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El 29 noviembre del 2005 tomaron posesión los 31 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego de un proceso de selección liderado por un comité calificador, veedurías nacionales e internacionales, destacándose las de la ONU y OEA. Las dos anteriores cortes supremas estuvieron acusadas de estar manipuladas políticamente y de haber hipotecado la seguridad jurídica de los ecuatorianos, entre ellos la prensa. Como muestra vale recordar el fallo condenatorio por delito de injurias contra el Dr. Rodrigo Fierro, columnista de El Comercio, querellado por un ex presidente de la república e influyente político, el mismo que se tramitó en tiempo récord. La reinstalación de los nuevos magistrados ?luego de más de siete meses sin Corte Suprema? es el hecho más trascendental de este periodo. A pesar de que la Constitución garantiza la libertad de prensa, expresión e información, y no contempla como limitante la colegiatura obligatoria de los periodistas, el Congreso Nacional no ha cumplido todavía con su obligación de derogar la disposición legal que obliga a los periodistas a estar colegiados. El 13 de febrero del 2006 fue asesinado José Luis León Desiderio, presentador de radio Minutera, cerca de su casa en un barrio del noroeste de Guayaquil. Sus colaboradores advirtieron que se trataría de una represalia por las denuncias contra la delincuencia que el periodista hacía en su programa radial. Al día siguiente, 14 de febrero, fue asesinado el fotógrafo independiente Saúl Suárez Sandoval, que colaboraba con los diarios La Hora Durandeña y La Prensa de Durán, en la provincia del Guayas. No se ha demostrado que los asesinatos estén vinculados con su trabajo profesional como periodistas. Los hechos más sobresalientes en este período son los siguientes: El 5 de octubre del 2005 el reportero Víctor Eladio Murillo Robalino y la fotógrafa María del Pilar Vera del Pozo de diario El Telégrafo de Guayaquil denunciaron ante el Ministerio Fiscal que fueron agredidos física y verbalmente por guías de la Penitenciaría del Litoral, que además los encerraron y arrebataron su material. El hecho ocurrió cuando fotografiaban el exterior de esa cárcel y fueron interceptados por un guía penitenciario. Los periodistas responsabilizaron al director de la cárcel Carlos Tamayo, quien apoyó la retención. Como se recordará, el 22 de julio del 2004 el presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito dictó orden de prisión contra el ex presidente Lucio Gutiérrez, acogiendo una demanda del entonces ministro de Gobierno que acusó al ex primer magistrado de atentar contra la seguridad nacional, al arrogarse las funciones de Presidente de la República y presentarse como tal, cuando ya no lo era, en una entrevista en CNN. Según la Constitución, un ex presidente sólo puede ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia luego de un juicio político en el Congreso Nacional. Ninguno de esos requisitos se cumplió. Gutiérrez regresó al país el 14 de octubre del 2005 y fue detenido. Ese día, fuerzas militares impidieron que los periodistas accedieran al aeropuerto de Manta, provincia de Manabí, sitio por donde el ex presidente volvió al país. El 3 de marzo del 2006 el presidente de la Corte Superior de Pichincha ordenó finalmente la liberación de ex mandatario al considerar que no existía base legal para su enjuiciamiento. A mediados de octubre del 2005, la cadena de televisión Ecuavisa presentó un reclamo a la Superintendencia de Telecomunicaciones por la interrupción que sufrió su señal entre los suscritos a la compañía TV Cable en momentos en que el presentador de ´´Contacto Directo´´, Carlos Vera, respondía a varias críticas que le hizo el diputado y ex presidente León Febres-Cordero. La compañía de TV Cable presentó pruebas técnicas ante las autoridades de control para explicar las causas del corte y, de acuerdo con éstas, la interrupción no tendría relación con el contenido de la transmisión. Sin embargo, la compañía fue sancionada por el organismo de control por no ser ésta la primera vez que sucede. El 14 de noviembre del 2005, el diputado Alfonso Harb del Partido Social Cristiano, acusó al Director de Radio La Luna de irregularidades en los contratos comerciales de su radioemisora con el Gobierno. Harb dijo que tenía “las primeras pruebas de varios miles de dólares que unen al Gobierno con Radio La Luna”. Paco Velasco, director de dicha radioemisora, tiene actualmente protección especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, luego de que el periodista denunciase varias amenazas de muerte en su contra. El 30 de noviembre del 2005, el Congreso aprobó en segundo debate una reforma al Código Penal propuesta por el diputado del Partido Social Cristiano Alfondo Harb que pretendía sancionar con prisión de seis meses a un año y multa de hasta mil dólares a quienes divulgaran conversaciones telefónicas con terceros sin su consentimiento escrito. El 7 de diciembre, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) solicitó de manera pública al presidente Alfredo Palacio que vete el proyecto. La Aedep hizo notar que el texto era tan vago que se podía interpretar que un periodista que difundiese una entrevista grabada estaría cometiendo un crimen. El Código Penal actual sí sanciona la interferencia no consentida de llamadas telefónicas, por lo que no se necesita un texto adicional. El 29 de diciembre el Ejecutivo vetó la ley. Al día siguiente, 14 de febrero, fue asesinado el fotógrafo independiente Saúl Suárez Sandoval, que colaboraba con los diarios La Hora Durandeña y La Prensa de Durán, en la provincia del Guayas. El 21 de febrero del 2006 el Congreso Nacional reformó la Ley de Control del Gasto Electoral. En el transcurso del debate se propuso en el Parlamento la obligación de que los canales de televisión cedieran gratuitamente espacios de su programación a los candidatos presidenciales, pero en el texto final se excluyó tal disposición y se cargó el costo de esos espacios al presupuesto estatal. El 21 de febrero del 2006 el gobierno declaró el Estado de Emergencia en la provincia de Napo al estallar un paro provincial que paralizó las exportaciones de petróleo crudo. En el decreto se incluyó de manera explícita la suspensión de las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión y de prensa. El 22 de febrero un partido político denominado Movimiento Popular Democrático (MPD) convocó en la ciudad de Esmeraldas a una marcha liderada por el Alcalde y la Prefecta, pertenecientes a ese partido, en la cual unas 4000 personas, protestaron contra de los medios de comunicación de esa ciudad. En la marcha, el Alcalde y la Prefecta lanzaron insultos y agresiones verbales contra los medios. En relación con lo anterior, la Fiscalía ha abierto investigaciones contra cuatro individuos que habrían sido contratados por funcionarios de la Alcaldía para distribuir pasquines en contra de los medios y sus propietarios. En diciembre el diputado Simón Bustamante presentó una demanda por injurias contra Angel Loor, director del diario La Hora de Manabí, en la que lo acusa de recoger unas declaraciones, según él injuriosas, de otro ciudadano sin relación con el medio de comunicación. El 7 de marzo se declaró Estado de Emergencia en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos para enfrentar un nuevo paro, esta vez de trabajadores tercerizados de Petroproducción que ocuparon instalaciones petroleras. El decreto aún no ha sido publicado en el Registro Oficial y no se ha podido establecer si en el mismo se incluyó la suspensión de las libertades de expresión y prensa.
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