NICARAGUA
Informe ante la 62ª Asamblea General
Ciudad de México, México
29 de Septiembre - 3 de Octubre, 2006

En este período no se registraron graves violaciones a la libertad de prensa. La Corte Suprema de Justicia aún no ha fallado varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la ley creadora del Colegio de Periodistas. El Colegio de periodistas se encuentra inoperante debido principalmente a las diferencias internas entre sus miembros.

La Ley de Acceso a la Información Pública, proyecto que se viene discutiendo desde hace varios años, ya fue dictaminado favorablemente por una comisión parlamentaria y ahora se encuentra pendiente de que las bancadas mayoritarias en la Asamblea Nacional y la Junta Directiva de la misma, decidan incluirla en la agenda de la sesión plenaria del Poder Legislativo, lo cual se ha ido posponiendo indefinidamente.

Respecto al dictamen parlamentario favorable, representantes de los organismos que han cabildeado a favor de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, como la Fundación Violeta Chamorro de Nicaragua y el Centro Carter de Estados Unidos, lo han calificado como positivo.

A mediados de junio, la jueza segundo Penal de Juicio, Adela Cardoza, confirmó la sentencia de no culpabilidad que el 26 de abril de este año, la jueza segundo Local Penal, María José Morales, dictó a favor de los periodistas Heberto Rodríguez y Oliver Bodán, y el fotógrafo Darling Moisés López.
Los periodistas y el reportero gráfico fueron querellados por la presunta autoría de injurias en perjuicio de Oscar José Salgado y Goretty González Filipone, funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quienes alegaban sentirse agraviados por la publicación de un artículo en que se denunció que la casa de protocolo de la institución se usaba para “cosas personales”, situación que aducen, les ocasionó problemas familiares y laborales.

Ambas juezas determinaron que los periodistas no cometieron delito de injurias, porque no hubo dolo ni imputación directa en su carácter personal contra los funcionarios.

Las reformas constitucionales que se estaban gestando para eliminar algunas exoneraciones para los medios de comunicación no prosperaron en su totalidad, debido en gran parte a la enorme oposición y gestiones de una Comisión de la SIP que visitó Nicaragua.

Al texto se le agregó una cola que decía: “las exoneraciones que menciona este artículo serán reguladas por la ley”. Posteriormente se hizo un arreglo con la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional para puntualizar los materiales que serían exonerados, pero la ley aún no se aprueba. Mientras tanto no se están cobrando los impuestos, pero con el inconveniente de que esto no está respaldado por la ley.