Rodríguez Saludes, Héctor Maseda Gutiérrez, Mijaíl Barzaga Lugo, Pedro Argüelles Morán, Pablo Pacheco Ávila, Alejandro González Raga, Alfredo Pulido López, Fabio Prieto Llorente, Iván Hernández Carrillo, José Luis García Paneque, Juan Carlos Herrera, Miguel Galván Gutiérrez, José Ubaldo Izquierdo, Omar Ruiz Hernández, José Gabriel Ramón Castillo, Lester Luis González Pentón, Alfredo Felipe Fuentes, Armando Betancourt, Alberto Gil Triay, Odelín Alfonso y Oscar Mario González.

Tras ser sentenciada a siete meses de prisión, fue liberada Lamasiel Gutiérrez Romero, de 37 años, la única mujer periodista que permanecía tras las rejas, apenas horas después de la reunión de la SIP del pasado marzo. Fue puesta en libertad bajo la condición de abandonar su ejercicio profesional, pero sigue enviando sus informaciones.

También fue liberado, el 5 de agosto, el periodista Santiago Du Bouchet, director de la agencia Habana Press, tras cumplir un año y siete días de cárcel por el supuesto delito de resistencia.

Una situación alarmante es la del periodista Oscar Mario González, quien permanece detenido desde el 22 de julio del 2005 en una prisión de La Habana, sin ser formalmente encausado ni permitírsele el derecho a fianza. González, de 62 años, fue arrestado cerca de su casa por la policía bajo suposiciones de que se dirigía a una protesta antigubernamental frente a la sede diplomática de Francia. Pudiera ser acusado de violar la Ley para la Protección de la Seguridad Nacional y la Economía de Cuba (ley 88), de 1999, que sirvió para aplicar largas condenas a disidentes y periodistas en la primavera del 2003. Un recurso legal para lograr su excarcelación fue rechazado por las autoridades la pasada semana, a pesar de las afectaciones de salud que aquejan al detenido.

El 5 de junio fue arrestado y permanece aún en cautiverio el periodista Armando Betancourt, de la agencia Nueva Prensa Cubana, bajo acusaciones de desorden público. Betancourt fue interceptado por las autoridades policiales de Camagüey cuando se encontraba reportando un desalojo en su localidad.

El 16 de septiembre la policía política detuvo en su casa de La Habana al periodista Odelín Alfonso, colaborador de la agencia Cubanet. Alfonso había sido retenido por las autoridades el pasado mayo y se le advirtió que sería encausado si no abandonaba sus actividades como reportero.

El gobierno continúa apelando a la intimidación de los periodistas de la llamada Causa de los 75 que han sido excarcelados con licencia extrapenal por razones de salud. La licencia extrapenal es una cláusula amparada por el Decreto-Ley 62, de 1987, que estipula el cumplimiento de la condena en reclusión domiciliaria, pero no contempla la supresión de la sanción penal y deja abierta la opción a que el beneficiado puede retornar a cautiverio si las autoridades determinan que no cumple con las reglas de “buena conducta”.

De los que recibieron licencia extrapenal, Jorge Olivera, condenado a 18 años de cárcel, y Oscar Espinosa Chepe, condenado a 20, tienen visas de refugiados para emigrar con sus familias a Estados Unidos, pero el gobierno no les otorga el permiso de salida. Otros dos de este grupo, Carmelo Díaz Fernández y Edel José García, se encuentran también con visados estadounidenses a la espera de la autorización gubernamental para viajar. Todos ellos son personas enfermas con diversos padecimientos, en su mayoría de avanzada edad.

Las autoridades no sólo les hacen citaciones a los tribunales para imponerles “normas de conducta social” y restricciones para viajar fuera de su localidad de residencia, sino que también los hostigan con registros y amenazas de las organizaciones progubernamentales de sus vecindarios.

El 27 de septiembre, inspectores de la policía sometieron a un minucioso registro la vivienda de Díaz Fernández, bajo el pretexto de hallar una antena parabólica para captar emisiones televisivas extranjeras. El registro procedió sin orden judicial ni autorización escrita.

El periodista y psicólogo Guillermo Fariñas decidió poner fin a su huelga de hambre en reclamo de acceso libre a la internet el 31 de agosto, exactamente siete meses después de haber iniciado una protesta que cobró interés internacional debido a las prohibiciones impuestas por el gobierno sobre la red cibernética. Alimentado por sueros intravenosos y con diagnóstico de gravedad extrema durante varios meses del ayuno, Fariñas se recupera de problemas renales y cardíacos en la ciudad de Santa Clara, Villaclara, y ha prometido continuar en sus reclamos mediante otras acciones pacíficas.

El uso de la internet está limitado a organismos centrales del Estado, instituciones educaciones y culturales, y extranjeros que abonan el servicio en moneda convertible. Ningún cubano puede acceder libremente a la red, ni siquiera pagando la comunicación en moneda convertible. El gobierno admite que tiene “regulaciones de internet” y que bloquea páginas electrónicas con la argumentación de que “le hacen daño a la soberanía del país”, porque pertenecen a “organizaciones contrarrevolucionarias subversivas y terroristas”. El gobierno culpa a Estados Unidos por bloquearle la conexión a una fibra óptica submarina, lo cual aumentaría la posibilidad de ancho de banda y reduciría los costos del enlace a la red desde la isla.

Los periodistas que continúan encarcelados con sanciones de hasta 27 años enfrentan condiciones penitenciarias inhumanas. Dieciocho de los prisioneros tienen serios trastornos de salud, afectados por padecimientos crónicos y enfermedades adquiridas durante la reclusión. El gobierno cubano se ha negado a concederles licencia extrapenal. Hay también un minusválido, Miguel Galván Gutiérrez, condenado a 26 años.

El 29 de agosto, el periodista Juan Carlos Herrera Acosta, protagonista de varias huelgas de hambre en prisión, fue agredido por dos guardianes de la cárcel Kilo 8, en Camagüey. Herrera Acosta, sancionado a 20 años en la Causa de los 75, resultó herido en un ojo durante la golpiza y luego fue arrastrado por los pasillos de la cárcel. El prisionero había protestado reclamando su derecho a llamadas telefónicas familiares, lo cual se le ha negado con regularidad.

El 13 de septiembre el periodista Alberto Gil Triay inició una huelga de hambre en la cárcel de Valle Grande, al oeste de La Habana. En arresto desde el pasado noviembre, Gil Triay ha sufrido varios infartos durante su confinamiento. Fue juzgado el 22 de junio bajo acusaciones de “propaganda subversiva” y podría ser condenado a siete años de prisión.

La ofensiva para impedir la proliferación de las señales clandestinas de televisión por satélite, principalmente en La Habana, escaló nuevos peldaños. Son cada vez más frecuentes las redadas en los barrios para localizar los centros de redistribución de la señal, desmantelar las redes de servicio, destruir las antenas y multar a los infractores.

El 10 de agosto, la prensa oficial lanzó fuertes advertencias contra el mercado negro de antenas parabólicas dentro de la isla. El periódico Granma insistió en que recibir señales de satélite sin autorización no sólo es violatorio de las leyes nacionales e internacionales, sino que ofrece un “terreno fértil para quienes pretenden destruir el espíritu de la revolución” de Castro.

La advertencia oficial se produjo luego de que TV Martí, una emisora del gobierno de Estados Unidos dirigida a la audiencia cubana, decidiera expandir a seis días sus transmisiones desde un avión, equipado con tecnología especial para impedir que la señal sea interceptada por las autoridades de la isla.

TV Martí no ha tenido hasta el momento una recepción regular en los receptores dentro de Cuba. Sin embargo, se calcula que unos 30,000 ciudadanos cubanos pagan por el servicio de satélite clandestino como una alternativa de información y entretenimiento a la televisión estatal, caracterizada por una fuerte carga de propaganda política que promueve la llamada “Batalla de Ideas”. La recepción de televisión satelital y por cable está restringida a hoteles y residentes extranjeros.

Los controles gubernamentales sobre la información se han recrudecido ostensiblemente tras la enfermedad y traspaso de poder de Fidel Castro. El estado de salud del gobernante ha sido oficialmente declarado “secreto de Estado”, al tiempo que las autoridades han rechazado cientos de peticiones de la prensa mundial para viajar a Cuba al conocerse la noticia. Varios periodistas extranjeros que entraron con cobertura de turistas fueron expulsados del país.

Otros incidentes que se registraron durante los últimos seis meses fueron lo siguientes:

El 25 de abril Roberto Santana Rodríguez, colaborador independiente de Cubanet., fue visitado en su domicilio por el jefe de la Policía, un miembro del Partido Comunista, el coordinador local del Comité de Defensa de la Revolución y un miembro de la Asociación de Combatientes. Ese día el periodista tenía previsto participar en una teleconferencia en la Sección de Intereses Norteamericanos. Agentes de la Seguridad del Estado habían abordado a Santana el 13 febrero y el 7 de abril, cuando lo conminaron a abandonar la actividad periodística o le aplicarían la Ley 88 que castiga hasta con 20 años en prisión. También han utilizado una campaña de descrédito en su contra.

El 23 de mayo Armando Betancourt Reina, corresponsal de la agencia Nueva Prensa Cubana, fue detenido en una barriada en la ciudad de Camagüey, a donde había sido invitado por vecinos del lugar para que diera cobertura periodística a un violento operativo policial de desalojo, iniciado el 21 de mayo y durante el que también fueron arrestados pobladores de la zona. Betancourt fue trasladado a la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, a más de 500 kilómetros al este de La Habana y se le acusó por alteración del orden público.

El 18 de agosto el periodista Carlos Serpa Maceira, director del Buró de Prensa Puente Informativo Cuba Miami y de la Agencia Lux Info Press, fue abordado por agentes de la Policía Nacional, quienes le revisaron su portafolio de trabajo e identificación, lo trasladaron a la estación de Marianao, La Habana, donde permaneció siete horas con el argumento de carecer de la documentación requerida para movilizarse en la capital. Serpa denunció haber recibido amenazas e interrogatorios de parte de dos oficiales de la Seguridad del Estado, uno de los cuales le advirtió que sería multado con $3,000 pesos por violar el decreto Ley 217 del Consejo de Estado de Cuba, al encontrarse en la capital cubana sin tener residencia oficial.

Serpa Maceira había denunciado en mayo que su familia residente en Isla de Pinos, de donde es originario, era víctima de las represalias del gobierno debido a su labor periodista. Según relató, durante varias semanas en la madrugada le retiran el servicio eléctrico solo a su vivienda no al resto de sus vecinos.

A mediados de agosto la presidenta de la SIP, Diana Daniels y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información Gonzalo Marroquín, solicitaron a los socios de la organización hemisférica su participación en una campaña editorial para exigir la liberación de los periodistas independientes encarcelados en Cuba por delitos de conciencia

En agosto la noticia sobre el traspaso temporal de poder del gobernante Fidel Castro al ministro de Defensa y hermano, Raúl Castro, generó interés informativo en la prensa internacional. Sin embargo fue evidente la falta de información al respecto, situación que se agudizó para la prensa independiente en el país. Las autoridades cubanas negaron el 2 de agosto de 2006 la entrada al país a seis periodistas extranjeros e incrementaron los obstáculos para la entrega de visados de prensa. Los periodistas fueron interrogados por agentes del Ministerio del Interior y obligados a regresar a su lugar de origen tras alegar que no disponían del visado de trabajo necesario para ejercer el periodismo en Cuba. Organizaciones internacionales y medios internacionales de prensa pidieron a las autoridades de Cuba el acceso sin restricciones de periodistas extranjeros al país para informar sobre la situación.

El 4 de septiembre Mirta Wong, esposa del periodista independiente encarcelado Oscar Mario González, denunció que luego de visitarlo en prisión observó que la salud del periodista había empeorado sin que las autoridades penitenciarias se ocupen del caso. González está aquejado desde hace seis meses de una tos constante y padece hipertensión, artrosis cervical, artritis crónica e infección en los conductos urinarios.

El 9 de septiembre representantes del Partido Comunista y miembros del ejecutivo de los Comités de Defensa de la Revolución visitaron a algunas de las varias de las Damas de Blanco para advertirles que se abstuvieran de realizar actividades públicas durante la celebración en La Habana de la XIV Cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Entre otras, fueron “alertadas” Miriam Leiva, periodista y esposa del también periodista Oscar Espinosa Chepe; Laura Pollán, esposa de Héctor Maseda y Julia Núñez, esposa de Adolfo Fernández Saínz, éstos dos últimos encarcelados.

El 15 de septiembre fue detenido en La Habana durante dos días Ahmed Rodríguez Albacia, reportero de la agencia de prensa Jóvenes sin Censura. El joven de 21 años fue puesto en libertad el 17 de septiembre tras permanecer dos días tras las rejas en la unidad policial de Dragones, en La Habana Vieja. Según relató su madre, Margarita Albacia, el jefe de la unidad policial le negó el permiso para ver a su hijo y explicó que estaba detenido porque se encontraba bajo investigación. Agregó que desde la mañana del arresto su casa había estado vigilada por un fuerte operativo de la policía política y una brigada de respuesta rápida que lanzaban epítetos amenazantes.

El 27 de septiembre el periodista Abel Escobar Ramírez estuvo detenido durante seis horas en la Unidad Policial en Morón, provincia de Ciego de Ávila. Dos oficiales de la policía lo arrestaron mientras conversaba con un amigo. La Policía le ocupó tres agendas con direcciones y números telefónicos, datos personales, entre otras pertenencias del periodista. Sin entrar en detalles, un oficial le dijo que había sido detenido por desobediencia. Escobar Ramírez, de 50 años de edad, es reportero de Cubanet y de la revista Carta de Cuba.

La más reciente operación de censura y desprecio gubernamental por las necesidades informativas de la población tiene que ver con el manto de silencio que mantiene el gobierno sobre una masiva epidemia de dengue hemorrágico en el país. A pesar de las fumigaciones masivas que el gobierno califica de “batalla antivectorial contra el mosquito Aedes Aegypti”, y de los cientos de personas que han sido hospitalizadas a lo largo del territorio nacional, la prensa oficial no ha asumido aún la existencia de la epidemia, aunque los casos han mantenido una curva creciente por al menos dos meses. Sólo la prensa independiente ha reportado la presencia de esta enfermedad infecciosa en ciudades y municipios del país.