60 Asamblea General de la SIP . Antigua, Guatemala, 22 - 26 de octubre 2004

PANAMA

Desde la última reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Los Cabos, México, los hechos más importantes en cuanto a la libertad de expresión y el derecho de libre acceso a la información pública son los siguientes:

En cumplimiento de una promesa electoral, el actual gobierno derogó la reglamentación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que en realidad la eliminaba por completo. Éste es un avance muy significativo del cual obtendrán provecho todos los medios de comunicación social y periodistas que hagan uso de los derechos que la ley establece; entre ellos, la interposición de recurso de Habeas Data en aquellos casos en que los funcionarios nieguen la información solicitada sin ningún fundamento legal o constitucional.

Por lo demás, el actual gobierno ha prometido, igual que los anteriores desde 1989, eliminar todas las disposiciones legales que son restrictivas a la libertad de prensa que aún continúan afectándola gravemente, restringiendo el derecho a la información pública, tal como hemos informado en las reuniones anteriores de la SIP. Lo ocurrido se debe al hecho de que ha faltado voluntad política para cumplir con lo prometido.

Recientemente se han presentado ante la Asamblea Legislativa diversos proyectos de ley con la intención expresa de derogar disposiciones legales que podrían considerarse como restrictivas a las libertades de prensa y expresión.

Uno de esos proyectos, sin atender su propósito declarado, se dirige básicamente a elaborar un régimen laboral aplicable a los periodistas de la prensa escrita y a los locutores radiales y de televisión.

Otro, de mayor sustancia, pretende la derogatoria de las leyes contra el honor, que son básicamente la calumnia y la injuria, es decir, la despenaliza y la traslada al ámbito civil, reglamenta la publicidad oficial para impedir que se utilice para favorecer o perjudicar a los medios de comunicación, regula el derecho de réplica y deroga el llamado “desacato”. En cuanto al desacato, es necesario aclarar que, en Panamá, en sentido estricto de derecho, desacato es la desobediencia reiterada de cumplir con un mandato judicial de hacer o no hacer determinada cosa; sin embargo, por la redacción de la parte pertinente del proyecto, realmente lo que se pretende es eliminar las disposiciones del Código Judicial que permiten a ciertos funcionarios la imposición de sanciones sin juicio previo.

Finalmente, hay otro proyecto que ha sido infructuosamente propuesto en varias legislativas, en el que se establece un régimen de idoneidades para los periodistas y otras personas que trabajan en medios de comunicación social, y esperamos que tampoco en esta ocasión sea aprobado.