GUATEMALA
Informe ante la 62ª Asamblea General
Ciudad de México, México
29 de Septiembre - 3 de Octubre, 2006

Después de un período de relativa calma en materia de libertad de prensa, la situación en el país se complicó durante los últimos meses, en los que se reportan varios hechos de intimidación contra periodistas, entre los que destaca el asesinato del periodista Eduardo Heriberto Mass Bol y el atentado contra Vinicio Aguilar.

Mass Bol, corresponsal de Radio Punto fue atacado a tiros el 10 de septiembre en la localidad de Cobán, al norte del país, cuando se conducía en su automóvil en horas de la madrugada. Era directivo de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz, pero también se desempeñaba como supervisor del Ministerio de Educación.

Aguilar, director del programa radial “Hablando se entiende la gente” fue atacado a tiros también mientras hacía ejercicios en la vía pública el 23 de agosto y sobrevivió milagrosamente. Declaró al representante de la SIP que no tenía indicios sobre el móvil del atentado.

En ambos casos la SIP demandó una investigación pronta y profunda de parte de las autoridades. El ministro de Gobernación, Carlos Vielman y el Fiscal General de la Nación, Juan Luis Florido, se comprometieron a llevarla a cabo.

Otros hechos que provocaron reacción de la SIP fueron las amenazas recibidas por cinco corresponsales departamentales, cuatro de ellas en agosto por parte de periodistas de la ciudad de Antigua Guatemala y otra más en septiembre en la ciudad de Cobán.

En Antigua Guatemala, María Teresa López Lima, corresponsal de Prensa Libre, Oscar Enrique Flores Sosa, director del periódico La Voz de Antigua, José Antonio Palomo Carjas y Carlos Roberto Mérida Reynoso, ambos columnistas, denunciaron haber recibido amenazas en aparente represalia por su cobertura informativa sobre la gestión del alcalde César Antonio Siliézar Portillo. Los periodistas han denunciado irregularidades en la administración del gobierno local y luego hicieron públicas las amenazas recibidas.

López Lima señaló que el capitán retirado Marvin Estuardo Mena Pons, cuñado del alcalde, realiza una investigación sobre ella, según conoció a través de la esposa del militar, quien la localizó y le mostró un expediente que contenía su fotografía, datos personales y un listado de sus llamadas de teléfono.

El otro corresponsal amenazado es Angel Martín Tax, del diario Prensa Libre, quien ha sido blanco de llamadas anónimas desde hace meses para intentar intimidarlo, tras denunciar en el periódico a ex agentes de la Policía Nacional Civil en actos ilegales.

El 11 de agosto, reporteros del telenoticiero Guatevisión, de Canal 13 y del diario Siglo Veintiuno, fueron amenazados y retenidos por más de tres horas por grupos campesinos armados en Senahú, Alta Verapaz, al norte de Guatemala, cuando cubrían la noticia sobre un litigio laboral por tenencia de tierras.

Continúa en el país el debate sobre la legalidad de varias decenas de radios comunitarias que operan en el interior, al amparo de los acuerdos de paz que establecieron el surgimiento de este modelo de radios para garantizar la diversidad de medios a nivel nacional. Se prevé que el Congreso de la República normará su funcionamiento. Mientras tanto, el Ministerio Público ha clausurado varias radios que operan sin legalizar el uso de las frecuencias que utilizan.

Oscar Rodolfo Castañeda, director de Radio 10 presentó documentación sobre lo que califica de “presiones comerciales” para despojarlo de la frecuencia que utilizaba en la banda FM. Sin embargo, el propietario de la frecuencia respondió indicando que se le había retirado el uso de la misma por incumplimiento del contrato y pago del alquiler.

El programa del periodista Aguilar, “Hablando se entiende la gente”, se transmitía por Radio 10 y Castañeda asegura que el mismo obedece a presiones similares que ha sufrido la radio. Castañeda alega que recibió amenazas en el aire el día anterior al atentado contra Aguilar,

El 31 de Agosto, el Gobierno de Guatemala decretó por un acuerdo gubernativo un estado de excepción que restringía la libertad de prensa y de expresión para una región en San Marcos, en la frontera con México, en donde se realizó un operativo antinarcóticos a gran escala para combatir el cultivo de amapola.

Ese día la SIP pidió al Gobierno que se restableciera plenamente el derecho a informar y ser informado y que se respetara la Constitución de la República que así lo garantiza. El gobierno aceptó los puntos expuestos por la SIP y modificó 24 horas después el acuerdo gubernativo, quedando vigente plenamente la libertad de prensa.

El caso más reciente ocurrió en la ciudad de Quetzaltenango, la segunda en importancia del país, en donde David Leiva, editor del programa de noticias Sucesos, que se transmite en la radio Stereo 100, fue agredido por desconocidos cuando llegaba a su trabajo, quienes además de golpearle le cortaron el pelo, en lo que directivos de la empresa han calificado como una forma de transmitir un mensaje al medio de comunicación. Sucesos tiene un formato informativo dinámico que permite la participación del público.