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EL SALVADOR Durante el último medio año se ha mantenido el clima de positiva apertura a los medios de comunicación por parte de funcionarios de gobierno, como parte de la nueva política comunicativa gubernamental. La mayoría de los funcionarios no elude responder a las preguntas de los periodistas. En este sentido, falta mejorar el nivel de profundidad y detalle de la información ofrecida por los funcionarios cuando se trata de responder a casos delicados o a cuestionamientos que afectan a sus instituciones, mientras que se registran obstáculos para lograr información sistemática sobre número de homicidios y el grado de eficiencia de las investigaciones. Pese al compromiso gubernamental de unificar los registros de homicidios y actos delictivos en instituciones relacionadas, no ha habido avances significativos en este campo. En cuanto al sistema judicial, aunque en menor medida, persisten los esfuerzos de determinados jueces por citar a periodistas a juicio, sin ser estos testigos presenciales de delito alguno. No obstante, se redujo el número de citaciones tras la reforma de los Códigos Penales en las que se estableció la protección legal de los periodistas. Persiste la arbitrariedad de jueces al permitir o prohibir acceso a periodistas a salones en los que se celebran vistas públicas. Bajo el argumento de la falta de espacio, entre otros, se vulnera el procedimiento en vigor, que estipula que sólo se podrá limitar el acceso en casos de seguridad nacional, conmoción social o protección de la intimidad de la víctima. La ley establece que el juez debe justificar su censura por escrito, cosa que no se hace. Existe falta de acceso a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados se niegan de forma reiterada a atender a los periodistas, sobre todo si se trata de críticos a la gestión de la administración de justicia. Obtener el detalle de las resoluciones de las cuatro salas que conforman el máximo tribunal es casi imposible. La negativa de funcionarios de rango medio se ve fortalecida por la de los funcionarios de más alto rango e, incluso, los agentes de seguridad de la Corte, quienes impiden y controlan el movimiento de los periodistas dentro del edificio de la institución. Desde hace más de un año, el presidente de la Corte Suprema de Justicia no concede entrevistas al periódico La Prensa Gráfica. En el caso de la Corte de Cuentas de la República, sigue manejando a discreción el resultado de sus auditorías, amparada en la reforma hecha a su Ley Orgánica en 2003 (la cual también ha sido denunciada en el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos), por la que se limita la difusión de informes no definitivos, y que ha merecido constantes críticas por parte de organismos defensores de la libertad de expresión. Se trata de una de las más graves limitantes al derecho a la información de la ciudadanía, por tratarse paradójicamente del órgano contralor del Estado. Los juicios de cuentas contra los funcionarios estatales son privados. No se permite el acceso a los debates ni a los expedientes cuando se trata de juicios por mala administración de fondos. La Corte de Cuentas tiene cuatro juzgados internos, pero se prohíbe la presencia de periodistas, por lo que urge establecer reformas legales para permitir el acceso a estos procesos considerados de interés público. La falta de transparencia gubernamental en los últimos años en lo referente al estado de las finanzas públicas, específicamente del déficit fiscal, ha podido comprobarse ahora como mayor al presentado oficialmente. Según acabó admitiendo el actual Gobierno a instancia de investigaciones periodísticas, el ministerio de Hacienda ocultó más de $200 millones en déficit en los ejercicios de 2002, 2003 y 2004.
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