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Chicago , October 10-14, Illinois |
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Country-by-Country informes
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EL
SALVADOR
En los últimos meses, el número
de casos en los que se ha bloqueado la acción periodística de
los reporteros y fotoperiodistas no ha disminuido respecto a períodos
anteriores, lo que hace pensar que los avances en libertad de prensa y acceso
a la información pública son aún insuficientes. Los organismos
gubernamentales y políticos suelen incurrir en prácticas de coerción
o bloqueo de información.
Existen barreras que impiden el libre acceso a la información de interés
público, particularmente de parte de los alcaldes de 10 municipios del
gran San Salvador, quienes se resisten a informar sobre el estado financiero
y el manejo de los fondos de los contribuyentes.
Por otra parte, el diario El Mundo cuestionó al alcalde de San Salvador,
Carlos Rivas Zamora, por considerar que mantiene una política de puertas
cerradas y por responder con serio retraso a peticiones de entrevistas solicitadas.
El diario denunció que el Ministerio de Defensa no brindó información
sobre la situación de los soldados salvadoreños en Irak y que
la Secretaría Técnica de la presidencia negó información
sobre la política informativa del país.
El 19 de marzo, durante el consolidado de resultados de las elecciones legislativas
y municipales, celebradas el 16 de marzo, oficiales del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) impidieron al periodista Sergio Arauz el paso a la habitación en
la que se realizaba el conteo definitivo de votos del Departamento de la Libertad,
cuyos resultados estaban entre los más apretados y de los que dependía
la asignación de un diputado que en ese momento podía significar
una mayoría legislativa para los partidos de oposición, alegando
que para acceder al lugar era necesaria la autorización de algún
magistrado del Tribunal. En ese momento, y durante todo el proceso, que duró
una semana, el acceso al resto de salas de recuento era libre para los informadores.
Asimismo, el dirigente gremial y candidato a la vicepresidencia por el del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Guillermo
Mata Benett, presidente del Colegio Médico hasta finales del mes de julio,
admitió el 19 de junio, estando en curso una huelga médica, que
la asociación que presidía había tomado en Asamblea General
la decisión de restringir el acceso a algunos periodistas, según
él, por una petición expresa de los asambleístas. La restricción
incluía una “lista negra”, con periodistas a los que no se
permitía el acceso a las instalaciones del Colegio, entre los que estaban
Ena Rivas, Edwin Segura, y la fotoperiodista Nubia Rivas, todos ellos de la
Prensa Gráfica.
Otro caso es el de Schafik Handal, dirigente del FMLN, jefe de la fracción
legislativa y candidato a la presidencia en las elecciones del próximo
21 de marzo de 2004. Handal acusó el pasado 21 de agosto al periodista
Carlos Ramos de tergiversar sus palabras en una entrevista sobre el supuesto
ofrecimiento de cargos ministeriales a otro partido en un eventual gobierno
del FMLN, a cambio de formar una coalición electoral.
Por último, hay que reseñar la persistencia en la negativa de
las autoridades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río
Lempa (CEL), institución autónoma y principal encargada de la
generación de energía en el país, a brindar cualquier tipo
de información a periodistas de la Prensa Gráfica, o conceder
entrevistas con ninguno de sus funcionarios. Este bloqueo de información,
que la Prensa Gráfica ha denunciado en anteriores ocasiones cobra especial
relevancia al ser la CEL el organismo público que genera un mayor flujo
de efectivo en las arcas del Estado.
El presidente de la República, Francisco Flores, prometió ofrecer
conferencias de prensa periódicas, después de ser reprendido por
un grupo de periodistas que el pasado abril le hicieron ver que llevaba más
de un año y medio sin ofrecer una sola entrevista, y cerca de seis meses
sin comparecer ante la prensa. Pese a que en un primer momento, durante dos
meses, se reiniciaron las antes habituales conferencias de prensa semanales,
y que el mandatario ofrece declaraciones a los medios de manera arbitraria y
sin previo aviso, aprovechando distintos eventos de su agenda, sigue sin sistematizarse
el acceso a la información dependiente de Casa Presidencial, y no hay
garantía alguna de contar con una versión oficial del presidente
en temas como la Ley Antimaras, la situación de las tropas salvadoreñas
en Irak o el proceso de demarcación fronteriza con Honduras.
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