Reunión de Medio Año Los Cabos Marzo 12 al 15,2004 México

ECUADOR

El deterioro de la libertad de prensa en el país continúa. Desde enero de 2003, cuando se instaló el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, el discurso oficial ha reflejado una constante animadversión contra los periodistas y los medios de comunicación.
En este semestre se han registrado ataques físicos y verbales contra comunicadores y medios de comunicación. Si se compara este año con los veinticinco anteriores, se puede concluir que ésta es la época en que mayores dificultades, presiones y ataques ha sufrido la libertad de prensa.
Los hechos más sobresalientes en este período son lo siguientes:
El presidente Gutiérrez exigió el 14 de noviembre a El Comercio, de Quito, que revele la fuente de donde obtuvo la información que indicaba que el Partido Sociedad Patriótica (al que pertenece) había recibido un donativo de 30 mil dólares proveniente del narcotráfico para la campaña electoral que lo llevó al poder.
Aunque inicialmente el Presidente advirtió que enjuiciaría a los editores si se negaban a entregar la información, tres días más tarde desistió. El Comercio se negó a entregar la información amparándose en el artículo 81 de la Constitución que garantiza el derecho al secreto profesional de los periodistas. Además ratificó que sus fuentes eran “fidedignas y confiables”. Miembros del partido de gobierno quemaron copias del periódico y prohibieron a las instituciones públicas la compra del diario.
El 28 de noviembre el Presidente envió una carta a la Fiscalía General del Estado, a la que adjuntaba una copia de El Comercio, porque consideraba que se podía estar incurriendo en actos de “conspiración y atentados al orden público”.
Durante los últimos meses, varios periodistas del medio fueron objeto de algunos actos que pueden ser considerados como intimidatorios. Se dejó constancia de ello en la Fiscalía General bajo el régimen de reserva que ampara las denuncias que merecen una investigación.
El 12 de diciembre, la Corte Superior de Quito condenó a un mes de prisión al articulista de El Comercio, de Quito, Rodrigo Fierro Benítez, por supuestas injurias contra del diputado León Febres Cordero.
El mismo 12 de diciembre, el dirigente indígena Humberto Cholango fue detenido por orden del Intendente de Policía de Quito, Fabián Vallarruel, bajo el cargo de insultar al Presidente (figura prevista en las leyes). Cholango había calificado al Presidente de “mentiroso, incapaz e incoherente”. Dos días más tarde fue liberado.
El 17 de diciembre, varios periodistas fueron tomados como rehenes en la cárcel de mujeres de Guayaquil, donde las reas demandaban mejoras para la infraestructura. Al día siguiente, los periodistas fueron liberados sin consecuencias graves.
En diciembre, la periodista María Patricia Ramos Ordóñez, corresponsal en Machala de El Universo de Guayaquil, fue agredida verbalmente por concejales de ese municipio luego de que iniciara una serie de preguntas relacionadas al proceso municipal de concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado a una empresa de economía mixta. El Colegio de Periodistas de la localidad resolvió solidarizarse con los comunicadores y no cubrir la información que generaran los concejales hostiles.
El radiodifusor José Toapanta, de radio La Voz de Naranjal, de Naranjal, fue agredido físicamente por Ruperto Espinoza Rivas, alcalde del cantón. Según el radiodifusor, la reacción se dio porque informó sobre el juicio que el alcalde tenía por un supuesto sobreprecio en un contrato de fumigación contra la malaria. Además de los golpes que Toapanta recibió, los acompañantes del alcalde destruyeron parte de los equipos de la emisora en busca de la cinta que registraba la denuncia.
Asesores del gobierno dieron a conocer a la opinión pública una “lista negra” en donde constaban los enemigos del gobierno. En la lista había varios periodistas.
Además, se conoció un informe de inteligencia militar, cuya existencia fue negada por las autoridades, que incluía nombres de medios y de comunicadores en el capítulo que hacía referencia a las amenazas a la estabilidad nacional.
Miguel Rivadeneira, director de Radio Quito, denunció haber recibido cinco amenazas de muerte relacionadas con la entrevista hecha a uno de los generales de las Fuerzas Armadas sobre el posible tráfico de armas en el que estarían implicados miembros del Ejército.
El 9 de febrero, Ricardo Mendoza, chofer de Carlos Muñoz Insúa, director de la estación de televisión Telesistema, murió como consecuencia de un ataque que habría sido dirigido en contra del periodista.
El atentado se dio mientras el automóvil que trasportaba a Muñoz y Mendoza por las calles de Guayaquil estaba detenido en un semáforo en rojo, momento en el que dos hombres les dispararon siete tiros. El ataque fue reivindicado por las Milicias Revolucionarias del Pueblo (MRP), un grupo que se autodenomina “terrorista” y que acusa a Telesistema de no emitir sus comunicados. Los supuestos criminales adelantaron que cometerán otros ataques contra periodistas y medios.
El 3 de marzo, el domicilio de Iván Toral, miembro de la familia editora del diario El Tiempo, de Cuenca, fue abaleado por sujetos no identificados. El ataque se produjo en horas de la noche y no hubo víctimas. Toral, que se desempeña como gerente de producción del periódico, es, de entre los propietarios del medio, el que tiene la residencia de más fácil acceso para este tipo de ataques, por lo que se supone que fue la escogida por los criminales.
En este período no ha habido cambios en la legislación en material de libertad de prensa.
Se espera que en las próximas semanas sea aprobado en segundo y último debate en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Acceso a la Información que la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos hizo en septiembre del 2002.