Reunión de Medio Año San Salvador, Marzo 21-24 El Salvador

EL SALVADOR

Algunos de los problemas persistentes que entorpecen y dificultan la tarea de los periodistas y medios de comunicación residen en que las instituciones públicas, principalmente el Poder Ejecutivo, impiden el acceso a la información y en la continuación de agresiones contra periodistas durante la cobertura informativa.
A pesar del amparo constitucional, no existe en la práctica un mecanismo legal que obligue a los funcionarios a entregar la información que emana de cualquier institución pública y que cualquier ciudadano pueda requerir.
Esta situación deja a criterio subjetivo del funcionario principal, o de los mandos medios, la información que se decide revelar. Con más razón, los periodistas sufren la negativa o el aplazamiento indefinido de la información que solicitan.
Un ejemplo reciente de este manejo subjetivo se registra a partir de febrero de este año en el área de salud. Las principales autoridades han centralizado la información sobre pacientes y enfermedades, y no permiten que los directores de los diferentes hospitales brinden información de interés público. Con esta medida, el periodista sufre una permanente desinformación, que se agrava en el momento en que precisa respuestas sobre casos delicados, como epidemias.
Además, en la actual huelga que protagonizan los médicos, que se inició en septiembre de 2002, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social maneja una política informativa escasa y ofrece datos incompletos. En pocas ocasiones atiende las peticiones formuladas por los reporteros cuando éstos solicitan una información precisa. Ello ha determinado que no se pueda conocer el impacto real del conflicto en el sistema de salud del país.
Algunos organismos autónomos con presupuesto estatal ejercen la misma política de trabas informativas. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), generadora de energía, se oponen a dar información sobre el manejo de su presupuesto. En esta misma situación se encuentran otras instituciones de reciente creación como las Superintendencias, la de Energía y Telecomunicaciones, la de Bancos y la de Valores.
Este problema en relación con el acceso a la información también se observa en el Poder Judicial. Persiste una falta de información sobre el manejo de su presupuesto en capítulos como gastos, contratación de personal e inversiones. La Prensa Gráfica ha cuestionado los gastos de la institución para los rubros de asesores y seguridad, pero en ningún caso las denuncias han conducido a respuestas puntuales.
El acceso a los juicios en las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia es una tarea prácticamente imposible. Además, el máximo tribunal no revela las resoluciones emitidas.
La mayoría de los magistrados esquiva a los medios de comunicación y deja en manos del presidente de la Corte Suprema toda la responsabilidad para responder a las peticiones de los periodistas. De los 15 magistrados, más de la mitad apenas ha aparecido en los medios, contando la ocasión en que fueron electos.
Se mantiene también la mordaza en el Código Penal en el que se dicta restricciones de acceso a las audiencias de los juicios, según sus artículos 272 y 327. Dichos artículos imponen el establecimiento de la reserva de los casos, pero siempre que se decida por medio de una resolución por escrito y fundamentada.
Sin embargo, se han registrado innumerables casos en que los jueces dictan reserva a los juicios sin una argumentación. La mayoría de funcionarios judiciales ni siquiera explica a los redactores las razones de la reserva, que en ocasiones también la solicita la Fiscalía General sin mayores argumentos.
Asociaciones de periodistas y particulares han pedido desde el año 2001 las reformas de estos artículos en los códigos, pero hasta la fecha la Asamblea Legislativa no ha tomado cartas en el asunto.
Tampoco han tenido efecto las promesas hechas por las principales autoridades del Poder Judicial de recomendar a los jueces que no abusen de los artículos mordaza.
En las leyes penales también se mantiene la presión a los periodistas y medios de comunicación con la amenaza de la Inhabilitación Especial (Artículo 180 del Código Penal) y la prisión en los delitos de Calumnia, Difamación e Injuria. (Artículo 177, 178 y 179 del Código Penal).
La Corte de Cuentas se ha cerrado por completo a los periodistas. Basados en reformas efectuadas en septiembre de 2002 a la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas, específicamente en su Artículo 46, su presidente y sus ejecutivos no revelan información sobre los resultados de las auditorías realizadas a las diferentes instituciones públicas.
El presidente Flores no vetó la reforma mordaza en la Corte de Cuentas, sino que le dio su aval al mes siguiente de su aprobación, con lo que se logró obstaculizar el acceso periodístico a los informes de los auditores.
Las auditorías se manejan de forma poco transparente y en ocasiones se dan a conocer públicamente con fines políticos. En este contexto, la Corte de Cuentas se mantiene politizada, ya que es controlada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), una formación de derecha ubicada como la tercera fuerza del Congreso.
El FMLN, cuyo secretario general ha sido también cabecilla del partido comunista por más de 30 años, ha difamado y agredido de manera sistemática a los medios de comunicación salvadoreños. También sostiene abiertamente, como parte de su plataforma política, denominada “Proyecto de País”, claros propósitos de manipular y condicionar el ejercicio del periodismo independiente.
El FMLN se ha referido a un plan para “democratizar” la propiedad de los medios de comunicación y declarar “ilegal” que sus propietarios y directores expresen sus puntos de vista en los editoriales y que intervengan en los asuntos de contenido.
Estas manifestaciones han estado precedidas, en los últimos meses, por una serie de graves agresiones físicas contra periodistas en el contexto de mítines públicos que ha encabezado ese partido.
Son igualmente sintomáticos otros signos de intolerancia democrática de algunos de los principales dirigentes de ese partido. A la menor muestra de fiscalización de sus actos como servidores públicos, buscan una estrategia de deslegitimar moralmente a periodistas y a medios como un método para desvirtuar la verdad.
El Diario de Hoy denunció que a uno de sus periodistas que quiso viajar a Canadá en busca de pruebas contra una empresa involucrada en una investigación de multimillonaria corrupción edil relacionada con el tratamiento de basura en 10 municipalidades gobernadas por el FMLN, se le entorpeció, durante dos días, su visado.
La visa fue solicitada de manera formal y la Embajada de Canadá con sede en Guatemala, primero le exigió al periodista revelar el tema de su investigación y después se le exigió la carta de invitación por parte de un medio canadiense para permitirle al periodista ingresar al país.
Hubo de recurrirse a la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador para que finalmente extendieran el visado.
Respecto a las restricciones al acceso a la información pública, el diario El Mundo denunció que sus peticiones de información a varios organismos gubernamentales fueron denegadas en 19 oportunidades en este período.
El Mundo también denunció que tres de sus periodistas fueron víctimas de agresiones a finales del 2002 por parte de grupos gremiales.
En marzo de 2002 una turba de sindicalistas de extrema izquierda se congregó frente a las instalaciones de la corporación FM y destruyó varios vehículos y equipos de propiedad de la estación radial. El evento es importante, pues es parte de un patrón general de violencia en contra de los medios independientes del país.