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Políticos y gobernantes, subordinados en ocasiones al poder económico, protagonizaron graves ataques contra periodistas. Los editores mexicanos han avanzado en la unidad del gremio, lo que permite definir acciones para crear un frente común contra las agresiones. Los hechos más destacados del período son los siguientes: El pasado 6 de febrero, un grupo armado tomó por asalto las instalaciones del periódico El Mañana de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, una de las zonas más afectadas en el país por el crimen organizado. En su incursión, el grupo disparó ráfagas de metralleta y arrojó una granada de fragmentación en lo que pareció ser un acto extremo de intimidación, pues no se atacó directamente a periodistas o empleados. Varios tiros atravesaron un muro falso y alcanzaron por la espalda al periodista Jaime Orozco Tey, quien sufrió lesiones que hasta hoy le impiden caminar. El Mañana se había distinguido por su cobertura sobre la violencia que afecta a su comunidad. Los días 26 y 27 de enero fue anfitrión de un seminario auspiciado por la SIP y los periódicos El Universal de la ciudad de México y El Imparcial de Hermosillo. Este seminario, al que acudieron más de 150 periodistas de la zona fronteriza, de Estados Unidos y otros países, estuvo orientado a elevar los estándares técnicos, materiales y éticos en la cobertura de asuntos de alto riesgo, especialmente el narcotráfico. Autoridades de El Mañana dijeron desconocer el origen del atentado, pero anunciaron una nueva política editorial que evitará la publicación de informaciones sobre el crimen organizado. Con ello se sumaron a decenas de periódicos, revistas y programas de radio y televisión que en la zona fronteriza han sido amordazadas por el temor. Unas horas después de los hechos, la SIP condenó el hecho en un comunicado en el que exigió de la autoridad federal investigar directamente el ataque. Un desplegado periodístico sumó las firmas de casi medio centenar de casas editoriales bajo el reclamo denominado “No a la violencia, no al silencio”. Constituyó la postura más firme y más amplia emprendida por la prensa mexicana en las últimas décadas. En ese mismo desplegado se informó de un acuerdo del seminario de Nuevo Laredo, para emprender el “Proyecto Fénix”, que reunirá a periodistas de diversas casas editoriales a fin de profundizar en las investigaciones que llevaban a cabo compañeros asesinados. El resultado de estas nuevas indagaciones será publicado simultáneamente en decenas de periódicos del país que se han sumado a este proyecto. Frente a estos reclamos, el gobierno federal tomó a su cargo las investigaciones, pero sin resultados concretos hasta ahora. El 9 de marzo el periodista Jaime Arturo Olvera Bravo fue ejecutado cuando caminaba de la mano de su pequeño hijo rumbo a una terminal de autobuses, en la población de La Piedad, en el estado central de Michoacán. Un desconocido que según testimonios lo esperaba desde una hora antes, le disparó a la cabeza y huyó en un vehículo donde lo aguardaban con el motor puesto en marcha. Olvera Bravo, reportero de temas policíacos, había sido corresponsal del diario estatal La Voz, y seguía colaborando en diversas publicaciones. Las autoridades no han presentado un informe concluyente sobre este caso. Un día después, el 10 de marzo, el periodista radiofónico Ramiro Téllez Contereras fue tiroteado por un grupo de desconocidos y murió. Téllez Contreras era conductor de un programa informativo y jefe del centro de comunicación, cómputo y control de la policía local. El noticiero era ´´Impacto en la Noticia´´, de la estación EXA, y además secretario de la Unión de Periodistas Democráticos. Tampoco se ha aclarado ni los móviles ni quiénes fueron los autores del homicidio. Bajo cargos de difamación, el 16 de diciembre fue detenida en Cancún, Quintana Roo, la periodista y activista social Lydia Cacho Ribeiro, colaboradora de varias publicaciones y autora del libro Los demonios del edén, en el que revela los nexos de varios empresarios y políticos con la pederastía y en especial con Jean Surcar Kuri, quien por estos hechos se halla detenido en Estados Unidos, con una demanda de extradición. La periodista fue sometida a diversas vejaciones ante la demanda presentada por el empresario Kamel Nacif Borge, a quien se alude en el citado libro. La justicia de Puebla transfirió el caso a un juez de Cancún, donde hasta hoy sigue el proceso en su contra. En días recientes se difundieron grabaciones telefónicas según las cuales todo se debió a una conspiración para proteger al presunto pederasta, en la que participaron el denunciante, Kamel Nacif, y el propio gobernador de Puebla, Mario Marín. Ante el reclamo de la opinión pública y de organizaciones como la SIP, el gobierno mexicano ordenó la creación de una fiscalía especial para esclarecer los crímenes contra periodistas. El nuevo fiscal especial, David Vega Vera, tiene el tiempo en contra, pues la actual administración terminará en diciembre próximo. En los primeros 5 años del actual gobierno hay registradas 208 agresiones contra periodistas, casi 60 por ciento más que en el mismo periodo anterior. El citado fiscal coordinará las indagaciones que han sido atraídas por la autoridad federal, que incluye cuatro casos, los correspondientes a Francisco Ortiz Franco, Guadalupe García Escamilla, Raúl Gibb Guerrero y Alfredo Jiménez Mota. El gobierno del estado de Chiapas, que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía, envió al Congreso local el pasado día 10 de marzo, una propuesta para derogar las reformas penales en materia de difamación cuyo agravamiento había promovido la propia administración estatal desde febrero de 2004. Todavía el pasado febrero el periodista mexicano Ángel Mario Kshersatto fue encarcelado brevemente por una denuncia de esta naturaleza, y liberado bajo fianza. En las reformas enviadas al legislativo de Chiapas se incluyen previsiones para respetar el secreto profesional de periodistas. Otro conflicto sobre el
cual la SIP se ha manifestado reiteradamente atañe al diario Noticias
de Oaxaca, afectado durante siete meses por un paro laboral que los editores
del periódico denunciaron era inducida por el gobierno estatal. El pasado
11 de marzo se informó que un juez ordenó e levantamiento de esta
huelga y la devolución de las instalaciones.
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