58 Asamblea General Lima, Octubre 26-29, Perú

HONDURAS

En este período no se han registrado violaciones significativas a la libertad de expresión y de prensa. Los casos denunciados se derivan de problemas legales por la presencia de una legislación que no contribuye a un ambiente de plena libertad para el ejercicio del periodismo y a denuncias sobre discriminación en el otorgamiento de publicidad oficial.
Los hechos más notorios que se pueden enumerar son los siguientes:
En febrero se presentó acusación de la ex contralora general de la República, Vera
Sofía Rubí, contra Hondutel por el delito de espionaje y en mayo se amplió la acusación, involucrando a la periodista Sandra Maribel Sánchez, de Radio América. Ella había divulgado en su programa radial una conversación telefónica privada entre Rubí cuando era contralora general y el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Avila Banegas. En la charla usaron un lenguaje no propio de sus cargos sobre acciones en el Poder Judicial. El caso sigue en manos de la justicia.
Ejecutivos y periodistas de la empresa televisora Hondured denunciaron que el gobierno discrimina a este medio con el otorgamiento de la publicidad oficial, en represalia por las críticas sobre un viaje personal que hizo el presidente de la República, Ricardo Maduro, a Nápoles en junio de este año.
El periodista Nery Recarte de una radio de la ciudad de Siguatepeque, en el centro del país, denunció que recibió a mediados de este año amenazas de muerte aparentemente dirigidas por funcionarios municipales. Durante sus coberturas informativas había hecho señalamientos de operaciones irregulares en el gobierno local.
El periodista y director del noticiero de televisión de Canal 11, José Adán Castelar, denunció que fue sustituido de su cargo por no apoyar informativamente una marcha de productores de café, organizada por seguidores del dirigente liberal José Angel Saavedra, miembro del movimiento de Jaime Rosenthal Oliva, dueño del medio.
El 8 de octubre, la Corporación Municipal de San Pedro Sula, ordenó el cierre de las oficinas de la compañía Vica Televisión aduciendo problemas en el pago de impuestos, sin afectar la programación del medio. Sin embargo, momentos después se ordenó que se suspendiera la sanción aduciendo un error.