62ª
Asamblea General
Sociedad Interamericana de Prensa
Ciudad de México,
29 de septiembre al 3 de octubre del 2006
Hotel Camino Real
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PANAMÁ
Informe ante la 62ª Asamblea General
Ciudad de México, México
29 de Septiembre - 3 de Octubre, 2006
Este período se caracterizó por la discusión sobre la reforma
al Código Penal en lo concerniente a la despenalización de los
delitos de difamación.
La Comisión codificadora
del Órgano Ejecutivo que en junio presentó un borrador de anteproyecto
de revisión integral del Código penal panameño acaba de
presentar, en los últimos días, su Anteproyecto para un nuevo
Código Penal.
Según informaciones,
mientras las penas de los crímenes de calumnia e injuria se mantienen
igual, la Comisión redactora ha adoptado un lenguaje que llevaría
a la Asamblea Legislativa un proyecto que despenalizaría los delitos
contra el honor cuando los supuestos ofendidos sean servidores públicos
o particulares que se hayan involucrado en asuntos de interés público.
Estos puntos, además
de recoger las recomendaciones del Sistema Interamericano de Protección
de Derechos Humanos, hacen eco de las recomendaciones del taller y conferencia
para abogados y legisladores sobre leyes de libertad de prensa en Panamá,
realizado en febrero del 2006. Nos mantendremos vigilantes durante el transcurso
legislativo de dicha re-codificación e instaremos al Ejecutivo a respaldar
las disposiciones en el debate legislativo.
El 23 de marzo de este año
comenzó a funcionar el Comité de Ética del Consejo Nacional
de Periodismo de Panamá, siendo el tercer órgano de autorregulación
de la actividad periodística en Latinoamérica, detrás de
Chile y Perú. El Comité recibe consultas y ofrece recomendaciones
sobre casos concretos de ejercicio periodístico.
Sigue pendiente un caso
en el que una información, que se comprobó como cierta y reportada
balanceadamente con amplio espacio para que los implicados hagan descargos y
aclaraciones, ha dado pie a que un medio quede con amenaza de secuestro y que
un periodista tenga su salario secuestrado. Como el demandante es magistrado
de la Corte Suprema, existe un riesgo real de que los defensores no cuenten
con un proceso imparcial.
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