PANAMA

Aunque se han hecho muchas promesas gubernamentales para derogar la legislación restrictiva de las libertades de prensa y expresión, nada concreto se ha logrado todavía. Las dos comisiones nombradas hace casi dos años para proponer los anteproyectos de ley sobre ejercicio del periodismo y las responsabilidades penales y civiles a que hubiese lugar, no lograron obtener siquiera el mínimo consenso para redactar los anteproyectos. Sencillamente, las posiciones de los funcionarios gubernamentales y de la mayoría de los representantes de los medios de información que participaron en las comisiones eran irreconciliables.
Sin embargo, en la asamblea legislativa se presentaron distintos proyectos de ley sobre el ejercicio del periodismo que son tanto o más restrictivos que la legislación existente. Otro tanto ocurrió con un proyecto sobre el derecho de réplica. Afortunadamente, ninguno de esos proyectos fue discutido en los tres debates que requiere la Constitución y, como no fueron aprobados en la legislatura en la que fueron propuestos, no podrán ser discutidos en la actual, a menos que sean presentados nuevamente.
Continúa el hostigamiento oficial de los periodistas. Proliferan las demandas penales y civiles contra los periodistas considerados como adversarios por funcionarios públicos, lo que sirve de pretexto al ministerio público y las autoridades judiciales para frecuentes citaciones, declaraciones, indagatorias u otras diligencias judiciales absolutamente impertinentes. Un caso que tuvo cierta resonancia fue el de La Cáscara News, una publicación esporádica y de escasa circulación en cuya portada apareció un grotesco fotomontaje en el cual las caras de la Presidenta de la República y de un ministro de estado se montaron sobre cuerpos desnudos, en posición muy íntima. Las autoridades reaccionaron inmediata y abusivamente. Los responsables de la publicación fueron detenidos sin respeto alguno a las normas del debido proceso legal, lo que afortunadamente fue enmendado por la Corte Suprema de Justicia, al declarar ilegal la detención.
Transparencia Internacional-Panamá ha preparado un proyecto de ley sobre libre acceso a la información pública, en torno al cual aparentemente hay consenso entre legisladores oficiales y de oposición y es posible que sea aprobado a corto plazo, para eliminar los muchos obstáculos sobre el acceso a la información en casi cada asunto de interés público.
Por último, el caso contra José Otero, periodista del diario La Prensa que fue procesado por publicar el nombre de un investigador por supuesta falsificación de diploma, ha quedado sin efecto porque fue beneficiado por un indulto presidencial. El periodista se limitó a publicar el nombre que le fue proporcionado por el fiscal a cargo de la investigación.