58 Asamblea General Lima, Octubre 26-29, Perú

MEXICO

En este período se ha registrado una disminución en el número de atentados contra la libertad de expresión, aunque se produjeron denuncias diversas en materia de boicots publicitarios, amenazas, acciones judiciales o penales -mediante arrestos por varias horas- en perjuicio de periodistas bajo cargos de difamación.
Persiste un clima hostil contra los periodistas que ejercen su función en zonas con alta presencia del crimen organizado, en particular el tráfico de drogas.
Debido a este clima, la SIP y los diarios mexicanos El Universal y Frontera realizaron una conferencia en Tijuana en agosto pasado (Narcotráfico: Periodistas Bajo Riesgo) desde donde se lanzó un fuerte mensaje de repudio a los crímenes contra periodistas.
En una carta enviada desde la conferencia al presidente Vicente Fox se reiteró la demanda de que el asesinato de un periodista, por tratarse de un crimen dirigido a coartar derechos y libertades básicas de la sociedad, sea considerado un delito de jurisdicción federal.
Tras reuniones de esta vicepresidencia con diversas autoridades gubernamentales, se logró que la Procuraduría Federal atrajera bajo su control, como se lo permite la ley bajo ciertas condiciones, las investigaciones sobre el asesinato del periodista José Luis Ortega Mata, ocurrido el 19 de febrero del 2001, en la población fronteriza de Ojinaga, Chihuahua, y que permanece aún en la impunidad.
Asimismo, en la Secretaría de Gobernación, equivalente al Ministerio del Interior, se estableció una mesa de trabajo para analizar el punto en el que se encuentran las indagaciones sobre otros casos de atentados contra periodistas. Esta mesa, que reúne a organismos de derechos humanos y a diversas agrupaciones periodísticas, estudia en este momento un total de 59 denuncias de este género. Especial atención se otorgará a los que se considera casos “históricos”, que conservan la atención de la SIP. Existen aún diversos ejemplos de investigaciones inconclusas sobre el asesinato de periodistas donde hay evidencias claras de que la muerte fue producto de la labor que desempeñaban como profesionales de la prensa. Es el caso de las indagaciones sobre la muerte de los periodistas Héctor Félix Miranda, ocurrido el 29 de abril de 1988, y de Víctor Manuel Oropeza, acaecido el 3 de julio de 1991, y el atentado a tiros contra Jesús Blancornelas, en noviembre de 1997.
Las autoridades ofrecieron emprender en las próximas semanas un estudio jurídico formal sobre las acciones que pueden definirse a fin de que la Procuraduría Federal participe en todas las indagaciones de asesinato de periodistas, apoyada en un decreto gubernamental, sin que sea preciso modificar leyes específicas o incluso la Constitución.
El 30 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia del estado de Jalisco corrigió una resolución emitida por un juez local en agosto del 2001, mediante la cual liberaba, por presunta falta de pruebas, a dos personas acusadas del asesinato del periodista estadounidense Phillip True, cuyo cadáver fue encontrado abandonado en diciembre de 1998, en una zona montañosa de Jalisco vecina al estado de Nayarit. La nueva resolución ordena el encarcelamiento de los implicados y dispone que ambos purguen una pena de prisión de 13 años. Sin embargo, debido a un recurso de amparo presentado por el abogado defensor de los dos acusados, todavía no se ha ejercido la orden de captura.
Mención especial merece también la aprobación unánime, por parte del Congreso mexicano, el 30 de abril último, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que coronó una serie de trabajos y gestiones que cobraron fuerza en febrero del 2001, cuando bajo los auspicios de la SIP, fue desarrollado en la ciudad de México un seminario sobre el tema de la transparencia cuyo eje principal fue subrayar la necesidad de que México contara con una ley de este tipo. La nueva legislación fue firmada por el presidente Vicente Fox, el 3 de junio, y el día siguiente entró en vigencia. La ley establece un plazo de hasta un año para que todas sus previsiones en la materia sean aplicables.
El 30 de septiembre, el general Francisco Arellano Noblecía ofreció disculpas a El Imparcial de Hermosillo. Tiempo atrás, Noblecía había demandado penalmente al diario y a sus directivos.
El 11 de marzo, la periodista María Esther Martínez, del diario La Unión de Morelos, que se publica en el estado central de Morelos, fue arrestada bajo cargo de difamación, por órdenes del fiscal estatal (procurador de Justicia), luego de publicar críticas contra el funcionario y contra el cuerpo de policía que depende de éste. Tras ser interrogada durante varias horas, la reportera fue dejada en libertad.
El 1º de abril fue detenida brevemente la periodista Raquel Urbán Hernández, del semanario Reporteros Informando, que circula en el municipio metropolitano de Ecatepec, Estado de México. Urbán Hernández fue acusada de difamación por un diputado local luego de que publicó que el legislador estaba acusado de violación de una menor. Tras su arresto, la reportera fue dejada en libertad bajo fianza.
El 3 de abril, individuos no identificados dispararon al aire frente a las oficinas del semanario Páginas, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y amenazaron al personal. Directivos de la publicación aseguran que se trató de una intimidación de autoridades estatales por el tono crítico de esa revista. En ese mismo estado, en la población de San Cristóbal de las Casas, fue golpeado por policías estatales el periodista Fredy Martín López, corresponsal de El Universal y de la agencia italiana ANSA, a quien despojaron de su equipo fotográfico.
También en Chiapas, el periodista Conrado de la Cruz, propietario del diario Cuarto Poder, denunció una campaña de hostigamiento contra su periódico, la que ha incluido insultos de funcionarios estatales, captación de reporteros para desertar del periódico a cambio de puestos oficiales y la cancelación de pautas oficiales de publicidad. Responsabiliza de estos hechos al gobernador del estado, Pablo Salazar Mendiguchía.
El 8 de mayo, el director del diario Reforma, Alejandro Junco, fue citado por el Ministerio Público para atender una denuncia por difamación en su contra, iniciada por un diputado local en el central Estado de México, al que la corresponsal del diario acusó de recibir bonos extraordinarios por parte del Congreso estatal.
El 18 de octubre, José Santiago Healy, presidente y director general de Crónica de Mexicali -integrante de la cadena Periódicos Healy- denunció un boicot publicitario por parte del gobierno estatal, que encabeza el gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy Walther, como respuesta a varias denuncias de corrupción que involucran directamente al gobernador y a varios de sus colaboradores.
El 19 de octubre se denunció que el gobierno del estado de Chihuahua, a cargo de Patricio Martínez, alentó una denuncia penal contra periodistas del diario Norte de Ciudad Juárez, por el cargo de difamación, después de que ese periódico publicara que la administración estatal adquirió de manera ilegal diversos terrenos para beneficio de empresas particulares.