HONDURAS

Cada vez se vuelven más frecuentes las acciones para intimidar a los periodistas, que van desde la agresión verbal o física hasta caer en procesos judiciales que se han vuelto rutinarios.
La libertad de expresión también tropieza con trabas por la creación, desde 1979, del Colegio de Periodistas de Honduras, institución a la cual se debe estar afiliado para ejercer la profesión, de acuerdo a su ley constitutiva. Muchos medios de comunicación deciden soslayar esa ordenanza, pero al hacerlo se exponen a recibir sanciones económicas, mientras quienes ejerzan ilegalmente la profesión pueden ser enviados a la cárcel.
El colegio ha suspendido por un año a 50 periodistas que, según sus registros contables, mantienen mora con la institución. Cada afiliado debe pagar el equivalente a 2 dólares mensuales.
Los procesos judiciales contra periodistas y las acciones para intimidarlos han aumentado, pero la gran mayoría de los medios de comunicación han mantenido abiertos sus espacios para atender al público en sus reclamos y denuncias.
El 24 de septiembre, el periodista Fredy Pineda, del noticiero televisivo Canal 5, terminó, en el intento de una entrevista, liándose a golpes con el preparador físico de la selección nacional de fútbol, Ricardo Angeles, de origen peruano. Angeles ha dispuesto que los futbolistas no den entrevistas hasta que él las ordene. Esto generó la discusión con el periodista..
Por el incidente, el abogado del periodista acusó al preparador físico en los tribunales y cuando se efectuó su detención, un periodista de Diario La Prensa comenzó a tomar fotografias, lo que provocó que varios seleccionados se le fueran encima, lo insultaran y le arrebataran la cámara.
En otro hecho, un grupo de miembros del sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se dirigió hacia las oficinas de Radio América y Diario El Heraldo, en Tegucigalpa, a raíz de que estos medios denunciaron malversación de fondos dentro de esa organización. El caso se encuentra actualmente en los tribunales.
El hospital de El Progreso giró una orden a los vigilantes para impedir el paso de los periodistas, bajo el argumento que ahí sólo llegan en busca de noticias negativas.
En la ciudad de Tela, un periodista que tiene un programa radial, Carlos Martínez, fue apresado cuando agentes de la Dirección General de Investigación Criminal irrumpieron en la radio, sin orden judicial. Lo llevaron preso sólo porque su jefe se molestó por los comentarios que en ese momento expresaba Martínez. Tras la denuncia el jefe policial fue separado de su cargo y el periodista liberado por falta de méritos.
En el municipio de La Lima el alcalde Evaristo Euceda procesó por el delito de difamación al periodista Arnulfo Canales por publicaciones sobre actos de corrupción que hicieron varios patronatos y que Canales publicó en Diario Tiempo.
Periodistas que cubren las fuentes policiales han sido frecuentemente objeto de agresiones por parte de agentes y oficiales que tratan de impedir su cobertura de los hechos criminales.
Un periodista de Ocotepeque, en el occidente de Honduras, Modesto Acosta, fue encarcelado después de un proceso montado por funcionarios estatales de esa zona, a quienes había denunciado por actos de corrupción.
Una de las limitantes para los periodistas en Honduras frente a estos procesos judiciales es que la mayoría no cuenta con recursos para financiar su defensa.