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HONDURAS En este período se produjeron serias amenazas contra la libertad de prensa, especialmente durante las recientes elecciones primarias celebradas el 20 de febrero en las que los medios electrónicos fueron sometidos arbitrariamente a los designios del Gobierno. Una de las razones para esa presión es que el gobierno del presidente Ricardo Maduro tenía en el presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa, a su propio precandidato por uno de los partidos, el que no se sintió favorecido por algunos medios de comunicación. El Estado utilizó su poder para manejar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, que regula los medios de comunicación electrónicos y al Tribunal Superior Electoral, TSE, organismo que organiza y dirige el proceso electoral. Las elecciones generales se realizarán en noviembre y la campaña política empezará en abril. Entre las principales violaciones a la libertad de prensa, se encontraron: El Congreso Nacional de la República de Honduras aprobó, el 19 de enero, una moción para instruir a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, y al Tribunal Supremo Electoral, TSE, para que propicien cadenas nacionales gratuitas de radio y televisión, a fin de que los movimientos o corrientes de los partidos políticos en general puedan promocionar, a través de los mismos, a sus candidatos a cargos de elección popular. El presidente del Congreso, Porfirio Lobo Sosa, hizo uso de las cadenas radiales en su calidad presidente del Congreso Nacional, pero los espacios tenían un contenido netamente político. El Congreso Nacional envió entre el 10 y el 17 de febrero campos pagados en los que se prohibía la publicación de encuestas el día de las elecciones primarias -el 20 de febrero-, o resultados “a boca de urna”, prejuzgando que los medios podían tergiversar resultados y con ello orientar a los votantes hacia determinada corriente. El mensaje fue firmado por el presidente del Congreso Nacional y contenía una nota amenazante contra ejecutivos y los propios medios, conminándolos a publicar lo solicitado. El 6 de enero el periodista Frank Mejía fue detenido, golpeado y encarcelado por la policía municipal y preventiva, por protestar públicamente por el corte de varios árboles del Parque Central. También en enero, en el departamento de La Paz, fue acusado ante los tribunales por el delito de “obstruir la justicia”, el periodista Carlos Galeas, director de los noticiarios de radio San Miguel, en Marcala. Referente a los asuntos legales, se mantiene una demanda contra el periodista Arnulfo Aguilar, de diario La Prensa, por un trabajo contra la ex magistrada Telma de Zerón. Se teme que en el caso haya una sentencia condenatoria contra el comunicador social. Se mantiene
una demanda contra el periodista Serapio Umanzor (que laboraba en La Prensa),
por trabajos periodistas que involucran al diputado Francisco Herrera Donnineli.
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