Reunión de Medio Año San Salvador, Marzo 21-24 El Salvador

ECUADOR

Con la llegada del gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, la relación entre la prensa y las fuentes gubernamentales se ha deteriorado. En dos meses de administración se registran varios hechos que presagian dificultades y trabas al libre flujo de la información.

En este período la legislación no ha sido cambiada ni en favor ni en contra de la libertad de prensa e información.

Al final de la campaña electoral que concluyó en octubre del 2002, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, atendiendo lo que dispone la Ley de Control del Gasto Electoral, dispuso que los medios de comunicación no aceptaran contratos de publicidad a uno de los candidatos, porque se había detectado que esa campaña había pasado el límite de inversión permitido. Algunos medios acogieron el pedido y otros no.

Sectores de la prensa consideran que la ley no es equitativa, ya que con ella únicamente se puede controlar el gasto que formalmente realizan los candidatos, es decir, el que hacen en los principales medios de comunicación, mas no el que se realiza de manera informal, que para el caso de Ecuador, es una parte importante de los presupuestos.

La ley no incluye disposiciones claras para que se determine el origen del dinero que financia las campañas; sólo se concentra en ver en dónde y cuánto se invirtió.
En enero entró en vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia, que incluye la prohibición de la “circulación de publicaciones, vídeos, grabaciones dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo…”. El código también dispone que el Estado “exija”, “requiera”, “impida” a los medios el manejo de esta información.

La ley precisa que “se considera inadecuada para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos perjudiciales o peligroso para su salud y seguridad personal y todo cuando atente contra la moral o el pudor”.

La ley no especifica sanciones para los medios o las personas que no la observen. Es probable que los respectivos reglamentos, que aún no han sido conocidos, lo hagan.

En febrero el Ejército decomisó a un periodista del programa de televisión “Día a Día” un casete que contenía imágenes logradas en la
cobertura del hallazgo de los restos de un avión accidentado hace más de dos décadas en uno de los nevados de Ecuador.

Por razones aún no aclaradas, las fuerzas del orden impidieron que la prensa lleguara hasta el sitio del hallazgo, pues se ubicó un límite de acceso a mucha distancia del lugar del siniestro.

En marzo del 2003 el secretario de la Administración Pública, Patricio Acosta, confiscó a la periodista Katherine Mendoza, del diario Expreso, de Guayaquil, un casete que incluía la entrevista que la reportera había empezado a hacer al funcionario. Además, según versión de la periodista, él la amenazó, insultó y lanzó acusaciones contra el diario.

El funcionario estaba molesto porque el periódico había publicado una información en la que Transparencia Internacional sostenía que la percepción de corrupción podía subir en el país debido a la presencia de familiares del Presidente de la República en cargos gubernamentales considerados importantes, tema sobre el cual Expreso había hecho noticias y seguimiento.

El presidente del Fondo de Solidaridad, ente gubernamental, presentó una demanda penal en contra del canal de televisión Teleamazonas, de Quito. El funcionario se sentía perjudicado porque el canal había emitido un reportaje titulado “El Hombre Duro del Gobierno Acusado de Enriquecimiento Ilícito”.

Un fiscal pidió al director del canal que le entregara el casete con el programa, los nombres de los periodistas que hicieron el reportaje y de los que autorizaron su difusión. El canal envió una copia del casete y se negó a dar el nombre de los periodistas que fueron parte del trabajo.

Funcionarios de Teleamazonas denunciaron que desde la aparición del reportaje han recibido varias llamadas de funcionarios del gobierno que les manifestaron su indignación por lo sucedido y que acusan al canal de querer desestabilizar al gobierno.

El gerente general del canal Televisión Satelital, Jorge Glas, de Guayaquil, denunció que hace más de un año los propietarios de la principal red de televisión por cable del país, TVCABLE, han impedido que la señal de Televisión Satelital sea difundida por ese sistema.

El gerente sostiene que los accionistas bloquearon la señal a raíz de que en un programa un diputado analizó y criticó fuertemente el caso Filanbanco, un banco que cerró sus puertas en la crisis bancaria de los últimos años y alrededor del cual ha habido denuncias que sostienen que los accionistas, que son los mismos propietarios de TVCABLE, se apropiaron del dinero de los depositantes, en una figura legal que en Ecuador se la conoce como “peculado bancario”.
Según su representante, Televisión Satelital ha agotado todo tipo de gestiones para que su señal vuelva a ser emitida pero no ha logrado resultados.
La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) presentó al gobierno nacional un proyecto de ley para garantizar la transparencia informativa, que actualmente se analiza y discute en el Congreso.