60 Asamblea General de la SIP . Antigua, Guatemala, 22 - 26 de octubre 2004

HONDURAS

Es indudable que en el país hay libertad de prensa, pero es también cierto que los espacios de libertad irrestricto en que se han desenvuelto los medios se han ido cerrando. Las acciones contra la prensa ya no se limitan a amenazas, sino que se han concretado en al menos tres procesos judiciales concluidos contra periodistas, dos de ellos han terminado en veredictos de culpabilidad y en uno, incluso, se teme una pena en que el comunicador tenga que ir a la cárcel.

Las limitaciones aumentan paralelamente al incremento de actos delictuosos ligados al crimen organizado, a la vez que continúa siendo difícil obtener pruebas, en particular de entes oficiales, sobre hechos de corrupción.

Un nuevo proceso electoral hace la situación más dificultosa. El Tribunal Supremo Electoral pretende calificar la información política como propaganda partidaria y por tanto busca cómo someter las noticias a las condiciones legales de la propaganda.

Sólo este Tribunal Supremo Electoral puede autorizar la publicación de anuncios relacionados con partidos políticos, movimientos o candidatos, so pena de multas contra el medio de comunicación.
El 15 de mayo, el Congreso Nacional puso en vigencia la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que por primera vez limita el periodo de propaganda electoral y ha sometido a los medios de comunicación la censura previa. El Art. 144 limita la propaganda electoral a cincuenta (50) días antes del día de las elecciones internas y primarias, y a noventa (90) días antes de las elecciones generales. “Fuera de los plazos establecidos en el presente artículo, queda prohibida la propaganda electoral mediante la utilización de la televisión, la radio, periódicos escritos, revistas, vallas publicitarias en sitios o lugares públicos, altoparlantes fijos o móviles y concentraciones públicas”.

El Art. 145 regula por primera vez las encuestas y sondeos de opinión. Ordena que “no se podrán publicar los resultados de las encuestas y sondeos de opinión dentro de los cincuenta (50) días antes de las elecciones primarias y noventa (90) días antes de las elecciones generales”. Señala que la empresa encuestadora deberá registrarse ante el Tribunal Supremo Electoral, y deberá notificar sobre los “métodos y procedimientos utilizados en la realización de las encuestas para su previa autorización, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles”, contraponiéndose así a la Ley de Emisión de Pensamiento.

Tras presiones de los medios de comunicación y de la sociedad civil, el Congreso Nacional se comprometió a no ratificar la figura del Hábeas Data que había sido aprobada por el órgano legislativo en primera legislatura. De acuerdo con el derecho comparado, el Hábeas Data es una garantía que protege derechos como la honra, buena reputación, intimidad y derecho a la información, pero en ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas.

El jefe de Redacción del diario El Heraldo, Carlos Mauricio Flores, fue querellado en mayo pasado luego de publicar un trabajo de investigación relacionado con el narcotráfico y tráfico de armas desde Honduras a Colombia. La demanda fue interpuesta por la abogada Gloria Maritza García por los delitos de difamación y calumnia. Ella fue mencionada en la investigación periodística.

El trabajo, publicado el 20 de octubre de 2003 reveló los presuntos vínculos del narcotráfico en Honduras con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La relación, según el informe, se hace a través de un contacto identificado como Ethalson Mejía Hoy, de nacionalidad colombiana, y cuya apoderada legal es García Suárez. El proceso judicial incluyó audiencias de conciliación por lo que tras dos meses de conversaciones se evitó llegar al juicio oral. Ethalson Mejía se encuentra prófugo de la justicia hondureña y su abogada es requerida en Colombia, según informes de Interpol.

El 5 de agosto de 2004 fue condenado el periodista Adolfo Hernández por el delito de difamación con imputaciones constituyentes de injuria, por cuestionamientos hechos a una encuesta de medición de audiencia publicada por la Asociación de Agencias de Publicidad de Honduras, APAH, donde su programa aparecía en los últimos lugares de audiencia. Hernández es director del programa televisivo “No se deje” de la Corporación Maya TV, canal 66, en Tegucigalpa, y fue demandado por Fernando Mass, presidente de la APAH, quien sostuvo que el periodista dañó su imagen cometiendo el delito de difamación, calumnia e injuria, cuando se extralimitó en sus comentarios.

El de Hernández ha sido la tercera condena a un periodista este año. Por lo mismo delitos de difamación fueron condenados los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, presidente y director de un programa de televisión, Abriendo Brecha, y de cuatro revistas nacionales, y Renato Álvarez, conductor del programa “Frente a Frente”.

Existe mucha tensión en los medios de comunicación por la potencial discusión de la “Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública”, que prepara el Consejo Nacional Anticorrupción con la justificación de ser una medida preventiva para combatir la corrupción. En sus artículos existe el peligro de privación de la libertad y de multas para actividades relacionadas con el periodismo.

El 1 de octubre alrededor de las 7 de la noche fueron tiroteadas las instalaciones del diario La Tribuna en Tegucigalpa, sin consecuencias. Se informó de que el hecho fue un accidente cometido por un policía que se trasladaba en una patrulla policial para cumplir servicio en uno de los barrios cerca de la sede del diario La Tribuna y mientras manipulaba el arma reglamentaria se le disparó.

Desde mayo está latente el problema derivado de la nueva Ley Electoral que intenta incluir dentro del concepto de propaganda política a toda noticia que se refiera a los políticos. De forma oficiosa los integrantes del Tribunal Supremo Electoral llaman a los medios para pedirles la no inclusión de tales noticias, con veladas amenazas legales.

El periodista Adolfo Hernández, director del programa televisivo “No se deje”, espera una sentencia después de ser condenado por los delitos de difamación, calumnia e injuria.

Además, persiste la emisión de una orden de captura contra el periodista Arnulfo Aguilar, director de Radio Uno, por un trabajo contra la ex magistrada Telma Mejía de Zerón.

También está en pie la demanda en contra del periodista Serapio Umanzor, por trabajos periodísticos que involucraron al diputado Francisco Herrera Donnineli y su familia, como partícipes de una apropiación dolosa de unas tierras de propiedad privada.