60 Asamblea General de la SIP . Antigua, Guatemala, 22 - 26 de octubre 2004

NICARAGUA

La libertad de prensa en este período se vio afectada por los nuevos intentos de poner en funcionamiento la colegiación obligatoria de periodistas y por un fallo controversial sobre el asesinato contra un periodista.

El 19 de abril, la jueza del Octavo Distrito Penal, Rafaela Urroz, condenó a William Hurtado García a 21 años de prisión por el asesinato del periodista radial Carlos Guadamuz y tentativa de homicidio contra Selim Guadamuz, hijo del periodista. Tanto la familia de Hurtado como la de Guadamuz se mostraron inconformes y apelaron la sentencia. La jueza justificó la imposición de una pena menor a Hurtado expresando que el único delito que merece la pena máxima de 30 años es “el asesinato atroz”. El Fiscal aseguró que el caso no sería cerrado pero hasta la fecha el o los autores intelectuales siguen en el anonimato y el misterio.

El 13 de mayo la misma jueza Rafaela Urroz dictó sentencia de no culpabilidad para Yadira Margarita Membreño y Luis Alfredo García, quienes eran acusados de cómplices y cooperador en el asesinato de Guadamuz. La idoneidad de la jueza Urroz fue objetada por la familia Guadamuz, alegando que el marido de la funcionaria judicial, el abogado Ramón Rojas, fue defensor de Daniel Ortega en el caso de la acusación de su hijastra Zoilamérica Narváez por supuestas violaciones sexuales cuando era una niña.

Luis Alfredo García, dueño de la pistola con la que asesinaron a Guadamuz, alegó que el arma se le perdió y sólo aceptó haber cometido dos errores: uno, no registrar legalmente la pistola, cuando la compró; y dos, no reportar la pérdida del arma. También negó haberse encontrado con el asesino en un bar, donde según un testigo se reunió con el asesino.

El recurso por inconstitucionalidad interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley No. 372, (Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua), sigue sin resolverse. Pero las dos asociaciones de periodistas se han puesto de acuerdo para convocar en noviembre al congreso constitutivo del Colegio, como lo manda el artículo 40 de la mencionada Ley.

Si el Colegio de Periodistas se constituye sin que la Corte resuelva el recurso de inconstitucionalidad, sólo los que tengan credencial de esa entidad paraestatal podrán ejercer el periodismo. El Colegio determinará mediante reglamento quiénes deben desempeñar los cargos directivos en las empresas o medios de comunicación privados o estatales. Quienes infrinjan esas disposiciones serán encarcelados de acuerdo con lo que establece un reglamento de Policía del siglo XIX, ya obsoleto, pero que la Ley 372 revive sólo para estos efectos. La creación del Colegio viola la Constitución de Nicaragua, las convenciones internacionales de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la CIDH sobre la materia y la Declaración de Chapultepec.

Desde las últimas semanas se discute una iniciativa legislativa de las bancadas parlamentarias de los partidos mayoritarios, liberal y sandinista, para crear una Superintendencia General de Servicios Públicos que unificaría los entes reguladores de servicios eléctricos, telecomunicaciones y agua potable, y sus titulares (superintendente y vicesuperintendente) serían nombrados por la Asamblea Nacional.

El Gobierno interpreta esta iniciativa como un intento de los partidos liberal y sandinista de seguir restándole atribuciones al Poder Ejecutivo, y someter los servicios públicos al control partidista. Según el mismo Gobierno, esto significa una grave amenaza contra el derecho a la libertad de expresión, debido a que dicha Superintendencia estaría a cargo de las concesiones y renovaciones de las frecuencias de radio y televisión, que ahora están bajo la normativa del ente estatal Telcor (Telecomunicaciones y Correo), cuyos titulares son nombrados por el Presidente de la República. Por su parte los diputados liberales y sandinistas han negado que sea esa su intención y alegan que el interés es unificar y racionalizar el sistema de control de los servicios públicos.

El 13 de agosto, el diario La Prensa publicó un artículo en el que se anunció que la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic) presentaría un informe detallando serias acusaciones contra el Juez Suplente del Quinto Distrito del Crimen, Carlos Mario Peña, y que solicitarían a la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Corte Plena, que revisaran su actuación.

El 21 de agosto, Ajumanic confirmó públicamente la decisión que La Prensa había informado ocho días antes, y ese mismo día el juez Peña amenazó verbalmente a la periodista Mirna Velásquez quien redactó la información, dejando al descubierto que la estaba investigando al margen de la ley, lo que fue denunciado ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Policía Nacional. El 27 de agosto, el Tribunal de Apelaciones de Managua admitió un Recurso de Amparo a favor de la periodista y su familia.

El 7 de septiembre la Corte Suprema de Justicia informó mediante comunicado que catorce de los 16 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron cancelar el nombramiento del abogado Carlos Mario Peña, como Juez Suplente del Distrito Quinto del Crimen de Managua, quien fue demovido del cargo de defensor público en el Departamento de Granada. La denuncia de la periodista Velásquez permanece radicada en el Juzgado.

El 4 de mayo cuatro agentes de la Policía fueron atrozmente asesinados dentro de su propia estación policial de Bluefields, en la Costa Atlántica nicaragüense. Debido a las investigaciones periodísticas de este crimen que aún no ha sido esclarecido, el corresponsal de La Prensa en aquella ciudad, Sergio León, fue amenazado por el subcomisionado de la Policía Nacional, Kent Hooker, cuando ambos se encontraron en un establecimiento público, en Managua. La amenaza fue denunciada ante la Inspectora General de la Policía, comisionada Aminta Granero.

Las amenazas se deben a que Sergio León informó basándose en fuentes vinculadas a la misma Policía, que pidieron mantener su identidad en reserva, que el asesinato de los cuatro policías estaría vinculado con un escándalo por participación en el tráfico de drogas de varios jefes regionales del cuerpo policial, los que fueron absueltos sin ninguna explicación convincente.

Posteriormente, el 16 de agosto personas desconocidas se introdujeron en la vivienda de Sergio León y trataron de entrar violentamente en la habitación donde dormía. Los intrusos huyeron cuando Sergio León disparó al aire su arma de defensa personal. Ese mismo día, en la calle, agentes de inteligencia policial señalaron al periodista en forma que éste consideró intimidatoria. Esta situación fue denunciada ante el Ministerio de Gobernación, pero hasta allí llegó el asunto.