EL SALVADOR

En este período persistió la tendencia de parte de muchos funcionarios a retener información de interés público, lo que dificulta la obtención de material, especialmente en trabajos investigativos.
El más grave caso de intimidación a fuentes se produjo en el Ministerio Público, cuando el fiscal general, Belisario Artiga, amenazó a finales de agosto de este año con aplicar el Artículo 324 del Código Penal contra funcionarios que supuestamente habrían filtrado un documento a El Diario de Hoy.
El documento, un informe del fiscal específico Roberto Vidales sobre el uso indebido que abogados -muchos de ellos con funciones de jueces- hacían de títulos no refrendados por el Ministerio de Educación u obtenidos de manera irregular, fue impreso por la Fiscalía General en un número no determinado de copias repartidas a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo Nacional de la Judicatura y a otros funcionarios no especificados. El documento no establecía en ninguna de sus partes el carácter de confidencialidad alegado por la fiscalía ni tenia firma alguna que hiciera responsable de su autoría a ninguna autoridad. No obstante, luego de confirmarse la autenticidad del documento, partes del informe, incluyendo nombres de los profesionales investigados, se publicaron en el mencionado matutino, por ser su contenido de indudable interés público.
La persistente amenaza sostenida por la Fiscalía ante diversas instancias ha generado el temor generalizado de fuentes del sector de justicia que ahora, aun en casos de menor trascendencia, se niegan a responder preguntas de los periodistas, con lo que se entorpece la libertad de información.
En otro hecho, el subcomisionado Wilfredo Avelenda, jefe de la Región Metropolitana de la Policía Nacional Civil, expulsó de la delegación policial a una redactora y una fotógrafa del periódico Más, luego de haberles reclamado con violencia verbal por la publicación en ese matutino de las acusaciones que actualmente se le formulan ante tribunales, por acoso sexual.
La expulsión impidió a las periodistas cubrir adecuadamente la captura y remisión de dos militares acusados de amenazas, con lo que se atentó contra el libre ejercicio de la profesión periodística.
Una protesta verbal de parte de la dirección de Más ante la jefatura de comunicaciones de la Policía Nacional Civil no ha obtenido respuesta oficial hasta la fecha. Ninguna de las periodistas expulsadas y verbalmente agredidas era autora de la información que molestó al subcomisionado Avelenda.
El diario La Prensa Gráfica denunció dificultades que sus periodistas confrontan en oficinas públicas para acceder a la información en la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia.
En la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones de las diferentes salas del máximo tribunal son manipuladas por el jefe de comunicaciones, quien reparte a discreción las resoluciones a los medios de su conveniencia y ha expresado abiertamente su enojo con La Prensa Gráfica por lo que considera un "mal trato" a los magistrados de la Corte. Se refiere a críticas y reportajes que plantean deficiencias en la administración de justicia.