60 Asamblea General de la SIP . Antigua, Guatemala, 22 - 26 de octubre 2004

MÉXICO

En el período se produjeron atentados contra periodistas cuya gravedad representa una regresión en el respeto a las libertades de prensa y expresión en el país.

Son en particular condenables los asesinatos de los periodistas Roberto Javier Mora García, director editorial de El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, muerto a puñaladas el pasado 19 de marzo; de Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta de Tijuana, Baja California, acribillado en su automóvil el 22 de junio, y de Francisco Arratia Saldierna, columnista de diversos diarios también en Tamaulipas, torturado y muerto el 1º de septiembre.

La SIP pidió al presidente Vicente Fox su intervención para esclarecer estos y otros casos de periodistas muertos en la frontera norte mexicana, que suman 13 en los últimos 10 años. La mayor parte de estos casos sigue impune.

El caso de Francisco Ortiz Franco presenta aspectos de singular gravedad. En la reunión de medio año en Los Cabos, México, la SIP y los gobiernos mexicano y del estado de Baja California, formalizaron un acuerdo para la revisión de dos casos de crímenes impunes contra periodistas: el de Héctor Félix Miranda, muerto en abril de 1988, y el de Víctor Manuel Oropeza, asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en julio de 1991.

Al amparo de este acuerdo, el 23 de abril un grupo de trabajo formado por la SIP y los gobiernos de México y de Baja California se reunió en Tijuana, para iniciar la revisión del expediente de Félix Miranda. En este caso hay dos personas purgando una pena como autores materiales, pero la SIP insiste en que hay evidencias de una autoría intelectual.

En su calidad de periodista, editor y abogado, conocedor del caso en cuestión, Ortiz Franco fue propuesto por el director del semanario Zeta, Jesús Blancornelas, para sumarse a este grupo de trabajo, labor que inició el 13 de mayo en las oficinas del fiscal estatal, tras lo cual emitió un informe a la SIP con posibles líneas que podrían permitir la reapertura de las investigaciones judiciales.
Ante un persistente reclamo de la SIP, el gobierno mexicano determinó atraer al ámbito federal las indagaciones del asesinato de Ortiz Franco.

Un primer informe del propio gobierno al respecto, ubicó a la banda de narcotraficantes Arellano Félix como los autores del atentado contra Ortiz Franco. A ello siguió el arresto de cinco personas presuntamente implicadas en el atentado, entre ellas el ex policía Alejandro Manuel Gómez Ruvalcaba, quien declaró que la ejecución de Ortiz Franco fue ordenada por un jefe de pistoleros apodado “El Cris”, porque Ortiz Franco reveló la identidad de presuntos criminales que forman parte de la banda de los Arellano Félix.
La madrugada del 19 de marzo el periodista Roberto Javier Mora García fue interceptado fuera de su hogar en Nuevo Laredo, y apuñalado repetidamente hasta causarle la muerte.

Las autoridades estatales culparon de los hechos a una pareja homosexual que habitaba en el mismo edificio de departamentos que el periodista victimado, pero con los que éste no tenía nexo alguno.

Ambos implicados fueron recluidos en un penal local, donde el presunto asesino material, Mario Medina, de origen estadounidense, fue muerto a puñaladas el 13 de mayo, durante una supuesta riña con otros reos. Funcionarios estadounidenses presentaron una nota de protesta por considerar que su compatriota fue objeto de torturas para extraerle la confesión de culpabilidad. Periodistas de Tamaulipas desarrollan una serie de actividades para protestar por lo que consideran una investigación policíaca manipulada.

En la madrugada del 31 de agosto, fue arrojado frente al hospital de la Cruz Roja en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, el cuerpo moribundo del periodista Francisco Arratia Saldierna, quien falleció en ese nosocomio durante las primeras horas del 1º de septiembre, como consecuencia de heridas sufridas durante su secuestro y tortura, según informaron autoridades estatales. Arratia era autor de la columna “Portavoz” que se publicaba en Internet y en diversos diarios de la región. Adicionalmente, poseía un establecimiento de venta de vehículos usados.

La Procuraduría General de la República atrajo también este caso, y el 12 de octubre informó haber consignado ante un juez federal a Raúl Castelán Cruz, quien confesó haber intervenido en el secuestro y tortura que causó la muerte de Arratia. Castelán Cruz fue identificado como pistolero del cártel regional de narcotraficantes conocido como del Golfo. No ha sido determinado el móvil preciso del atentado ni sus posibles autores intelectuales.

Los atentados contra estos periodistas han despertado una importante movilización del gremio en México. Periodistas de 19 estados enviaron el 6 de septiembre una carta de protesta al gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a quien exigieron un mayor compromiso en el esclarecimiento de los hechos referidos y en otros que permanecen impunes. El 11 de octubre, periodistas realizaron movilizaciones simultáneas en diversas partes del país, con el apoyo de colegas de estados fronterizos en Estados Unidos.

Existe una iniciativa de ley enviada por el gobierno mexicano al Congreso federal, para permitir que la Procuraduría General de la República asuma la investigación de todos aquellos casos que representen violaciones graves a los derechos humanos o a las libertades individuales, lo que incluirá el asesinato de periodistas, cuando existan elementos para suponer que han sido un resultado de su tarea profesional. Esta propuesta de reforma legislativa corona una serie de gestiones emprendidas por la SIP durante muchos años en contra de la impunidad.

Sigue también pendiente de aprobación por parte de legisladores de la ciudad de México, una iniciativa de ley enviada por el gobierno local para retirar del Código Penal local los delitos de difamación y calumnias en contra de periodistas, y trasladar el manejo de denuncias de esta naturaleza al campo civil, como también ha reclamado la SIP.

Desgraciadamente, otras entidades del país, como Chiapas y Aguascalientes, han rehusado derogar reformas impulsadas en meses pasados en su legislación penal, que la hacen lesiva para el ejercicio periodístico.

El Senado mexicano suspendió los trabajos que desarrollaba en torno a la discusión de una iniciativa de ley para establecer el secreto profesional del periodista. A ello se han contrapuesto diversas iniciativas estatales que han promovido nuevas leyes de protección al secreto profesional del periodista, como ocurre en los casos de los estados de Morelos y Sinaloa.

En materia de leyes de acceso a la información pública el principal rezago en este momento, es la renuencia de los poderes Legislativo y Judicial para garantizar una mayor apertura, así como la falta de leyes de acceso eficaces en cerca de la mitad de los estados del país.

Estos son los casos más relevantes de agresiones registradas en contra de las libertades.

El pasado 26 de abril, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco emitió una resolución sobre el asesinato del periodista norteamericano Phillip True, ocurrido en diciembre de 1988. El Tribunal dictó una condena de 20 años de prisión contra los indígenas Juan Chivarra y Miguel Hernández por este crimen. Ambos habían sido detenidos el 26 de diciembre de 1988 por esos hechos, pero en agosto de 2001 fueron absueltos y dejados en libertad. Esto fue impugnado por los abogados que representan a la familia True, lo que atrajo la intervención del Tribunal estatal. Pese a la sentencia de este último, determinada hace más de cinco meses, tras lo cual se giró una orden de reaprehensión contra Chivarra y Hernández, éstos aún no han sido detenidos.

La familia del periodista Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista Mundo Político de Acapulco, Guerrero, denunció el 23 de mayo su desaparición. El 9 de septiembre, autoridades policíacas informaron de que encontraron un cuerpo calcinado que dijeron era el de Aguilera, y detuvieron a tres presuntos responsables que confesaron haber cometido el crimen por la disputa de un terreno, pero luego lo negaron ante un Juez. Sin embargo, la hermana de Aguilera, Ernestina Aguilera Lucas, niega que los restos correspondan a los de su familiar y mantiene un reclamo a favor de que sea encontrado vivo. A la fecha los restos no han sido identificados científicamente.

Directivos del diario Frontera, de Tijuana, Baja California, denunciaron en septiembre que los días 9 y 11 de ese mes, personas desconocidas causaron daños a la puerta principal y a dos ventanas del inmueble, al parecer con disparos de armas de fuego. Ello se suma a hechos ocurridos el 7 de junio anterior, cuando desconocidos abandonaron un vehículo con 800 kilos de mariguana en el estacionamiento del periódico. El 21 de septiembre, la SIP emitió un comunicado deplorando estos hechos.

El periódico La Crónica de Hoy de la ciudad de México, informó el 6 de octubre de que su sitio en Internet fue objeto de un ataque cibernético que logró deshabilitarlo temporalmente. Aseguró que ello ocurrió luego de que publicó noticias adversas al jefe de Gobierno de la ciudad, Andrés Manuel López Obrador. Directivos del diario anunciaron que presentarían una demanda penal contra quien resulte responsable.

Directivos del diario Cuarto Poder, de Chiapas, denunciaron que el gobierno del estado que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía, mantiene una campaña de hostigamiento contra ese periódico, lo que ha incluido procesos judiciales que amenazan con incautar las instalaciones en donde se produce el rotativo. En ese estado han continuado las denuncias de periodistas por la reciente modificación de leyes para agravar las penas por el delito de difamación.

El 4 de octubre, el señor Felipe Sánchez Jiménez, corresponsal del diario capitalino Excélsior en la ciudad de Oaxaca, y columnista político en el diario local El Imparcial, denunció a la SIP que un negocio suyo mediante el cual distribuye diarios nacionales, está siendo acosado por competidores, alentados por grupos políticos presuntamente afectados por su trabajo informativo, de acuerdo con la denuncia.