Reunión de Medio Año





 

62ª Asamblea General
Sociedad Interamericana de Prensa
Ciudad de México,
29 de septiembre al 3 de octubre del 2006
Hotel Camino Real


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PANAMÁ
Informe ante la 62ª Asamblea General
Ciudad de México, México
29 de Septiembre - 3 de Octubre, 2006

Este período se caracterizó por la discusión sobre la reforma al Código Penal en lo concerniente a la despenalización de los delitos de difamación.

La Comisión codificadora del Órgano Ejecutivo que en junio presentó un borrador de anteproyecto de revisión integral del Código penal panameño acaba de presentar, en los últimos días, su Anteproyecto para un nuevo Código Penal.

Según informaciones, mientras las penas de los crímenes de calumnia e injuria se mantienen igual, la Comisión redactora ha adoptado un lenguaje que llevaría a la Asamblea Legislativa un proyecto que despenalizaría los delitos contra el honor cuando los supuestos ofendidos sean servidores públicos o particulares que se hayan involucrado en asuntos de interés público.

Estos puntos, además de recoger las recomendaciones del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, hacen eco de las recomendaciones del taller y conferencia para abogados y legisladores sobre leyes de libertad de prensa en Panamá, realizado en febrero del 2006. Nos mantendremos vigilantes durante el transcurso legislativo de dicha re-codificación e instaremos al Ejecutivo a respaldar las disposiciones en el debate legislativo.

El 23 de marzo de este año comenzó a funcionar el Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo de Panamá, siendo el tercer órgano de autorregulación de la actividad periodística en Latinoamérica, detrás de Chile y Perú. El Comité recibe consultas y ofrece recomendaciones sobre casos concretos de ejercicio periodístico.

Sigue pendiente un caso en el que una información, que se comprobó como cierta y reportada balanceadamente con amplio espacio para que los implicados hagan descargos y aclaraciones, ha dado pie a que un medio quede con amenaza de secuestro y que un periodista tenga su salario secuestrado. Como el demandante es magistrado de la Corte Suprema, existe un riesgo real de que los defensores no cuenten con un proceso imparcial.



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