58 Asamblea General Lima, Octubre 26-29, Perú

GUATEMALA

A pocos meses de un proceso electoral, se evidencia un plan del gobierno para atacar una vez más la credibilidad de los periódicos. Los más altos funcionarios del país se han dado a la tarea de intentar desprestigiar a los medios con acusaciones falsas.
En este período, lo más relevante en torno a la libertad de prensa ha sido que se logró detener en la Corte de Constitucionalidad, al menos temporalmente, la pretensión del FRG de imponer la colegiación obligatoria a los periodistas, aunque falta el fallo definitivo.
El Congreso aprobó reformas al Código Penal que introducen castigo y sanción para todas las publicaciones, periódicos, libros y medios radioeléctricos, que incluyan “contenido obsceno”, lo que contraviene el Art. 35 de la Constitución, además de abrir un espacio en la legislación para poder intervenir en el contenido de los medios.

El mayor peligro sigue siendo el constante ataque a la credibilidad de la prensa. El presidente Alfonso Portillo, el vicepresidente Francisco Reyes, así como el presidente del Congreso, el general Efraín Ríos Montt, aprovechan cualquier discurso público para señalar que la prensa “está al servicio de los grupos oligarcas”, y desmienten cualquier información que se publica.
A esta tarea se han sumado algunos ministros y ex funcionarios del Gobierno señalados por actos de corrupción, principalmente el ministro de Finanzas Públicas, Eduardo Weymann, el ex ministro de Comunicaciones, Luis Rabbé, el ex Contralor General de cuentas de la Nación, Marco Tulio Abadío, y algunos diputados y dirigentes del partido oficial.

La televisión, con postura progubernamental, concede amplios espacios a estas críticas, no así la radio independiente.
El blanco principal de los ataques han sido los diarios Siglo Veintiuno, Prensa Libre y elPeriódico, así como los directores de estos dos últimos, a los que incluso se ha señalado como “desestabilizadores” por parte de los sectores oficiales o medios progubernamentales.
Un informe de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, señala que los frecuentes enfrentamientos prensa-gobierno, así como “las acusaciones reiteradas de los gobernantes contra algunos medios, los señalamientos de desestabilizadores, opositores al sistema y de no difundir las cosas buenas hechas por los altos funcionarios del gobierno, incluyendo al Presidente, son aspectos que intimidan, afectan el flujo informativo y limitan la libertad de emisión del pensamiento”.

En medio de tanta controversia en que se ha visto involucrada la prensa guatemalteca durante los últimos dos años, ha surgido una polémica en torno a un conflicto familiar-empresarial, que el gobierno ha utilizado para señalar supuestos intereses de los periódicos a favor de una de las partes.
La postura de los periódicos ha sido la de no publicar las versiones de ninguna de las partes, por ser un pleito eminentemente familiar, que lleva más de cuatro años en los tribunales de Guatemala y el extranjero, pero que ha sido aprovechado por el presidente Portillo para hacer acusaciones, algunas de ellas muy serias contra algunos periodistas, entre ellos, José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico.
Un caso emblemático relacionado a los crímenes de periodistas que investiga y sigue con atención la SIP, es el de Jorge Mario Alegría Armendáriz, asesinado a tiros el 6 de septiembre del 2001 en la población de Puerto Barrios, 300 Km. al norte de la capital.
El Ministerio Público nombró un fiscal especial para el caso de Alegría. El acusado de ser el autor material se encuentra en prisión y está a la espera del juicio.
Por último, la APG presentó una demanda sobre la intención del Congreso de la República de manipular un proyecto de Ley de Medios Comunitarios, pues se “pretende obtener las frecuencias radiales para entidades afines a los propósitos políticos” del partido gobernante.